Justicia Federal. Sánchez Torres y Montesi declararán ante el juez Sánchez Freytes

Lo harán la semana que viene en la causa en la que están imputados por presuntamente manipular la integración de un tribunal.

La Justicia Federal de Córdoba vivirá la semana que viene un hecho inhabitual: el juez Alejandro Sánchez Freytes le tomará declaración indagatoria a las principales autoridades de la Cámara Federal de Apelaciones, la camarista Graciela Montesi –presidenta de ese tribunal– y Abel Sánchez Torres, vicepresidente.

El magistrado hará efectivo el requerimiento planteado el 1 de abril por los fiscales federales Pablo Turano –de la Procuración de la Nación– y Maximiliano Hairabedian, quienes imputaron a Sánchez Torres y Montesi en una causa por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Montesi deberá prestar declaración indagatoria el próximo miércoles, mientras que Sánchez Torres lo hará dos días después, el viernes.

Los imputados no están obligados a declarar: pueden no hacerlo –lo que no implica prueba de culpabilidad–, pueden contentar preguntas o no, hacer un relato o presentar un escrito.

La Voz confirmó este jueves de fuentes tribunalicias el llamado a indagatoria. La semana pasada, los camaristas fueron imputados. En concreto, la denuncia apunta contra los jueces de Cámara Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, acusados de manipular la integración del tribunal para favorecer a imputados en una causa de gran relevancia económica.

El núcleo de la acusación por abuso de autoridad se centra en la presunta manipulación de las salas del tribunal en el marco del caso “Bunge”, una megacausa de evasión tributaria. Según el requerimiento fiscal, Sánchez Torres y Montesi habrían acordado vulnerar la ley de subrogancias y el orden legal de sorteos para intervenir juntos en los expedientes denominados “Padilla” y “Humanes”.Fiscales denuncian a la cúpula de la Cámara Federal por manipulación de causas y violencia de géneroPorRedacción La Voz

La maniobra, siempre según la presentación de los fiscales, habría consistido en retener expedientes de manera injustificada hasta que el turno de subrogación permitiera que ambos magistrados –quienes mantienen entre ellos una relación de pareja– compartieran el voto.

Carlos Nayi, abogado defensor de Sánchez Torres y de Montesi, aseguró a La Voz que sus clientes son ajenos a los delitos que se les imputan. El letrado calificó la denuncia como “absolutamente infundada” y “falaz”.Nayi, sobre la denuncia a la cúpula de la Cámara Federal de Córdoba: Es absolutamente injustaPorRedacción La Voz

Además, en otro hecho del mismo expediente, se acusa al juez Sánchez Torres de presuntamente desplegar actos de maltrato, hostigamiento y violencia de género sistemática contra la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya. La supuesta represalia habría comenzado cuando la funcionaria se negó a firmar una certificación que consideraba ilegal, para avalar la integración supuestamente amañada de las salas.

Sobre Sánchez Torres, además, pesa un pedido de requerimiento de investigación por parte del fiscal Turano por presunto enriquecimiento ilícito. Ese expediente está en una etapa inicial.

La Voz del Interior 9-4-26

La Jus­ti­cia Fede­ral de Cór­doba atra­viesa horas de fuerte ten­sión tras el reque­ri­miento de inves­ti­ga­ción for­mu­lado con­tra las máxi­mas auto­ri­da­des de la Cámara Fede­ral pro­vin­cial. Los fis­ca­les Pablo Turano y Maxi­mi­liano Hai­ra­be­dian soli­ci­ta­ron la impu­ta­ción de la pre­si­denta de la Cámara, Gra­ciela Mon­tesi, el vocal Abel Sán­chez Torres y el secre­ta­rio Mario Roque Olmedo.

Ayer, en diá­logo con el strea­ming La Voz En Vivo, el abo­gado Car­los Nayi , defen­sor de los tres invo­lu­cra­dos en la causa, expresó su sor­presa ante la noti­cia y ase­guró que se ente­ra­ron por los medios y no por cana­les ofi­cia­les. El letrado cali­ficó la denun­cia como “abso­lu­ta­mente infun­dada” y “falaz” en el marco de la defensa de sus repre­sen­ta­dos.

Nayi aclaró que los deli­tos atri­bui­dos por los fis­ca­les son abuso de auto­ri­dad y lesio­nes gra­ves. Estos car­gos sur­gen a par­tir de una denun­cia pre­sen­tada por una secre­ta­ria del tri­bu­nal, aun­que el defen­sor sos­tiene que no exis­ten ele­men­tos que vin­cu­len mal­trato con la acti­vi­dad fun­cio­nal de los magis­tra­dos.

Ante­ce­den­tes y la causa Bunge

El con­flicto se vin­cula con la inter­ven­ción de la Cámara Fede­ral en cau­sas de alto per­fil, como el caso Bunge por eva­sión tri­bu­ta­ria agra­vada. Según Nayi, los hechos inves­ti­ga­dos ocu­rrie­ron entre 2011 y 2013, pero la Cámara comenzó a inter­ve­nir recién en diciem­bre de 2020.

El defen­sor explicó que el juez de Villa María había dic­tado falta de mérito, deci­sión que fue revo­cada por la Cámara en junio de 2021.

“El doc­tor Sán­chez Torres, con la adhe­sión de la doc­tora Nava­rro, ordenó lle­var ade­lante una inves­ti­ga­ción pro­funda”, señaló Nayi durante la entre­vista.

Para la defensa, el accio­nar de los jue­ces bus­caba evi­tar que el pro­ceso se vol­viera cir­cu­lar y corriera riesgo de retro­gra­da­ción. Nayi enfa­tizó que en la causa Bunge se ter­minó dic­tando el sobre­sei­miento en sep­tiem­bre de 2024 tras el pago de la deuda tri­bu­ta­ria.

Inte­gra­ción

Sobre las crí­ti­cas a la inte­gra­ción de la sala y la rela­ción per­so­nal entre Mon­tesi y Sán­chez Torres, Nayi fue tajante al seña­lar que se trata de cues­tio­nes pri­va­das.

Ase­guró que mien­tras la con­ducta de los inte­gran­tes se ajuste al código de pro­ce­di­miento y obje­ti­vi­dad, sus accio­nes pri­va­das están exen­tas de la auto­ri­dad de los magis­tra­dos.

“Esta situa­ción se ha rei­te­rado a lo largo de los años tanto en la jus­ti­cia fede­ral como en la pro­vin­cial”, argu­mentó el abo­gado.

Asi­mismo, Nayi des­tacó que ante posi­bles erro­res en la inte­gra­ción de cau­sas por vacan­tes, estos fue­ron corre­gi­dos de forma inme­diata sin que exis­tiera repro­che legal.

El reciente fallo de la Corte

Un dato cen­tral apor­tado por Nayi en la nota es una reso­lu­ción de la Corte Suprema de Jus­ti­cia de la Nación del 17 de marzo de 2026. Según el abo­gado defen­sor, el máximo tri­bu­nal rechazó un pedido de la denun­ciante para dejar sin efecto una per­muta de car­gos por con­si­de­rarlo extem­po­rá­neo.

“La deci­sión de la per­muta fue volun­ta­ria, libre y ale­jada de cual­quier meca­nismo de pre­sión”, afirmó Nayi citando sus fuen­tes.

El letrado lamentó que este docu­mento ofi­cial de la Corte no haya sido valo­rado ínte­gra­mente en el reque­ri­miento fis­cal actual.

Actual­mente, la causa se encuen­tra bajo secreto de suma­rio mien­tras el juez Ale­jan­dro Sán­chez Frey­tes decide si acepta la impu­ta­ción soli­ci­tada sobre Mon­tesi, Sán­chez Torres y Olmedo.

“Se tra­ba­jará incan­sa­ble­mente en bús­queda de la ver­dad real”, con­cluyó Nayi, anti­ci­pando que pro­pon­drán medi­das de prueba y tes­ti­gos para deses­ti­mar la acu­sa­ción.

La Voz del Interior 7-4-26

Carlos Nayi
CARLOS NAYI. Es defensor de Sánchez Torres, Montesi y Olmedo. Sostiene a ultranzas la inocencia de sus asistidos. | Cedoc Perfil

El abogado Carlos Nayi negó rotundamente que existan elementos que sostengan una acusación contra los camaristas Abel Sánchez Torres, Graciela Montesi y el secretario de la Cámara Federal de Córdoba, Mario Olmedo.

Los tres fueron imputados la semana pasada por presunto abuso de autoridad y lesiones graves.

Las maniobras descriptas por los fiscales Nicolás Turano, quien integra la Procuración General de la Nación, y Maximiliano Hairabedián se basan en una presunta manipulación en la integración de las Salas A y B de la Cámara Federal, a raíz de las vacantes que hay en ambas, para resolver dos expedientes vinculados a la cerealera Bunge. También en un posible maltrato a una funcionaria de la Cámara. Y se sumó en las últimas horas un pedido para investigar la situación patrimonial de Sánchez Torres.

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Nayi, defensor del vocal mencionado, Montesi y Olmedo, señaló que la cronología del tratamiento a las dos causas por delitos económicos y tributarios contra directivos de la cerealera Bunge “demuestran la inocencia” de sus asistidos.

Para sostener su postura detalló las siguientes fechas, con las respectivas intervenciones de los magistrados señalados:

  • Años 2011, 2012 y 2013: Ocurren los hechos que motivan la investigación por presunta infracción penal tributaria agravada.
  • 19 de diciembre de 2019: El Juez de Río Cuarto dicta el primer auto de falta de mérito a favor de Raúl Padilla, de la empresa Bunge.
  • 14 de septiembre de 2020: El juez dicta un segundo auto de falta de mérito.
  • 22 de diciembre de 2020: La causa ingresa a la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba por apelación del Ministerio Público Fiscal.
  • 1 de junio de 2021: La Sala B integrada por Abel Sánchez Torres, Liliana Navarro y Luis Roberto Rueda ordena por unanimidad revocar la falta de mérito y profundizar la investigación.
  • Año 2023: El juez Roque RebaK (ya jubilado) de Villa María vuelve a dictar un auto de falta de mérito de Plácido Humanes, Ceo de Bunge y realiza un reproche a la fiscalía por una investigación deficiente.
  • 21 de diciembre de 2023: Ante el estancamiento de la causa por cuatro años, el doctor Sánchez Torres dispone un «preferente despacho». En este contexto, se ordena integrar la sala con la doctora Montesi.
  • 16 de abril de 2024: Se registra una situación de desintegración en las salas de la Cámara debido a la gran cantidad de vacantes. En un lapso de 24 horas, tras advertirse un error el doctor Sánchez Torres dejó sin efecto dicha integración. Cabe aclarar que la vocal Montesi no llegó a emitir su voto.
  • El 24 de julio de 2024 propicia la nulidad de la segunda falta de mérito (por falta de avances) y solicita el apartamiento del juez de grado por configurar un proceso circular, porque vuelve a girar sobre los mismos ejes sin producir avances ni definiciones en la causa.
  • El 18 de septiembre de 2024 se inicia un incidente de falta de acción. Los involucrados se acogen a la Ley 27.743, abonan la deuda tributaria y terminan sobreseídos por el Juzgado de Villa María.

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Tras analizar esta secuencia, Nayi subrayó que no fueron estos los únicos expedientes donde se hicieron correcciones en las integraciones de las salas de la Cámara. Explicó que en numerosas ocasiones por las vacantes existentes o vacaciones de los vocales existía un desorden que ameritaba modificar las conformaciones del tribunal.

En relación a la acusación por lesiones graves y violencia laboral hacia la funcionaria Laje Anaya que promovieron los fiscales Turano y Hairabedián contra Sánchez Torres, Nayi afirmó: “No hay ninguna prueba pericial que vincule (al camarista) porque no han existido esos malos tratos a juicio de la defensa”.

“Una verdad media es una mentira encubierta en donde la idea de este defensor es expulsar distorsiones, especulación, todo lo que tiene que ver con construcciones cimentadas”, finalizó anticipando los ejes centrales por donde articulará la actividad defensiva.

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Por último indicó que no fue notificado sobre ninguna investigación sobre el incremento patrimonial de Abel Sánchez Torres.

El juez federal Alejandro Sánchez Freytes aún no fijó fecha de indagatoria. Hay un cuarto imputado, el secretario Gustavo Flores, por presunto falso testimonio.

Perfil Córdoba 7-4-2026