El Ministerio Público Fiscal solicitó la indagatoria de los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi por presunto abuso de autoridad en el caso «Bunge», por evasión tributaria. Además, hay una denuncia por lesiones graves contra una funcionaria judicial.

La Voz del Interior ,02 de abril de 2026

La Justicia federal de Córdoba volvió a sacudirse en las últimas horas por una denuncia de alto impacto que pega de lleno en el corazón de la Cámara Federal de Apelaciones.

Los fiscales federales Pablo Nicolás –a cargo de la Procuración Federal de la Nación– y Maximiliano Hairabedian presentaron un requerimiento de instrucción penal que involucra a dos camaristas cordobeses. Ni más ni menos que a la presidenta del cuerpo judicial y a su vice.

En concreto, la denuncia apunta directamente contra los jueces de Cámara Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, acusados de manipular la integración del tribunal para favorecer a imputados en causas de gran relevancia económica y de ejercer violencia laboral contra una secretaria que se negó a participar de dichas maniobras.

El núcleo de la acusación por abuso de autoridad se centra en la presunta manipulación de las salas del tribunal en el marco del caso «Bunge», una megacausa de evasión tributaria. Según el requerimiento fiscal, Sánchez Torres y Montesi habrían acordado vulnerar la ley de subrogancias y el orden legal de sorteos para intervenir juntos en los expedientes denominados «Padilla» y «Humanes».

La maniobra, siempre según la presentación de los fiscales, habría consistido en retener expedientes de manera injustificada hasta que el turno de subrogación permitiera que ambos magistrados –quienes mantienen entre ellos una relación de pareja– compartieran el voto.

Los fiscales destacan un dato asombroso: en la causa «Padilla», Sánchez Torres habría tardado apenas un minuto en analizar el expediente y emitir un voto idéntico al de Montesi, lo que permitió dictar la falta de mérito para el imputado.

Ahora, la decisión sobre el curso de la denuncia será analizada por el juez Alejandro Sánchez Freytes, quien deberá resolver si hace lugar al pedido de los fiscales para llamar a declaración indagatoria a los cuatro funcionarios implicados.

Otra denuncia

En el segundo hecho denunciado, se acusa al juez Sánchez Torres de desplegar actos de maltrato, hostigamiento y violencia de género sistemática contra la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya. La supuesta «represalia» habría comenzado cuando la funcionaria se negó a firmar una certificación que consideró ilegal para avalar la integración presuntamente amañada de las salas.

A partir de allí, el relato fiscal describe una atmósfera de «terror laboral». Se sostiene que Laje fue sometida a humillaciones públicas, gritos y descalificaciones frente a sus subordinados. El hostigamiento incluyó desde la prohibición de asistir al velorio del hijo de una amiga hasta el desalojo de su despacho, para ser trasladada a una oficina en condiciones inferiores, con muebles rotos y escasa luz natural.

Esta situación provocó un quiebre total en la salud de la secretaria. Los informes médicos detallan cuadros de pánico, ansiedad, depresión, pérdida de cabello y taquicardia, que la obligaron a tomar licencias psiquiátricas prolongadas.

El Ministerio Público califica estos hechos como lesiones graves calificadas por mediar violencia de género.

La denuncia sostiene que la violencia no cesó hasta que Sánchez Torres logró su objetivo: que Laje abandonara su cargo de secretaria de Cámara. Mediante una presión constante, que el fiscal describe como una «violación» de su voluntad, la funcionaria fue obligada a pedir una permuta que implicó un descenso de categoría a secretaria de primera instancia, con la consecuente pérdida salarial y de prestigio profesional.

Incluso se detalla cómo el juez habría instruido a otros funcionarios para que Laje borrara de sus notas de renuncia cualquier alusión a las entrevistas previas con él, buscando ocultar la coacción.

La presentación judicial no se limita a los jueces. También se requiere la indagatoria de Mario Roque Olmedo, secretario penal, por su “participación necesaria” en las presuntas maniobras de manipulación de causas.

Asimismo, el secretario de superintendencia, Gustavo Eduardo Flores, fue imputado por falso testimonio. Se sospecha que Flores mintió bajo juramento ante la fiscalía para encubrir las supuestas presiones que el juez Sánchez Torres ejerció sobre Laje para que modificara sus notas de permuta.

El requerimiento de los fiscales subraya que este nivel de arbitrariedad se vio facilitado por una concentración de poder interno en la Cámara, favorecida por la existencia de vocalías vacantes.

Los fiscales advierten sobre el «silencio, pasividad o tolerancia» que suele rodear a la violencia institucional en ámbitos burocráticos, y destacan el valor de quienes finalmente se atreven a denunciar.

Defensa de Sánchez Torres y Montesi

El abogado Carlos Nayi, que ejerce la defensa de Sánchez Torres, Montesi y Olmedo, aseguró que sus patrocinados «son ajenos a cualquier conducta de relevancia penal».

«Será el desarrollo regular, serio y objetivo de la investigación el que demostrará de manera acabada e irrefutable que los hechos denunciados no existieron conforme fueran denunciados», agregó el letrado.

En un comunicado que envió a La Voz, Nayi expresó: «El objetivo es claro: desmontar la hipótesis acusatoria en base a la verdad. La verdad no va a surgir del ruido ni de la no especulación sino de la prueba. El caudal probatorio en su conjunto permitirá dar a la sociedad toda una respuesta que necesita y se merece cuando los más altos magistrados del Poder Judicial de la Nación en Córdoba han sido alcanzados por una denuncia de la cual no son culpables».