Explosión de Alta Córdoba: la fiscalía pidió 6 años y medio de prisión para Sergio Raponi, los fundamentos de su condena
El empresario recibió la pena de ocho años de prisión por estrago doloso, pero permanece en libertad hasta que la sentencia quede firme.
La voz del interior Viernes, 13 de mayo de 2022
La Cámara en lo Criminal y Correccional de 4° Nominación de la ciudad de Córdoba dio a conocer este viernes los fundamentos de la sentencia que condenó al abogado Sergio Hilton Raponi a ocho años de prisión en la causa por la explosión en una planta química del barrio Alta Córdoba el 6 de noviembre de 2014.
El empresario fue condenado por el delito de estrago doloso doblemente calificado y permanece en libertad hasta que quede firme la resolución.
Hace un año. Tras la explosión, sólo quedó el desastre (Sergio Cejas/Archivo).
EXPLOSIÓN EN ALTA CÓRDOBA: LOS FUNDAMENTOS
El tribunal consideró acreditado que Raponi estaba al frente de la planta, pese a que en el juicio él sostuvo ser un empleado más.
También concluyó que el acusado conocía perfectamente la peligrosidad de los materiales que se manipulaban en la química.
En la instancia de juicio se probó además que desde 2008 la planta tenía un depósito clandestino en el lugar donde se produjo la explosión. Ese predio mostraba su acceso tapado cada vez que había una inspección de la Municipalidad de Córdoba.
Juicio y última palabra de Sergio Raponi por la explosion de Alta Córdoba en la cámara cuarta de Tribunales II Foto: (Pedro Castillo / La Voz)
Además, el Tribunal indicó que la parcela carecía de las medidas de seguridad requeridas por las autoridades, pese a que allí también se almacenaban productos químicos peligrosos.
También corroboró que Raponi hizo una conexión clandestina de la fábrica a las cloacas y que, por allí, se escurrían los desechos químicos.
Los empleados de Raponi apuntaron a la complicidad de los inspectores
Raponi hizo certificar normas ISO en la fábrica, pero falseando los datos, confirmó el Tribunal.
Para el Tribunal, la explosión fue la causa inmediata de la muerte de María Angelica Cueto, una mujer que vivía cerca de la química.
Además, para la mayoría del Tribunal existió dolo eventual, puesto que la prueba demuestra que Raponi se representó el resultado y lo despreció.
Juicio por la explosión de la química Raponi: el duro testimonio de un sobreviviente
También se atribuyó a Raponi la responsabilidad por los daños que ocasionó la explosión.
El Tribunal remitió a la fiscalía de Instrucción el expdiente para que se dirima la posible participación de Ismael Raponi, Nancy Silvia Raponi y Alejandra María Raponi Marón.
En cambio, no se hizo lugar a la solicitud de pasar los antecedentes en relación con los funcionarios municipales, atento que, para el tribunal, este pedido se basaba en meras sospechas sin fundamento probatorio.
En un inesperado alegato, el fiscal Raúl Gualda desvinculó la muerte de María Angélica Cueto respecto de la explosión de la química.
Miércoles, 30 de marzo de 2022 00:04 hs
En la que puede ser la última semana del juicio contra Sergio Raponi, la causa por la explosión de la química de barrio Alta Córdoba dio un giro considerable.
En su alegato final, el fiscal de Cámara, Raúl Gualda, sostuvo la figura del estrago doloso, pero eliminó un importante agravante de la acusación contra el empresario, lo que le permitió morigerar el pedido de pena.
Raponi era el dueño de la química que explotó el 6 de noviembre de 2014 en el corazón de barrio Alta Córdoba, en el norte de la capital provincial.
La tragedia dejó un saldo de una mujer muerta, un herido con secuelas graves, otros 70 lesionados de distinta consideración, 10 viviendas destruidas y casi 400 propiedades con daños de diversa magnitud.
Los empleados de Raponi apuntaron a la complicidad de los inspectores
Según el fiscal, sin embargo, la muerte de María Angélica Cueto no fue una consecuencia “inmediata” de la explosión, sino que ocurrió ocho días después. Por este motivo, para el fiscal, no se encuadraría en ese agravante.
Para Gualda, la explosión habría producido lesiones a Cueto, pero no su muerte, por lo que la escala penal aplicable no es de ocho a 20 años de prisión o reclusión, sino de tres a 15 años, a entendimiento de la fiscalía.
El juicio se lleva adelante en la Cámara 4ª del Crimen de Córdoba, integrada por los jueces María Antonia De La Rúa, Mario Capdevila y Enrique Berger (actúa como presidente).
UN ALEGATO POLÉMICO
En la apertura de la semana de alegatos, el fiscal Gualda realizó su ponderación de los hechos probados y las declaraciones recogidas durante el juicio.
Su exposición eludió definir con claridad si sostenía la figura dolosa o la reducía a culposa. Tanto es así que, según testigos presenciales, el tribunal le solicitó en varias oportunidades que especificara cuál era la figura penal en la que encuadraba el accionar del acusado. Sin embargo, por la pena solicitada por el fiscal, los abogados de la querella asumen que se sostuvo la imputación de estrago doloso.
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El fiscal también pidió que se investigue a los familiares de Raponi, señalados como copropietarios de la empresa, y que se gire al fiscal de turno los antecedentes de la intervención de los inspectores municipales para analizar la posible comisión de delitos por parte de ellos, a quienes varios testigos señalaron por no realizar las inspecciones correctamente e incluso “avisar” antes de ir al depósito.
LA QUERELLA PIDE 12 AÑOS DE PRISIÓN
Desde la etapa de instrucción, el hecho en cuestión venía encuadrado como estrago doloso agravado por la muerte de Cueto.
En su alegato, el abogado querellante Carlos Nayi rechazó la interpretación del fiscal sobre la “inmediatez” necesaria para agravar la condena.
El letrado sostuvo la imputación inicial y pidió que Raponi purgue una pena de 12 años de prisión efectiva. “La señora Cueto no murió por otras causas, sino por las lesiones que sufrió fruto del impacto del portón, que la aplastó como resultado de la onda expansiva de la explosión en el depósito clandestino del señor Raponi”, afirmó.
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Además, Nayi recordó que a sólo 250 metros del lugar de las explosiones funciona Dioxitek, una planta que suministra dióxido de uranio para las centrales nucleares.
El miércoles será el turno de los alegatos de Miguel Ortiz Pellegrini, otro de los querellantes, quien también adelantó que pedirá 12 años de prisión efectiva para el acusado.
El jueves, en tanto, será el turno de la abogada defensora, Ana Pagliano, tras lo cual los jueces podrían expresar su veredicto.
La Voz del Interior 27-3-22
El joven estuvo en coma inducido varios días y en terapia intensiva un mes y medio, tras perder una parte del cráneo en la explosión de la química de Alta Córdoba. Raponi se abstuvo de declarar.
La cuarta audiencia del juicio por la trágica explosión de la química Raponi, ocurrida en 2014 en barrio Alta Córdoba de la Capital provincial, sunmó el jueves como testimonio central el de Pablo Amaya, quien estuvo en coma inducido tras perder parte de su cráneo tras la detonación.
Pablo tenía 15 años esa noche y cursaba tercer año del secundario. Según su testimonio, esa noche miraban un partido de fútbol, cuando su hermano David les advirtió, a él y a su padre, que había un incendio en una propiedad de la manzana.
Con el pasar de los minutos –contó– se escucharon detonaciones, como de fuegos artificiales, y las llamas se hicieron más fuertes y altas. Cuando Pablo, siguiendo a su hermano, salía de su casa, se produjo la explosión. Desde entonces no recuerda nada y sus siguientes imágenes son en la terapia intensiva del hospital.
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El joven tuvo una larga recuperación. Debió recibir una prótesis para suplantar la fracción de cráneo que perdió en la explosión. Hoy su vida requiere de cuidados y privaciones que otros jóvenes de su edad no tienen, como la de jugar deportes de contacto físico como fútbol o básquet.
“Mi vida cambió completamente”, le dijo a los integrantes del tribunal.
Su padre, Julio, también tuvo la oportunidad de dirigirse a los jueces, y contó que luego de la explosión quedó sordo. La medianera que daba hacia la química “desapareció” por la voladura. Relató que salió de su casa, no se veía nada, la gente gritaba y corría. Vió un cuerpo tirado en el suelo y cuando se acercó se dio cuenta de que era su hijo Pablo, con la cara llena de sangre, casi inconsciente.
“Por momentos cerraba los ojos y se me iba, yo pensé que se moría”, expresó fuertemente emocionado.
Los médicos que atendieron a Pablo en las primeras horas les indicaron que no tuvieran esperanzas, que su cuadro era extremadamente delicado. Estuvo en coma inducido por varios días, y un mes y medio en terapia intensiva, hasta que lentamente comenzó a mejorar.
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LOS PLANTEOS DE LA DEFENSA
El martes, apenas iniciado el juicio y luego de la lectura de la acusación, la defensa realizó dos planteos: reclamó que los abogados representantes de la querella no fueran más de uno o dos (actualmente son ocho, en representación de más de 35 damnificados).
Ana Pagliano, letrada defensora de oficio del único imputado, Sergio Rapponi, también atacó la acusación, argumentando inconsistencias para sostener la figura del dolo.
En la segunda audiencia, el miércoles, el tribunal rechazó ambos planteos de la defensa. Luego de esa resolución no hubo más avances en esa jornada ya que se presentaron problemas técnicos en la comunicación con el fiscal, que participaba en forma remota y se decidió suspender la segunda audiencia.
Juicio por la explosión en Alta Córdoba. La declaración del padre de Pablo Amaya, sobreviviente. (José Gabriel Hernández / La Voz)
RAPONI SE ABSTUVO DE DECLARAR
En el comienzo de la audiencia del jueves, se tomaron los datos de Raponi, quien se abstuvo de declarar, remitiéndose a lo ya declarado en la instancia de instrucción de la causa. En aquella oportunidad había negado toda responsabilidad, afirmando que la empresa era responsabilidad de su padre y de una hermana, y declarándose inocente.
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En esa jornada, quienes tomaron la palabra fueron Norma Perdigonero, vecina de la zona que sufrió lesiones por la explosión; el bombero Fredy Ferreyra, quien destacó que cuando fueron a apagar el incendio no sabían de qué se trataba ni qué material había dentro; y el comisario Córdoba, quien era jefe de la comisaría 7 y que afirmó que nadie de la empresa se hizo presente al momento de los hechos y que nadie en ese momento sabía qué había en ese lugar.
POCA MEMORIA
Otro testimonio, este viernes, fue de un expolicía de apellido Herrera, quien fue encargado de un relevamiento de campo luego de la explosión. Interrogado por la defensa, Herrera dijo durante su declaración no recordar nada.
Desde la fiscalía y la querella se mostraron sorprendidos. Carlos Nayi, abogado querellante, pidió que se remitieran los antecedentes al fiscal correspondiente ante la eventual comisión del delito de “falso testimonio” ya que interpretó que “es delito mentir, pero también no decir lo que se sabe”.
Finalmente el tribunal resolvió citar nuevamente a Herrera para el día lunes, para aportar lo que recuerde del hecho o lo que tenga anotado, ya que el testigo sostuvo que guarda registros de sus actuaciones e investigaciones de su tiempo en la Policía.
LA EXPLOSIÓN QUE ESTREMECIÓ A CÓRDOBA
El 6 de noviembre de 2014, a las 20.30, explotó el depósito de químicos de Raponi Química SRL, ubicado en Avellaneda 2971, en pleno corazón de barrio Alta Córdoba. El estruendo se escuchó en gran parte de la ciudad y el cimbronazo tuvo un radio de kilómetros.
Como consecuencia de la onda expansiva, María Angélica Cueto (65) fue aplastada por un portón, sufrió una agonía de nueve días y, finalmente, falleció. Otras 70 personas padecieron lesiones de diversa índole, 10 casas fueron destruídas y otras 300 viviendas sufrieron daños de distinta magnitud.
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La empresa contaba con habilitación municipal y de bomberos pero, según indica la acusación, Raponi tenía un depósito oculto ubicado en la “parcela 10″ de la manzana, que no estaba declarado, donde se guardaban insumos altamente peligrosos por ser combustibles o inflamables.
Entre esos insumos, se contaban permanganato de potasio (elemento integrante de la fórmula de la pólvora), ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido acético, ácido peracético, acetato de propilo, ciclofosfamida y etanol.
CÓMO SIGUE
Se espera que las audiencias continúen hasta el 23 de marzo. El lunes próximo declarará nuevamente el expolicía Herrera, quien el viernes afirmó no recordar nada de lo que investigó con motivo de la tragedia. También darán su testimonio bomberos y damnificados convocados por la fiscalía y la querella.
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Arrancó el proceso oral contra Sergio Raponi por la deflagración en la fábrica química que manejaba en Alta Córdoba. Tensión entre las partes en la primera audiencia. Arrancan los testimonios.
En un marco de gran expectativa, comenzó en la Cámara 4ª del Crimen de Córdoba el juicio contra Sergio Raponi, el dueño de la química que explotó en Alta Córdoba en 2014 y dejó una persona muerta, 70 heridos y tres centenares de viviendas dañadas.
Raponi está acusado de “estrago doloso agravado”, y se enfrenta a una posible condena de ocho a 20 años de prisión. El veredicto se conocería el 23 del corriente.
En la primera jornada se leyó la acusación. Fue una tensa jornada donde las partes tuvieron cruces.
Para las próximas jornadas se espera el desfile como testigos de víctimas, sobrevivientes y familiares.
Todo hace presumir que será un debate judicial duro: Raponi llegó al banquillo con una grave imputación, prácticamente inédita en Córdoba.
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Restará ver si la fiscalía, a cargo de Raúl Gualda, sostiene el delito o si bien se inclina por la figura de estrago culposo (negligencia), la cual conlleva una pena menor.
Una versión daba cuenta de que el fiscal podía pedir un juicio abreviado y hasta “bajar” la acusación.
Esto, por ahora, no pasó.
Los querellantes, que representan a los damnificados, avalan la figura dolosa y hacia allí apuntalarán sus posturas en el juicio.
El 6 de noviembre de 2014, a las 20.30, un depósito de químicos ubicado en Avellaneda 2971, en pleno corazón de Alta Córdoba, explotó.
El estruendo se escuchó en gran parte de la ciudad y el cimbronazo tuvo un radio de kilómetros.
Como consecuencia de la onda expansiva, María Angélica Cueto (65) fue aplastada por un portón, agonizó nueve días y murió.
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Otro de los lesionados fue Pablo Amaya, quien estuvo internado durante semanas en terapia intensiva en el Hospital de Urgencias y quedó con secuelas definitivas.
A todo esto, hubo 70 heridos y unas 300 viviendas tuvieron daños de distinta magnitud.
La empresa contaba con habilitación municipal y de bomberos pero, según indica la acusación, Raponi tenía un depósito oculto ubicado en la “parcela 10″ que no estaba declarado, donde se guardaban insumos altamente peligrosos por ser combustibles o inflamables.
Entre esos insumos, se contaban permanganato de potasio (elemento integrante de la fórmula de la pólvora), ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido acético, ácido peracético, acetato de propilo, ciclofosfamida y etanol.
Según la fiscalía, en más de una oportunidad Raponi hizo cubrir una puerta de que comunicaba la construcción de calle Avellaneda con la parcela 10, colocando sobre la abertura los vestidores de los empleados.
TENSA AUDIENCIA
En un clima de gran expectativa social, reflejada en una amplia cobertura mediática, la primera audiencia comenzó el martes 30 minutos después de lo inicialmente establecido.
La sala estuvo casi exclusivamente ocupada por abogados, ya que además de la defensa, la fiscalía y el tribunal, son ocho los estudios jurídicos constituidos en representantes legales de los querellantes, algo que fue motivo de polémica.
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Además, en la sala también había abogados de la causa civil vinculada al mismo hecho, periodistas y, por supuesto, el acusado, quien vestía una camisa blanca y no emitió palabra en ningún momento. Salvo, claro, cuando habló con un defensor.
La ausencia de los damnificados se debe a que el tribunal pidió que, por protocolo, acudan sus abogados.
En la primera audiencia se leyó la acusación por la tragedia.
Acto seguido, la defensora Ana Pagliano reclamó la nulidad de la acusación y pidió que la causa sea devuelta a instancia de instrucción.
Además, solicitó que los querellantes se unifiquen en uno o dos para “darle más celeridad” al juicio.
Lo central fue que atacó la acusación contra su defendido. Sostuvo que no se encontraba en la acusación el “elemento volitivo” que establece la voluntad en el accionar del empresario. Habló de inconsistencia.
En su momento, Raponi (abogado y ex profesor universitario) siempre se declaró inocente.
Llegó a decir que él cumplía con las medidas de seguridad.
Los planteos de la defensa fueron inmediatamente respondidos, tanto por el fiscal de la causa, Raúl Gualda, como por los abogados de la querella.
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Tras un breve cruce con el tribunal los querellantes Carlos Nayi y Miguel Ortiz Pellegrini tomaron la palabra para expresar sus argumentos en rechazo a los planteos de la defensa.
SIGUE EL JUICIO
El juicio se reanudará el miércoles. Se espera que se tomen los datos al acusado y que arranquen las testimoniales a los testigos.
El debate oral comenzará el próximo martes. Está previsto que declaren 50 testigos. Siete abogados forman parte de la querella. El dueño de la firma está acusado de estrago doloso
La Voz del Interior 9-3-22
El próximo martes 8 comenzará el esperado juicio por el estallido, en barrio Alta Córdoba, del depósito clandestino de Raponi Química SRL, ocurrido el 6 de noviembre de 2014. La gigantesca deflagración destruyó varias viviendas, ocasionó daños de diversa consideración en cientos de casas, dejó varios heridos -uno de gravedad con secuelas definitivas- y provocó la muerte de una mujer que agonizó durante nueve días.
Explosión en Alta Córdoba: las víctimas siguen pidiendo soluciones
Sin solución. Estado actual de una de las propiedades afectadas por la explosión, en la calle Rodríguez Peña 2976. (Facundo Luque)
Sin techo. Se cayó el techo del galpón y en la actualidad sigue sin reparación. (Facundo Luque)
- Pasaron cinco años de la explosión de la Química Raponi
- Los damnificados se sienten desamparados
- Una primera vivienda ya está lista para ser habitada
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En la tarde del 6 de noviembre de 2014, una fuerte explosión sorprendió al barrio Alta Córdoba y se escuchó a más de cinco kilómetros de distancia. Minutos después, se conoció lo que había sucedido: la parte trasera del galpón de la Química Raponi SRL había estallado y tuvo un impacto directo en un radio de ocho manzanas circundantes.
Con el tiempo, se logró determinar que el siniestro había sido ocasionado por los productos químicos almacenados en la firma, que habrían estado depositados en una parcela no declarada, lo cual hizo volar paredes, techos y ventanas. El saldo más trágico fue el de una persona muerta: María Angélica Cueto, de 65 años, vecina de la zona, adonde había ido a vivir desde Buenos Aires para estar más cerca de sus nietos. «Pola», como la llamaban, resultó aplastada por una cortina metálica que se desprendió en el portón de un taller de calle Góngora como consecuencia de la explosión.
El cimbronazo también causó lesiones –algunas menores y otras de gravedad– a más de 60 personas. Produjo incontables daños en viviendas de varias manzanas a la redonda. Derrumbó galpones, aplastó autos, barrió con todo aquello que quedó en su camino. Trece viviendas quedaron inhabitables.
Los afectados
Patricia es la mamá de Pablo Amaya, quien debió ser internado por las graves heridas derivadas del estrépito, y siente que fue abandonada. A cinco años de aquel episodio que no puede olvidar, y aunque su hijo se recuperó y pudo seguir su vida, habla con una voz pausada pero firme, con un dolor que a simple vista no se nota, pero sale a flote durante su relato.
Tiene escrita una carta y la semana próxima la va a dejar en la puerta de entrada de la Municipalidad de Córdoba. En ella, afirma que su familia fue víctima del desamparo.
“Pablo estaba en la casa de su papá porque mi casa de barrio Marqués de Sobremonte había sido declarada como inhabitable. Para su resguardo, se fue a barrio Alta Córdoba”, comenta Patricia, sin dejar de subrayar la ironía del destino.
El día de la explosión, Pablo –o “Pablito” como se lo conoció en los medios– sufrió heridas graves que requirieron la hospitalización y la colocación de una prótesis.
Recuperado. Pablo Amaya se repuso a las graves heridas y hoy reconstruye su vida. (Facundo Luque).
“Hoy, Pablo está recuperado. Recuperó su vida, porque terminó el secundario y, en la actualidad, estudia composición musical en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Además, trabaja arreglando jardines, porque nuestra situación económica es difícil”, relató.
Para Patricia, es muy difícil confiar en una futura solución, aunque no deja de reclamar en la carta que va a entregar la próxima semana a las autoridades de la ciudad.
“La Provincia siempre nos acompañó, yo quiero destacar esto. Pero (el exsubsecretario de Desarrollo Social de la Municipalidad) Walter Ferreyra nos prometió un terreno para construir una casa. Cuando se dieron cuenta de que era una promesa de palabra, nunca más nos atendieron”, asegura Patricia. No fue posible ubicar al exfuncionario para conocer su versión.
La mujer es jubilada anticipada por invalidez. Durante un incidente en su trabajo, perdió el 80 por ciento de la visión. “Vivimos en otro lado, en barrio Villa Cabrera. Alquilamos y lo hicimos por acá después de la explosión. Eran demasiadas cosas como para seguir en el mismo sitio”, cuenta Patricia.
Iturria: Lo perdí todo
En cambio, Ramón Iturria, quien perdió su casa luego de la explosión, no tiene un domicilio fijo. Después del día que se incendió la Química, lo visitaron funcionarios municipales y le mostraron la rajadura del techo. Le explicaron que la propiedad debía ser demolida y le prometieron una solución.
“No tengo un lugar en el que vivir. Voy de casa en casa, con una especie de carpa, buscando el próximo lugar que me ampare. Esta noche, duermo bajo el techo de un garaje y, en los próximos días, no sé cuál va a ser mi destino”, lamenta.
Ramón tiene 70 años y cuenta con una jubilación que sólo le alcanza, afirma, para comprar alimentos.
“Me quisieron conformar con un poco de mercadería y después se olvidaron de mí. Actualmente, vivo de la ayuda de la gente. Si hoy me muero, no tengo ni siquiera un cajón”, cuestiona.
Sigue esperando que llegue la ayuda que le prometieron: “Corresponde que me ayuden como a un ciudadano argentino más. Dejé mi vida trabajando y hoy me siento desamparado”.
También manifiesta que siente tristeza y desilusión. “Ya no tengo ganas de vivir. A mi edad, no tengo dónde esperar mis últimos días, no tengo dónde descansar en paz”, expresa.
Dos galpones
Marcelo Bonfigli habla con el mismo pesar que expresan los demás damnificados. Su mamá es dueña de dos terrenos en los que, antes de la explosión, había dos galpones construidos.
Sin techo. Se cayó el techo del galpón y en la actualidad sigue sin reparación. (Facundo Luque).
“Nos siguen cobrando todos los impuestos, pero hasta el día de hoy no nos han brindado soluciones. La única que nos perdonó fue la empresa Aguas Cordobesas, que no nos cobra el agua”, dice Marcelo.
Las construcciones albergaban una distribuidora de pastas y una empresa de diseño de cartelería industrial. “Todo se destruyó. Aún quedan las ruinas del lugar, porque no fueron demolidas, tal como se había prometido”, comenta.
Según asegura el damnificado, en una primera visita los funcionarios municipales le explicaron que debía firmar un acuerdo para tirar abajo la propiedad. Luego, llegaría una solución, provista por la Municipalidad de la ciudad de Córdoba.
“Hoy estamos como estuvimos siempre. No se hizo ni una cosa ni la otra. La parte de la edificación que quedó en pie está reforzada con un pilar de madera. No hay novedades porque nadie se ocupó de nuestra situación”, se queja Marcelo.
Promesa cumplida
“Esta vez, tenemos buenas noticias: la casa ya está lista, en diciembre nos vamos a mudar”, responde Camila Luna y confirma una noticia que tardó cinco años en llegar. Se trata de la primera vivienda que fue demolida tras la explosión de la Química Raponi.
Ya está en condiciones de ser habitada por los descendientes de Ramón Perdiguero y se ultiman los detalles para su instalación.
“Finalmente, fue el Gobierno provincial el que respondió a nuestros pedidos, y dispuso el dinero que hacía falta para terminar las obras y poder volver”, agradece Camila, y asegura que la casa “quedó hermosa”.
El sinsabor de los cinco años de espera para volver a la casa de su abuelo parece quedar atrás. Lo que hoy se impone es la emoción de estar a punto de habitar el hogar que las vio crecer. Reconstruido. Pero ya sin Ramón, quien murió en enero de 2017.
Promesa cumplida. Van a entregar la casa de a los familiares de Ramón Perdiguero. (Facundo Luque).
Para concretar la mudanza sólo les falta la conexión de gas natural. “En un mes y medio, una cuadrilla privada terminó todo lo que faltaba”, precisa la joven.
El amarillo pleno de aquella fachada aparece en la nueva casa, pero parcialmente: “Decidimos pintar de amarillo sólo la parte del medio, donde está la puerta de entrada y el ventanal, y el resto de la casa blanca”, describió.
Este jueves tienen una reunión con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social para ultimar los detalles previos a la mudanza.
Desde la Municipalidad dijeron que se realizaron aportes económicos por el total del costo de la construcción, pero desde la familia insistieron en que tuvieron que acudir a la Provincia para terminar la vivienda.
“Se construyeron tres departamentos para la familia Perdiguero. Se empezó con una empresa contratista, que llegó a cumplir un 80 por ciento de la construcción y para terminar la obra se emitió un subsidio, que representó el resto del costo para cubrir el 100 por ciento del valor”, declararon voceros municipales.
Desde el Gobierno de la Provincia, destacaron: “Desde el Ministerio de Desarrollo Social, se están abonando en forma consecutiva 10 ayudas económicas en concepto de pago de alquiler mensual”.
Además, confirmaron que están en proceso de entrega de las dos viviendas para la familia Perdiguero. “Se acompañó para la adquisición de materiales de construcción, para la terminación de la misma y en este momento se está realizando la conexión de gas troncal, por parte de la empresa prestadora, como así también la instalación de servicio eléctrico”, remarcaron desde la cartera de Desarrollo Social.
La Voz del Interior 6/11/19
A 4 años de la Explosión de Alta Córdoba
La causa judicial en la que está imputado por estrago doloso calificado recayó en la Cámara Cuarta del Crimen de la ciudad de Córdoba. Posiblemente se juzgue en febrero.
El empresario Sergio Hilton Raponi, dueño de la Química que explotó el 6 de noviembre de 2014 en el corazón de Alta Córdoba, será juzgado el año próximo en la Cámara Cuarta del Crimen por el delito de estrago doloso calificado por resultado mortal.
Luego de que el Tribunal Superior de Justicia rechazara un recurso extraordinario, la causa recayó en la Cámara Cuarta y, aunque aún no tiene fecha de juicio, sería una de las primeras en ser juzgadas el año próximo, posiblemente en febrero, según indicaron fuentes judiciales.
Un depósito de la Química Raponi ubicado sobre Avellaneda, pero cuyo fondo colindaba con el pasaje Cordeiro, estalló la noche del jueves 6 de noviembre de 2014 y dejó un saldo de una mujer muerta –María Angélica Cueto (65)–, 66 heridos (algunos de gravedad), unas 20 viviendas destruidas y varios centenares de casas con diversos daños.
Sergio es el único imputado, y de ser encontrado culpable del delito que se le imputa, podría ser condenado a una pena de entre 8 y 20 años de prisión.
Carlos Nayi representa a nueve familias damnificadas, entre ellas la de Angélica Cueto -única víctima fatal-, y de Pablo Amaya, un adolescente que estuvo al borde de la muerte por las serias lesiones que le causó la explosión.
“Las habilitaciones comprendieron la parte visible de la empresa y no el lugar oculto, donde se produjo la deflagración: la enigmática parcela 10 que no había declarado, que este hombre, abogado, no había declarado y que tenía materiales peligrosos”, expresó Nayi.
Las sustancias combustibles “en cantidad y calidad no declarada” almacenadas en esa parcela provocaron una deflagración cerca de las 20.30 de ese 6 de noviembre. “Este hombre ocultó las condiciones de ilegalidad en las que operaba su empresa”, manifestó el abogado.
“Hubo mala disposición de sustancias peligrosas en el depósito de la parcela 10, una conexión clandestina de desagüe, ocultamiento del lugar en el que se produjo la explosión, fue un combo absolutamente letal”, concluyó Nayi.
Quién es Raponi
Sergio Hilton Raponi es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en 1986. Empresario y docente universitario, su función en la Química Raponi SRL incluía asesoramiento, desarrollo y provisión de productos químicos para higiene y mantenimiento de industrias.
La Voz del Interior 6-11-18
Estudio jurídico nayI 