Gatillo fácil: juzgarán a dos policías por matar, marcharse y no informar nada a nadie. la víctima José Antonio Ávila
La víctima fue José Ávila. El vendedor ambulante fue ultimado de un balazo en barrio Villa El Libertador. Hay dos uniformados presos con graves cargos. Los uniformados se marcharon de esa casa sin alertar a jefes ni al 101.
Poco más de un mes antes del asesinato de Valentino Blas Correas (17), la Policía de Córdoba cometió otro “gatillo fácil” en las calles de la Capital.
La víctima fue José Antonio Ávila, un vendedor ambulante de 35 años.
Un balazo policial al pecho lo mató en una casa de Villa El Libertador, en la zona sur de la ciudad de Córdoba. Los dos uniformados que protagonizaron aquel procedimiento se marcharon del lugar sin avisar nada a nadie, mucho menos al 101, mucho menos a sus jefes.
Todo se descubrió porque unos vecinos escucharon al menos un disparo, gritos de un hombre (era la víctima cuando agonizaba) y motos que se marchaban, tras lo cual llamaron al 101.
Dieciocho meses después de aquel asesinato policial, y luego de una serie de idas y contramarchas del expediente, la causa finalmente fue enviada a juicio y regresó a la Cámara 3ª del Crimen de Córdoba.
El principal acusado es el suboficial Lucas Gonzalo Navarro, quien deberá responder por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de policía. En caso de ser condenado por ese delito, le corresponde prisión perpetua.
El otro acusado es su compañero.
El suboficial Sebastián Gabriel Juárez debe responder por encubrimiento agravado y omisión de los deberes de funcionario público.
Ambos ya habían sido enviados a juicio semanas atrás por la fiscal de instrucción Eugenia Pérez Moreno.
Sin embargo, la Cámara 3ª del Crimen anuló la elevación a juicio a pedido del fiscal de Cámara, Marcelo Hidalgo. El acusador había entendido que la fijación del hecho de la fiscal (cómo sucedió todo) era confusa y cuestionó que no se hubiera añadido como agravante al homicidio la condición de policía del uniformado.
Es un detalle para nada menor: delinquir siendo policía, y en funciones, es un agravante. En el caso de un homicidio, redunda en una pena mayor.
Con la acusación original (homicidio agravado sólo por el uso de arma de fuego) el uniformado veía indirectamente su situación beneficiada, en cierta forma, ante una condena a prisión.
La causa regresó a la fiscalía de Pérez Moreno, quien corrigió los puntos y agravó los cargos contra el principal acusado. La causa ya regresó a la Cámara.
Ahora, debe esperarse que se ponga fecha para las audiencias.
¿CÓMO FUE TODO?
Todo sucedió poco después de las 7 de la mañana del 4 de julio de 2020 en Villa El Libertador. Aquella mañana, José Antonio Ávila andaba en su moto junto con un conocido, Manuel Vázquez.
Ávila, a quien en el barrio conocían como “Beco”, se dedicaba a la venta ambulante de prendas.
Fue en esas circunstancias que los dos hombres se toparon con dos policías que, en sus respectivas motos, realizaban una tarea preventiva en la barriada.
Según la investigación, ambos uniformados comenzaron a perseguir la moto conducida por Ávila. Al parecer, el hombre no se detuvo ante el control, porque su amigo le habría dicho que no frenara dado que tenía una orden de captura por no haber vuelto de una salida transitoria de la Cárcel de Monte Cristo.
Ninguno estaba armado.
A la altura de calle Caracas al 5241, frenaron y se metieron en la casa de Vázquez. La puerta de calle tiene picaporte fijo del lado de afuera.
BALAZO Y FUGA
De acuerdo a la fiscal Pérez Moreno, los dos policías frenaron a metros de la casa.
Mientras el cabo Juárez se quedó en su moto, su compañero Navarro se bajó con la pistola reglamentaria (Pietro Beretta 9 milímetros) y encaró hacia el domicilio.
Fue así que pegó un par de patadas y, al no poder abrir la puerta, efectuó un disparo. El proyectil atravesó la puerta y se incrustó en la humanidad de “Beco” Ávila, quien estaba del otro lado.
La fiscal resaltó, en su elevación a juicio, que sin razón o justificación el uniformado abrió fuego, que se representó que, con su accionar, podía dar muerte a algunos de los dos hombres, y añadió que lo hizo “abusando de su función” como miembro de la Policía.
“Tras dicho actuar, Navarro se subió a su motocicleta y ambos se dieron raudamente a la fuga del lugar, siendo que en ningún momento pusieron en conocimiento de la autoridad judicial o policial lo sucedido ni lo comunicaron por otro medio, omitiendo ilegítimamente la realización de un acto propio de su oficio”, resaltó la fiscal.
Ávila comenzó a gritar, lo que puso en alerta a unos vecinos, quienes llamaron al 101. A poco de que otros policías llegaran al lugar, la víctima murió. El disparo le había dado en el abdomen.
A la media hora, por frecuencia interna policial, comenzó a preguntarse si algún uniformado sabía qué había sucedido.
“El encargado Juárez (el otro policía), conociendo que su dupla había efectuado el disparo a través de la puerta de la morada hacia su interior, omitió poner en conocimiento de la autoridad competente dicha circunstancia, pese a encontrarse legalmente obligado a hacerlo (…)”, resaltó la funcionaria.
RECLAMO DE JUSTICIA
“No era ningún delincuente, en absoluto. Era trabajador y una gran persona y, sobre todo, un gran padre y compañero. Y si hubiera sido un delincuente, nada pero nada justifica que la Policía le dispare de esa manera, lo mate y se vaya del lugar sin ayudar”, expresó Johana, la pareja de “Beco”, quien reclamó, junto a su familia, justicia y condenas.
Por su parte, el abogado Carlos Nayi, quien representa a la familia de la víctima, ponderó la investigación y destacó que se trató de un brutal episodio de violencia institucional agravado por los policías. Indicó que reclamará el “máximo castigo” para ellos.
Ricardo Moreno, el abogado que defiende al principal acusado, insiste que el policía no sabía que le había pegado un tiro a alguien y señaló que, en todo caso, el irse del lugar sin informar a la superioridad constituye una falta administrativa y no un delito.
El letrado indicó, en su momento, que el policía quiso entrar a la casa y que “le cerraron la puerta” y que “sus dedos quedaron aprisionados”. “Por suerte, tenía los guantes puestos. Y con la otra mano hizo un disparo. Pero no sabía que le había dado a alguien”, expresó.
La voz del Interior Lunes, 9 de agosto de 2021
JOSE ANTONIO AVILA, un caso de gatillo fácil, juzgaran a dos suboficiales de la Provincia de Córdoba
Justicia provincial. Se trató del primer crimen de la fuerza durante la cuarentena del año pasado. Ocurrió en barrio Villa El Libertador.
Fue una persecución en la uno de los dos policías disparó sin necesidad en contra de uno de los perseguidos. Pero esto no fue todo: tras la detonación, ambos uniformados se subieron a sus motos y se fueron sin denunciar ni avisar a nadie sobre lo que acababa de suceder. Dentro de la casa, dejaron ya sin vida a José Antonio Ávila (35). Ahora, se acaba de confirmar que los dos efectivos deberán afrontar un juicio oral y púbico en la Cámara 3ª del Crimen de la ciudad de Córdoba.
La jueza será integrada por los jueces María de los Ángeles Palacio de Arato, Gustavo Ispani y Leandro Quijada, mientras que el fiscal a cargo de la acusación será Marcelo Hidalgo.
Se trató de uno de los al menos tres casos de gatilló fácil que sacudieron a la provincia de Córdoba durante la cuarentena del año pasado, según se investiga a nivel judicial.
Ávila, a quienes sus seres queridos llamaban “Beco”, fue asesinado por un balazo policial el sábado 4 de julio último en barrio Villa El Libertador, de la ciudad de Córdoba.
Un mes después, en la madrugada del jueves 6 de agosto, Blas Correas (17) murió a manos de la Policía mientras viajaba en un auto junto a unos amigos por la avenida Vélez Sársfield, a la altura del Instituto Pablo Pizzurno.
El domingo 25 de octubre, en tanto, Joaquín Paredes (15) murió alcanzado por un balazo policial en el pequeño pueblo de Paso Viejo, en el norte profundo de la provincia.
A los tiros y sin avisar Según la investigación que llevó adelante la fiscal Eugenia Pérez Moreno, a Ávila lo mató un balazo que salió disparado del arma reglamentaria del cabo Lucas Gonzalo Navarro (36), quien permanece imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de policía.
El otro acusado es la “dupla”: el cabo Juan Sebastián Juárez. Si bien apenas había comenzado la investigación había sido imputado también por el homicidio, su situación se morigeró tras los primeros peritajes, por lo que finalmente quedó acusado por incumplimiento en los deberes y por encubrimiento agravado.
Según la causa, aquella madrugada del 4 de julio, Ávila y Manuel Eduardo Vázquez viajaban en la misma moto cuando en la esquina de Caracas y Bogotá, de Villa El Libertador, se toparon con un control policial. Como Vázquez tenía una causa penal pendiente, los motociclistas decidieron eludir a los policías, por lo que se inició una breve persecución: a los 50 metros, frenaron frente a la casa de Vázquez e ingresaron.
Fue entonces que llegaron los policías Navarro y Juárez. El primero descendió de su moto, intentó abrir la puerta a patadas y luego disparó atravesando la abertura. El proyectil alcanzó adentro a Ávila, que sufrió una herida mortal en el estómago.
Tras ello, mientras Vázquez se perdía de vista, los dos policías regresaron a sus motos y se fueron del lugar sin denunciar lo que acababa de suceder.
Minutos después, un llamado ingresó al 101 para alertar que en esa casa de calle Caracas había una persona muerta, con un balazo.
La investigación de Homicidios llevó a descargar las imágenes de diferentes cámaras de seguridad que les permitió a la fiscal reconstruir lo que habría sucedido.
“Estos policías no tuvieron los diques de contención con respecto a los frenos inhibitorios que debe resguardar cualquier miembro de una fuerza de seguridad. Una vez más, desde la Justicia tiene que haber una señal muy clara para una Policía que parece que ha perdido el rumbo y no entiende cuál es su función: es una fuerza civil armada, no militarizada”, apuntó el abogado querellante Carlos Nayi.
La voz del Interior 17-4-21
Córdoba: avanza otra causa contra policías acusados por «gatillo fácil»
Confirmaron las prisiones preventivas para dos uniformados presos por matar, marcharse y no avisar nada. La víctima fue Juan Antonio Ávila, un vendedor ambulante. El crimen ocurrió en julio en Villa El Libertador.
Miércoles 02 de diciembre de 2020 – 00:01 | Actualizado: 02/12/2020 – 09:01
El juez de Control N° 8 de Córdoba, Carlos María Romero, confirmó las prisiones preventivas para dos suboficiales de la Policía de la Provincia en el marco de la investigación por el «gatillo fácil» del que fue víctima Juan Antonio Ávila (35), un artesano y vendedor ambulante que fue ultimado de un balazo en julio en una casa del barrio Villa El Libertador, en la Capital.
Según la causa, tras pegarle un tiro en el pecho en el marco de un confuso procedimiento, los uniformados se marcharon en sus respecticas motos de la fuerza sin dar aviso a sus superiores, ni informar lo sucedido por radio al 101.
El principal acusado es el cabo Lucas Gonzalo Navarro (36), quien está imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de policía.
Además, está acusado por incumplimiento en los deberes de funcionario público (no haber avisado lo sucedido).
El otro acusado era su “dupla” (compañero): el cabo Juan Sebastián Juárez.
Si bien en un primer momento había sido imputado también por homicidio, su situación se morigeró. Quedó procesado por incumplimiento en los deberes y por presunto encubrimiento agravado.
Tras unas presentaciones efectuadas por los defensores, el juez de Control Romero viene avalando la investigación realizada por la fiscal Eugenia Pérez Moreno.
En las últimas horas, el funcionario confirmó que los dos policías deben continuar detenidos por la gravedad del caso.
Esta situación deja las puertas abiertas a una eventual elevación a juicio.
Balazo y partida
Sucedió el 4 de julio pasado a las 7 de la mañana en Villa El Libertador.
“Beco” Ávila, según su familia, había ido al barrio para arreglar su moto. Tenía planeado vender ropa esa mañana frente al CPC de Villa El Libertador.
En esas circunstancias, mientras iba con otro hombre, aparecieron dos policías en sus respectivas motocicletas.
Los uniformados comenzaron a perseguir a estos hombres y todo desembocó en una vivienda de calle Caracas al 5200.
Allí, Ávila recibió un balazo policial en el estómago.
No hubo tiroteo ni enfrentamiento alguno. Sólo un balazo policial.
El otro hombre (dueño de la casa) escapó. Luego se sabría que el vecino tenía “miedo” –según dijo– de que lo detuvieran porque tenía pendiente una orden de captura por no haber vuelto de una salida transitoria de la cárcel de Monte Cristo.
Lo concreto es que “Beco” Ávila terminó en el patio de la casa. Sus gritos alertaron a los vecinos.
La familia pide justicia
«Me lo mataron como un perro. Lo mataron y lo dejaron abandonado como si nada. Y se fueron y no dijero nada…», expresó Johana Jaime, pareja de la víctima.
«Él no era ningún delincuente. Era trabajador. Quizá se asustó de los policías y quiso meterse en esa casa. Él tenía una enfermedad. Pero nada, nada justifica que lo hayan matado. Mataron a un hombre desarmado y se marcharon del lugar», expresó.
Con la representación del abogado Carlos Nayi, la mujer es parte querellante en la causa.
«Es un hecho terrible, se lo trató de maquillar como un hecho criminal vinculado a la violencia urbana cuando no es así. Aspiramos que ambos sean enviados a juicio. Ávila estaba desarmado y no escapaba de ningún control», expresó el letrado.
El asesinato se descubrió porque un vecino oyó los gritos y llamó al 101.
Cuando los policías de las patrullas llegaron al lugar, los otros efectivos ya se habían marchado.
Sus defensas aducen que «desconocían» que habían matado a un hombre.
La Voz del Interior 2 de diciembre de 2020
Avanza la causa por el crimen policial de “Beco”
El mismo dolor, el mismo reclamo. Los familiares de «Beco» marcharon junto a la familia de Blas Correas en la multitudinaria marcha del 13 de agosto. (Facundo Luque/Archivo)
- José Ávila fue muerto hace dos meses en Villa El Libertador.
- Su familia pide que haya más policías apuntados en la causa.
Se llamaba José Antonio Ávila, tenía 35 años, estaba en pareja y era padre de dos niños. Los cachetazos de la vida le habían enseñado a pelearla duro. Para mantener a los suyos se dedicaba a la venta de ropa en un puesto callejero. La historia de “Beco” ya es pretérito: un balazo policial lo mató hace menos de dos meses en un caso que, para la Justicia, fue otro “gatillo fácil” en la ciudad de Córdoba.
El asesinato y su mecánica posterior no dejan de causar escozor: tras balearlo en una casa del barrio Villa El Libertador, en el sur de la Capital, los policías dejaron a la víctima librada a su suerte y se marcharon, sin avisar nada a nadie, según la investigación abierta.
Nada a nadie. Mucho menos, y como la norma exige, por la frecuencia policial interna.
Dos suboficiales de la división Motocicletas de la Policía cordobesa están presos desde entonces en la cárcel de Bouwer.
El autor del disparo, según los peritajes, fue el cabo Lucas Gonzalo Navarro (36), quien permanece imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de policía. Además, la fiscal Eugenia Pérez Moreno lo acusa por incumplimiento en los deberes de funcionario público (no haber avisado lo sucedido).
El otro acusado es la “dupla”: el cabo Juan Sebastián Juárez. Si bien en un primer momento había sido imputado también por el homicidio, su situación se morigeró en los últimos días. Hoy, está acusado por incumplimiento en los deberes y por encubrimiento agravado.
Constituida como querellante, la familia de Ávila entiende que, como ocurrió en el asesinato de Blas Correas (ocurrido un mes después), también habría más policías “involucrados” y deben ser identificados y castigados.
A través del abogado Carlos Nayi, la querella insiste en que se debe ampliar la investigación bien a fondo, ya que “hay más responsables”.
Se espera que, de un momento a otro, la fiscal dicte las prisiones preventivas de los policías. Ya hubo una señal: hace pocas horas, un juez de Control rechazó el pedido de liberación de uno de los uniformados.
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Balazo y fuga
El crimen sucedió alrededor de las 7 de la mañana del sábado 4 de julio pasado en Villa El Libertador.
Ávila, según su familia, había ido al barrio para tratar de arreglar su moto Yamaha, ya que presentaba un desperfecto. El hombre tenía planeado trabajar esa mañana en uno de los puestos callejeros cercanos al CPC.
Fue en esas circunstancias cuando, mientras iba en su moto Yamaha roja, aparecieron dos policías en sus respectivas motocicletas. Estos uniformados se encontraban en la zona en el marco de un operativo preventivo.
Los policías comenzaron a perseguir a Ávila, quien iba con otro hombre.
En circunstancias que son investigadas y que, como en todo caso policial de este tipo, se vuelven confusas, todos los protagonistas se detuvieron en una vivienda de Caracas al 5200.
Allí, el episodio entra en un cono de sombras aun mayor: Ávila recibió un balazo policial en el estómago.
No hubo tiroteo ni enfrentamiento alguno. Sólo un balazo policial.
El otro hombre (el dueño de la casa) era Manuel Vázquez, quien escapó corriendo. Luego se sabría que el vecino tenía “miedo” –según dijo– de que lo detuvieran porque tenía pendiente una orden de captura por no haber vuelto de una salida transitoria de la cárcel de Monte Cristo.
Lo concreto es que Ávila terminó en el patio de la casa. Sus gritos desesperados pusieron en alerta a los vecinos.
Los policías, a todo esto, se marcharon. Nunca hubo un parte o aviso por frecuencia policial. Desde el Tribunal de Conducta explicaron que todo procedimiento, y más en los que hay disparos, debe ser informado.
¿Cómo se descubrió todo? Alertado por los gritos y por el disparo, un vecino llamó al 101. Cuando los policías llegaron, dieron con un hombre que agonizaba. Murió a los pocos instantes. El dueño de casa no estaba.
Cuando lo localizaron, este les dijo que no tenía nada que ver y que a Ávila lo habían matado “otros policías en motos”.
Con el paso de los minutos, la zona comenzó a llenarse de más policías, sobre todo, de investigadores de Homicidios.
Bastó que los pesquisas analizaran filmaciones de cámaras de seguridad y realizaran distintas averiguaciones para que efectivamente identificaran a los policías motorizados Navarro y Juárez.
Ese mismo sábado, quedaron detenidos.
Hablan las defensas
El abogado Ricardo Moreno defiende al principal acusado: el policía Navarro. “Acá no hubo ‘gatillo fácil’. Acá hubo un lamentable episodio, pero accidental. Mi cliente perseguía a un hombre que se metió a una casa y este quiso cerrar la puerta. Entonces, el policía intentó detenerlo y su mano quedó aprisionada por la puerta. Menos mal que llevaba guantes; si no, perdía los dedos”, indicó Moreno, quien agregó: “Fue en ese marco cuando hizo un disparo accidental desde dos metros. Ese tiro se le escapó y atravesó la puerta y dio en la humanidad de esa persona”.
–Y si fue así, ¿por qué el policía se marchó sin ayudar y sin avisar? –preguntó La Voz.
-Él jamás se imaginó que había herido a una persona, jamás se imaginó. No lo sabía –respondió Moreno.
El letrado indicó que, “como no sabía el resultado”, el uniformado se fue del lugar.
Moreno insistió en que, a su entender, el haberse marchado de ese lugar constituye una “falta administrativa”. “No haber avisado es una falta administrativa interna; no puede ser considerado un delito”.
Mónica Picco es la abogada que defiende al otro policía. También remarca la inocencia de su cliente e insiste en que debe quedar liberado.
Dolor absoluto
“Me lo mataron como a un perro. Él no era ningún ladrón, ningún delincuente. Trabajaba, se ganaba la vida como vendedor callejero de ropa. Era buena gente. Los policías me lo mataron y lo dejaron tirado. Se fueron sin decir nada”, dijo la esposa de la víctima, Johana Jaime.
La mujer reclama que los policías reciban el máximo castigo de la ley.
“Lo balearon y lo dejaron morir en esa casa y por nada. Mintieron y ocultaron todo. Le pegaron un tiro y los policías se llevaron su billetera. No sé para qué”, sostuvo. “Él era un luchador. A pesar de su esquizofrenia, por la que estaba medicado, se ganaba la vida como vendedor de ropa para mantener a la familia. Yo ayudo como empleada doméstica, pero él era el gran sostén”, agregó.
“Él no era ladrón. Y supongamos que lo hubiera sido… ¿eso habilita a la Policía a matarlo así y a irse como si nada? Ni con un perro se hace eso”, completó.
La Voz del Interior- Claudio Gleser
Jueves 03 de septiembre de 2020 – 00:10
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