Casación agravó las condenas por CBI
A cuatro años del histórico fallo, y a más de nueve del inicio de la investigación, se resolvió que sí existió asociación ilícita. Se deberán imponer penas más gravosas.
Hace cuatro años, en el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba terminaba un juicio histórico: el 24 de junio de 2019, 13 de los 16 acusados por el megaescándalo de la financiera Cordubensis (CBI) terminaron condenados.
Por primera vez, los jueces encontraron culpables bajo la figura de intermediación financiera ilegal. No obstante, aquel juicio dejó un sabor agridulce entre los que habían impulsado una investigación que estuvo repleta de obstáculos y complejidades: en el momento de la sentencia, se cayó la figura de asociación ilícita.
Hoy, decir CBI en Córdoba significa nombrar varias cuestiones en una sola sigla: una multimillonaria timba financiera; una «cueva» que funcionaba en la city y en uno de los complejos comerciales más importantes; una lavadora en la que se enjuagaban dineros que, se presume, provenían de arcas oficiales y privadas; grandes e importantes aportantes mezclados con pequeños ahorristas.
La causa CBI nació en febrero de 2014 a partir de la trágica muerte de su vicepresidente Jorge Suau, qyue apareció muerto dentro de una Toyota Hilux 4×4, en un camino rural próximo a Alta Gracia
Al morir, el vicepresidente de la megafinanciera dejó una carta que terminó siendo una hoja de ruta para la Justicia federal.
Pese a que CBI tenía dos locales bien visibles en el complejo Dinosaurio Mall y en la céntrica calle Rivadavia, hasta entonces ninguna autoridad oficial había metido las narices para saber de qué se trataba semejante mesa de dinero.
Finalmente, tras más de seis meses de juicio y el desfile de 50 testigos, el Tribunal Federal N° 2 de Córdoba, integrado por los jueces José Fabián Asís (presidente), Carlos Julio Lascano, Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci (este último en calidad de juez sustituto), dictaron sentencia por los delitos de intermediación financiera no autorizada agravada, lavado de activos y evasión tributaria agravada. Trece de los imputados recibieron penas que fueron desde los dos años y tres meses de cárcel hasta los siete años de prisión, en tanto que tres imputados fueron absueltos.
Los condenados fueron:
-Eduardo Daniel Rodrigo: 7 años de prisión.
-Aldo Hugo Ramírez: 5 años de prisión
-Julio César Ahumada: 4 años y 6 meses
-Daniel Arnoldo Tissera: 3 años.
-Oscar Américo Altamirano: 4 años y 6 meses.
-Luis Carlos de los Santos: 3 años.
-Darío Onofre Ramonda: 3 años.
-Diego Ariel Sarrafián: 3 años y 6 meses.
-Miguel Ricardo Vera: 6 años y 6 meses.
-Roberto Carlos Di Rienzo: 2 años y 3 meses.
-Jorge Osvaldo Castro: 3 años.
-Paula Andrea Vettorello: 2 años y 6 meses.
-Lucas Sebastián Bulchi: 2 años y 3 meses.
En tanto, terminaron con absoluciones Carina Andrea Moreno, José María Núñez y Olga Beatriz Divina.
Caso Cordubensis
Para Gonella, es histórica la condena en la causa CBI
Pero ahora, a cuatro años de aquel fallo, la causa acaba de tener un nuevo vuelco. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el juez Guillermo Jorge Yacobucci como presidente y los jueces Angela E. Ledesma y Carlos A. Mahiques como vocales, resolvió agravar la mayoría de las condenas.
A diferencia del tribunal cordobés, entendió que sí existió asociación ilícita en este caso, lo que supone una condena más fuerte para los acusados.
«Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal (el fiscal Carlos Gonella), sin costas, anular parcialmente los puntos dispositivos 8, 9, 10, 11, 12 y condenar a Eduardo Daniel Rodrigo como jefe de la asociación ilícita y a Aldo Hugo Ramírez, Julio César Ahumada, Oscar Américo Altamirano y Daniel Arnoldo Tissera como miembros de la asociación ilícita (art. 210 del CP) y reenviar a fin de que, previa desinsaculación celebración de audiencia de visu y con intervención de las partes, se fije la pena correspondiente», se lee en el fallo que se conoció en las últimas horas.
Esto significa que a las condenas por intermediación financiera, evasión tributaria y lavado de activos ahora se le deberá sumar la figura penal de asociación ilícita, con Rodrigo como presunto jefe.
En el mismo fallo de 440 páginas, se confirmó que el empresario Ramonda no fue parte de la supuesta asociación ilícita, pero sí se lo sindica como partícipe en la intermediación financiera.
Al mismo tiempo, se achicó el monto de la evasión a los acusados vinculados a las firmas Halabo y Jotemi.
Y, sobre todo, el fallo también representa un espaldarazo judicial para que se celebre el segundo juicio por CBI, una causa con nuevos acusados que hace tiempo espera ingresar en audiencia.
Cadena3 14-72023
CASO CBI, ahorristas apelaron la sentencia
Ahorristas apelaron la sentencia por la causa CBI
El abogado Carlos Nayi, que representa a decenas de defraudados por la financiera Cordubensis, recurrió la absolución que dispuso el Tribunal Oral Federal N° 2 el 27 de junio último.
En representación de decenas de ahorristas que perdieron sus depósitos en la financiera Cordubensis (CBI), el abogado Carlos Nayi presentó la casación a la sentencia que absolvió a los directivos de la firma del delito de defraudación y de la figura de asociación ilícita.
El pasado 27 de junio el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) condenó a Eduardo Rodrigo –titular de CBI–, sus socios y otros actores de la financiera por los delitos de evasión tributaria, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada. Sin embargo, los acusados fueron absueltos de la acusación de asociación ilícita y de estafas por los depósitos que no devolvieron a los ahorristas.
Tras presentar este viernes la casación a esos perdones, Nayi sostuvo que «si bien la sentencia debe ser destacada como histórica –por ser la primera condena por intermediación financiera–, no deben quedar espacios para concesiones en relación con delitos que han herido de muerte la confianza pública».
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Respecto del delito de estafa, criticó al TOF 2 porque «admitir la liberación de responsabilidad bajo la premisa de la ‘autopuesta en peligro’ resulta por lo menos injusto, ya que como se probó con la declaración de los ahorristas y los propios empleados nadie dudó de la legalidad de su funcionamiento».
«Ademas –continuó Nayi– CBI operaba con una inscripción engañosa en Afip (Administración Federal de Ingresos Públicos) para la actividad de intermediación financiera y se exhibía al público e inspectores inscripción fiscal engañosa».
El otro agravio que la casación postula es por la absolución por asociación ilícita. Alineándose a los argumentos vertidos por el vocal Jaime Díaz Gavier (que en esto votó en disidencia), a partir de la incorporación de la ley 26.733 que en 2012 incorpora la figura de intermediación financiera no autorizada, Nayi dice que los miembros del directorio de CBI comienzan a desplegar una serie de maniobras con un obrar de consuno desplegado por cada uno de sus miembros bajo el comando de Rodrigo».
Por último, el recurso contra la absolución sostiene que se interpone a favor de los vulnerados ahorristas y «pretende honrar el principio de buena fe en beneficio del débil contractual».
La Voz del Interior 15-9-19
Caso CBI: Rodrigo fue condenado a siete años de prisión
Además, deberá pagar una multa de 30 millones de pesos. El titular de la financiera aseguró estar pasando “la peor experiencia de su vida”.
El titular de la financiera Cordubensis (CBI), Eduardo Rodrigo, fue condenado este jueves a siete años de prisión y al pago de una multa de 30 millones de pesos.
Antes de conocerse la condena, Rodrigo sostuvo que nunca llevaron adelante tareas para cometer ilícitos y aseguró estar atravesando “la peor experiencia de su vida”.
De los 16 acusados hubo 13 condenas y tres absoluciones. Miguel Vera, considerado como «arrepentido» fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión y una multa de 25 millones de pesos.
«Este proceso para mí y para nosotros ha sido quizás la peor experiencia que estamos viviendo en nuestras vidas. Nunca me imaginé estar acá y que todo se desencadenaría como fue», dijo al pronunciar sus últimas palabras.
En el cierre del juicio, Rodrigo aseguró que desarrolló actividades «como cualquier profesional».
«Todos nuestros activos eran la capacitación y la experiencia que fuimos juntando. Nunca hicimos esto con la finalidad de cometer ilícitos», sostuvo.
En tanto, aclaró que siempre intentó «esclarecer las situaciones», poniéndose a disposición de la Justicia.
«Debo haber estado 80 horas declarando. En más de la mitad, contestando preguntas y preguntas. He intentando aportar cosas que permitiesen esclarecer la realidad de la empresa», dijo.
Los delitos
En el proceso se juzgaron los presuntos delitos de intermediación financiera no autorizada (primera causa que llega a juicio por esta figura), evasión impositiva, estafas, lavado de activos y asociación ilícita, entre otros.
Con esto, culminó un largo proceso de cinco años y medio de instrucción y debate oral de una parte del expediente desde aquel 14 de febrero de 2014, cuando se conoció la muerte del vicepresidente de CBI, Jorge Suau.
Rodrigo, el principal acusado, ya estuvo más de tres años preso y estuvo acompañado en el banquillo de los acusados por otros integrantes de la financiera, algunos exempleados, el empresario Darío Onofre Ramonda, el arrepentido Miguel Vera y otros participantes de una megamaniobra que incluyó el descuento de cheques en el Banco Central por más de 716 millones de pesos.
La Voz del Interior 27-6-19
Para Gonella, es histórica la condena en la causa CBI
El fiscal federal dijo a Cadena 3 que “es la primera vez que se juzga en la historia el delito de intermediación financiera ilegal”, figura que se incorporó hace poco en el Código Penal.
El fiscal federal Carlos Gonella consideró en diálogo con Cadena 3 que las condenas en la causa CBI son históricas y sientan jurisprudencia.
«Es un juicio importante, es la primera vez que se juzga en la historia un delito de intermediación financiera ilegal que se incorporó hace poco en el Código Penal», explicó e insistió: «Esto genera jurisprudencia. Es un precedente».
Causa CBI: condenan a Rodrigo a siete años de prisión
En términos generales, el fiscal dijo que está conforme con la sentencia pero advirtió que evaluarán si recurrirán o no una vez que accedan a los fundamentos.
«El Tribunal no condenó por asociación ilícita ni estafa, acusaciones que habíamos mantenido porque entendimos que había elementos suficientes», completó.
El Tribunal Federal Oral Nº 2 de Córdoba condenó a 13 de los 16 imputados, con diferentes grados de responsabilidad penal.
El titular de la financiera Cordubensis (CBI), Eduardo Rodrigo, recibió a siete años de prisión y una multa de 30 millones de pesos.
Ninguno de los condenados, sin embargo, irá a prisión ya que la sentencia no está firme.
Cadena3 27-6-19
CAUSA CBI: ya esta compuesto el tribunal para un juicio histórico
- Se sortearon los jueces que harán el debate que tiene como imputados a los 5 socios de la financiera CBI, que colapsó en 2014.
- También se sentarán en el banquillo de los acusados otras 11 personas.
El primero de los tramos de la causa de la financiera Cordubensis (CBI) será juzgado por el Tribunal Federal Oral N° 2 de Córdoba, luego del sorteo realizado ayer a primera hora.
En la torre ubicada en cercanías del parque Sarmiento se realizó el sorteo que asignó el debate para juzgar principalmente a Eduardo Rodrigo y a los socios de la mesa de dinero, e incluye delitos como intermediación financiera, lavado de activos y evasión tributaria.
También está imputado el empresario Darío Onofre Ramonda (padre), quien estuvo a cargo de la concesionaria Centro Motor, como presunto fondeador.
Los socios de Rodrigo son Aldo Hugo Ramírez, Julio César Ahumada, Daniel Arnoldo Tissera y Oscar Américo Altamirano.
Además, se incluye a figuras de segundo nivel en la dinámica de CBI, como el encargado de sucursal Luis Carlos de los Santos, el “arrepentido” Miguel Ricardo Vera, Jorge Osvaldo Castro, Paula Andrea Vettorello, Carina Andrea Moreno, Roberto Carlos Di Rienzo, Olga Beatriz Divina, Lucas Sebastián Bulchi, Diego Ariel Sarrafian y José María Nuñez.
Los jueces
Parte de la incógnita respecto de quiénes serán los jueces que juzgarán esta parte de la instrucción se develó ayer, al conocerse el resultado del acto de sorteo.
El Tribunal Oral N° 2 está integrado como titulares por Carlos Julio Lascano (presidente) y por José Fabián Asís, y queda como subrogante Julián Falcucci hasta que se cubra la vacante que dejó el reciente retirado José María Pérez Villalobo.
Quedan numerosos trámites por realizar mientras esa vacante acaso se cubra en el ínterin.
Fuentes que conocen de cerca la dinámica interna de Tribunales federales sostienen que, en el curso de lo que resta del año judicial, el presidente Mauricio Macri puede firmar la designación de las ternas de postulantes para cubrir los cargos de jueces de tribunales orales de Córdoba.
Esta semana, los postulantes recibieron la notificación para que justifiquen su situación ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), todo mientras están reuniendo avales para su candidatura.
Se especula con que entre septiembre y octubre esa designación puede estar concretada, y, tras la firma presidencial, sólo quedaría un trámite en el Congreso.
Por eso, si bien Falcucci está listo para sumarse al tribunal, tal vez puede ser otro (u otra) el juez (o la jueza) que se siente en el tribunal juzgador de la primera causa de CBI.
Es de esperarse que la acusación esté a cargo del fiscal de Cámara Carlos Gonella.
El expediente elevado por el juez federal N° 3 Miguel Hugo Vaca Narvaja está llegando por estas horas al tribunal del juicio para comenzar su estudio.
Se presume que, tras su estudio y análisis, se notifique a las partes para que ofrezcan pruebas.
En este punto, hay que tener en cuenta que la defensa de Ramonda viene solicitando infructuosamente que se le permita ofrecer prueba. Si el tribunal oral entiende que eso debe ser atendido, puede subsanarse en esta etapa y abrirse una instrucción suplementaria, con el tiempo que eso significa.
De cualquier modo, pocos son los que estiman que el primer juicio de CBI tendrá lugar durante el segundo semestre de 2018.
La Voz del Interior 27-6-18
Estudio jurídico nayI 