Juicio por jurados. Crimen de Gabriela Pérez: disputa gremial, con barrabravas y droga como telón de fondo
Más allá del homicidio en un acto del sindicato de la limpieza, la violencia desplegada a partir de la presentación de una lista alternativa en las elecciones ocultaría oscuros intereses. El secretario general de Soelsac, Sergio Fittipaldi, describió crudas escenas de amenazas para presionar al electorado y a los candidatos oficialistas.
«Gabriela Pérez murió como producto de una guerra sindical. En la causa, la que menos aparece es Gabriela Pérez. En esta lucha sindical, hay dos factores: la estructura armada que la lleva a cabo, con los barrabravas, y la puesta en funciones de esa estructura».
Así graficó la fiscal de cámara Laura Battistelli el contexto en el cual se desarrolla el juicio por jurados que analiza el homicidio de la trabajadora del gremio de limpieza durante un acto sindical en el club Yapeyú, de la ciudad de Córdoba, en el mediodía del 9 de septiembre de 2023.
El presunto autor –según el expediente instruido por la fiscal Silvana Fernández– es Gustavo Omar Herrera (39), quien soporta ese peso acusatorio y acaso la culpa de que uno de los disparos que él habría efectuado a una multitud de 150 militantes terminara con la vida de Gabriela, nada más ni nada menos que su hermana.
En el banquillo de los acusados de este juicio en la Cámara 3ª del Crimen de Córdoba también se sienta quien es considerado partícipe necesario de ese «homicidio agravado por precio o por promesa remuneratoria», Adrián Ezequiel «Petaca» Vallejos (37), quien esgrime como coartada que, durante el tiroteo, él era registrado por cámaras a varios kilómetros de allí, en un partido de fútbol de su hijo.
Crimen de Gabriela Pérez: admiten cambio de la acusación y el juicio se hará con jurados popularesPorRedacción La Voz
La cuestión del «precio» o la «promesa remuneratoria» –unos 300 dólares– surgió en el fallido comienzo de este juicio que debía iniciar el mes pasado. El cambio de calificación hizo que el tribunal integrado por Gustavo Ispani, Ángeles Palacio de Arato y Leandro Quijada admitiera el pedido del Ministerio Público para citar al jurado popular para este martes.
Esta audiencia fue por demás intensa, por la duración, la variedad de trámites procesales, el testimonio del secretario general del Sindicato Obrero de Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac), Sergio Fittipaldi, y también por la exhibición de imágenes que muestran el atentado que terminó con la vida de Gabriela.
La larga lectura de la acusación –en particular, la descripción del segundo hecho que culmina con Pérez efectuando disparos con una pistola 9 milímetros– dio paso al trámite de «presentación del caso» ante el jurado popular. Las partes se esmeran por anticipar a los jueces del pueblo lo que verán en el debate, unos probando lo que dice el expediente, otros defendiendo los acusados.
Violenta disputa
Además de Battistelli y Fernández, la acusación pública se integra también con Marcelo Sicardi. La primera de ellos tomó la palabra y situó el juicio en el terreno donde parece enmarcarse: una muerte como resultado de una violenta disputa por el poder en el Soelsac, con oscuros intereses de fondo de quienes habrían planeado quedarse con una tentadora estructura gremial.
Según trascendió en esta audiencia, la aparición de la lista opositora «+Soelsac». promovida por Franco Saillén (del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba –Surrbac–) fue el inicio de episodios de amenazas, «aprietes» y atentados.
Luego llegó el turno de la identificación de los dos acusados. Llamó la atención la locuacidad de Herrera, quien aclaró, al ser consultado por sus antecedentes, que sí los tenía pero que nunca había cometido un «crimen». Al ser leído su largo historial de condenas por delitos contra la propiedad, se determinó que entre los 18 y los 39 años Herrera no estuvo preso apenas dos años.Confirman juicio al hombre acusado de matar de un balazo a su hermana en un acto sindical en CórdobaPorRedacción La Voz
Por su parte, Vallejos tenía breve historial computable, pero por robo simple.
Ambos acusados, siguiendo el consejo de sus defensores, se abstuvieron de declarar.
Macabro trasfondo
Al declarar Fittipaldi, quien pidió que los acusados no estuvieran presentes en la sala, lo hizo con ánimo de colaborar, pero la fiscal Battistelli se esmeró para que expusiera ante el cuerpo popular lo que quería plasmar y que era la respuesta a la repetida pregunta: «¿Por qué todo esto?»
Acaso atemorizado por lo que tenía que declarar, tal vez remiso por integrar una clase gremial que tiene sus códigos, el titular del Soelsac durante los últimos 20 años reconoció que jamás tuvo disputas electorales hasta diciembre de 2022, cuando se anotó la lista patrocinada por Franco Saillén, con referentes suyos entre los candidatos.
Tanta fue la insistencia de Battistelli que Fittipaldi terminó dando dato a dato lo que quería la fiscal subrogante sobre lo que buscaban aquellos que codiciaban el gremio: eran un grupo con vínculos con la anterior conducción de la barra brava de Talleres, el Soelsac tiene unos 20 mil afiliados (contra tres mil del Surrbac), distribuidos en todos los rincones de la provincia y posee una legión de fiscales para cualquier elección.
Al final, la insistencia de la fiscal consiguió el dato que conmovió a los presentes. Fittipaldi terminó reconociendo que esa estructura bien podría servir para diseminar el tráfico de droga en toda la provincia.
Fittipaldi reconoció, además, que varias veces fue amenazado de muerte él —y varios de sus seguidores—; que buscaban amedrentar a candidatos para que «se bajen» de la lista, y que en algunas reuniones políticas –como la del club Peñarol– allegados a Saillén hicieron todo para «romper» el acto.
La mujer fue ultimada de un balazo en un acto del gremio Soelsac, en Córdoba el 9 de septiembre de 2023. Gustavo Herrera será enviado a juicio por homicidio agravado. El otro acusado, cordobés, no logra ser capturado. El ataque sicario costó U$S 200. Aún no saben quién dio la orden.
Confirman juicio al hombre acusado de matar de un balazo a su hermana en un acto sindical en Córdoba
Gustavo Herrera debe responder por el crimen de Gabriela Pérez, ocurrido en el Club Yapeyú en 2023. En paralelo, otro sospechoso apeló el fallo del Juzgado de Control y deberá resolver la Cámara de Acusación. La fiscalía trabaja para dar con los autores intelectuales. 26 de febrero de 2026.
El Juzgado de Control Nº 9 de Córdoba confirmó que Gustavo Herrera deberá ser sometido a juicio como el supuesto autor del crimen de Gabriela Pérez, quien fue ultimada de un disparo mientras participaba de un almuerzo sindical del gremio de la Limpieza (Soelsac), en el Club Yapeyú, zona sudeste de la ciudad de Córdoba.
Herrera deberá responder como supuesto autor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, tentativa de homicidio, lesiones leves y amenazas, tal como lo había mandado a juicio oportunamente la fiscal Silvana Fernández.
La Voz del Interior 26-2-2026
La mujer fue ultimada de un balazo en un acto del gremio Soelsac, en Córdoba. Gustavo Herrera será enviado a juicio por homicidio agravado. El otro acusado, cordobés, no logra ser capturado. El ataque sicario costó U$S 200. Aún no saben quién dio la orden.
Hace un año Córdoba y el país se estremecían. Una joven que participaba de un almuerzo, en el marco de un acto sindical, moría asesinada de un balazo. Gabriela Pérez (24) se encontraba al lado de una ventana en el salón del Club Yapeyú, en el barrio homónimo de la ciudad de Córdoba, cuando llegaron al menos dos sicarios en un auto negro. Uno de ellos se bajó del coche y, pistola automática en mano, abrió fuego contra el club.
En las instalaciones se realizaba un acto del Soelsac, el gremio de los empleados de limpieza.
Ajena a todo, Gabriela recibió un balazo que atravesó la ventana y le causó la muerte. Trabajaba como empleada de limpieza en un edificio y era madre de una nena. Murió a los pocos instantes.
Todo sucedió el 9 de septiembre de 2023.
La causa tendría un giro dramático e inesperado: un hermano de la víctima terminaría siendo detenido y acusado de haber sido el autor material del crimen.
Gustavo Herrera, 36 años, fue detenido semanas después por investigadores de la Policía provincial. La fiscala Silvana Fernández lo acusó por homicidio agravado por el uso de arma de fuego por dolo eventual. El dolo eventual tiene que ver con que no tuvo intención directa de matar a su hermana, aunque debió representárselo al abrir fuego, según la causa.
Protesta vecinal en Yapeyú pidiendo justicia por la muerte de Gabriela Pérez ( Ramiro Pereyra /La Voz)
En paralelo, está acusado también por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Uno de los disparos casi mata a otra persona.
Se cumplió el primer año de aquel asesinato. Herrera, no sólo que continúa en la Cárcel de Bouwer, sino que la fiscala Fernández le dictó la prisión preventiva. El defensor, Sebastián Lezcano, no se opuso y la medida quedó firme.
La fiscal tiene toda la intención de enviarlo a juicio. Sin embargo, sigue tras los pasos de un prófugo, quien pareciera haberse hecho humo.
De todos modos, el trabajo para dar con él sigue firme. ?Va a caer?, dijo un investigador antes de cortar la llamada.
Familiares y amigos de Gabriela Pérez marchan por las calles del centro de la ciudad de Córdoba pidiendo justicia por la muerte de la joven en medio de una balacera entre supuestas facciones sindicales del gremio de la limpieza Soelsac
Atentado y por encargo por U$S 200
En la fiscalía y en el seno de la pesquisa tienen la hipótesis firme de que fue un atentado por encargo.
Alguien contrató a sicarios para abrir fuego contra el acto del Soelsac, un gremio enfrentado con el Surrbac, el sindicado de los recolectores de residuos.
Sin embargo, faltan pruebas firmes para trasladar la hipótesis del crimen por encargo a la acusación.
De allí que, por ahora, Herrera no esté imputado con el agravante de ?precio o promesa remuneratoria?.
?Sabemos que alguien los mandó a hacer ese ?trabajo?. Faltan elementos para acusar e imputar. La sospecha es que se trató de una pelea entre gremios o facciones. Muchas veces, los gremios contratan mano de obra para ciertas cosas?, comentó a La Voz una alta fuente de la causa.
Según la pesquisa, al menos un hombre (el prófugo) fue en un Peugeot 308 RCZ negro a buscar Herrera. ?Fue el último que consiguieron para hacer ese ataque. Le pagaron 200 o 250 dólares. No más?, contó otra alta fuente de la causa.
Aquel 9 de septiembre, los dos individuos llegaron hasta el club y se estacionaron a la vuelta. Un hombre de gorra se bajó, caminó y, con una 9 milímetros, abrió fuego contra el club.
Casi mata a Gonzalo Fuentes, un hombre que estaba en la entrada.
El otro proyectil atravesó una ventana y dio en Gabriela.
Tras el ataque, el agresor corrió hasta el auto y escapó junto con su cómplice. A las pocas cuadras, una cámara captó cuando el vehículo frenó y un hombre de gorra bajó.
?A los pocos minutos, alguien avisó a la familia:Mataron a Gabriela Y Herrera no lo podía creer. Ese día desapareció de su casa, no fue al velorio y comenzó a dormir en distintos lugares y a cambiar de celulares, explicaron fuentes judiciales.
Protesta vecinal en Yapeyú pidiendo justicia por la muerte de Gabriela Pérez ( Ramiro Pereyra /La Voz)
Indicios contra el acusado
Un indicio es una prueba que, por si sola, no significa mucho.
Ahora bien, analizado en conjunto con otros indicios, puede sostener una acusación.
Sobre Gustavo Herrera pesan varios indicios:
- Un peritaje antropométrico da alta similitud entre él y el hombre de gorra. El estudio fue hecho con técnicos de la Justicia.
- Hay rastreos y seguimientos de celulares, entrecruzamiento de llamadas y escuchas.
- Análisis de filmaciones antes, durante y después del hecho.
- Su presunta vinculación con el prófugo.
- Desapareció de su casa poco después del crimen, cambió de teléfonos y de domicilios.
- Había salido de la cárcel hacía poco y se lo vio con un poco dinero luego del crimen.
- A Herrera se le secuestraron prendas que son compatibles a las usadas en el ataque.
Alojado en el Módulo MX 1 de la Cárcel de Bouwer, Herrera sigue insistiendo que es inocente de todo.
El defensor, Sebastián Lascano, no se opuso a la prisión preventiva. De todos modos, el letrado considera que los indicios no son suficientes para condenar.
La madre de Herrera y parte de la familia lo defienden. En un primer momento, la familia había realizado varias marchas en reclamo de justicia.
El auto del ataque apareció en Rosario
Tras una ardua y precisa pesquisa de investigadores policiales, el auto usado en el ataque fue hallado cinco meses después en una concesionaria de Rosario. Estaba a la venta.
Desde el seno de la causa descartaron que detrás del hecho haya personas de aquella ciudad o provincia.
La causa tiene una parte querellante. El abogado Carlos Nayi representa al viudo y a la hija de 6 años que el hombre tenía con Gabriela. Reclaman justicia.
Nayi, quien avala la investigación realizada, insiste que se trató de un atentado por encargo y espera que el otro acusado sea detenido para que ambos sean enviados a juicio.
La voz del Interior 10-9-24