Rechazaron la apelación de un desarrollista y va a juicio por presuntas estafas en Córdoba
La Cámara de Acusación de la Justicia provincial confirmó la elevación a debate de Eduardo Bersano y su mano derecha, Eliana Juárez.
21 de septiembre de 2026, La Voz del Interior
El empresario Eduardo Daniel Bersano (55) y su mano derecha Eliana Melina Juárez (41) irán finalmente a juicio, acusados de presuntas estafas reiteradas por valores millonarios con departamentos “en pozo” que nunca fueron entregados en la ciudad de Córdoba.
La novedad judicial se conoció por estas horas, luego de que la Cámara de Acusación declaró erróneamente concedidas las apelaciones de Bersano y Juárez y confirmó la elevación a juicio ordenada por el juez de Control N° 7, José Milton Peralta.
Córdoba: ¿de qué se acusa al desarrollista Bersano y a Juárez?
La fiscal de Delitos Complejos del Segundo Turno, Valeria Rissi, concluyó que Bersano y Noroeste Emprendimientos SA (representada por su presidente Sergio Villella) y Galeón Prop SA (representada por su presidenta, Juárez) suscribieron en 2013 el contrato de constitución del Fideicomiso Buenos Aires Privato.
Noroeste y Galeón se obligaron a aportar al dominio fiduciario $ 800 mil cada uno. Bersano asumió como fiduciario y se comprometió a adquirir el inmueble para la construcción de un edificio en 36 meses desde la suscripción del contrato.
Luego, el empresario Roberto Urquía, titular de la aceitera AGD, se incorporó como fiduciante y beneficiario privilegiado (sería uno de los perjudicados). Aportó $ 3,9 millones y lotes que se sumarían al mencionado. El edificio contaría con 13.654 metros cuadrados, locales comerciales, 100 departamentos y 180 cocheras.
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En la primera de las adendas, se incorporaron al fideicomiso, como fiduciantes adherentes, Sergio Villella SA (representada por su presidente, Julio Rodríguez) y Viltecna SA (representada por su presidenta, Juárez).
En paralelo, y tras negociaciones anteriores, Bersano adquirió en 2013 el lote de Buenos Aires 835/837/841, por $ 5,5 millones. Otro empresario aportó el lote en Buenos Aires 853 a cambio de la entrega de un local comercial y cinco departamentos por construirse allí.
Las sospechas sobre Bersano recayeron cuando dos inversores se interesaron por dos departamentos “en pozo” de Buenos Aires Privato como “inversión segura” para sus hijos, seducidos por las publicidades del emprendimiento en medios periodísticos y sitios web.
Las unidades eran comercializadas por Villella y Grupo Artemisa. Indicaron que Villella y su socio Rodríguez (fueron investigados, pero la fiscal descartó responsabilidad penal) les ofrecieron el emprendimiento, cuyo comienzo “sería inmediato y con pronta entrega”.
En 2015 decidieron adquirir dos departamentos, sumando en el proyecto a un tercer adquirente. Pagaron U$S 140 mil. Pero un año después de haberse sumado al fideicomiso, advirtieron que la construcción del emprendimiento no había comenzado.
Bersano les dijo que había algunos problemas y que tendrían que hacer “algunos cambios”, ante lo cual los denunciantes pidieron la devolución de los fondos.
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El empresario les pidió, en cambio, que firmaran nuevos contratos de adhesión, con la devolución de los contratos originales (para reajustar costos, buscar financiamiento y comenzar la construcción), a lo cual accedieron. Con la nueva adhesión, se les redujo a la mitad el precio pagado originariamente, pero la obra nunca comenzó. Lo intimaron, pero Bersano nunca fue notificado porque las direcciones del fideicomiso y del desarrollista eran inexistentes, según la investigación.
De acuerdo con los denunciantes, Rodríguez y Villella ofrecieron solucionar el pleito con el aporte de dos terrenos en el emprendimiento Acquavista y una participación en la liquidación extrajudicial. Aceptaron, pero tampoco se concretaron los pagos, hasta que finalmente se cerró un acuerdo con ellos.
La fiscal sospecha que el empresario paralizó la construcción del edificio de forma deliberada, dilató las respuestas a los clientes y enajenó departamentos ocultando su real situación y la imposibilidad material de entregarlos.
El caso de una exjefa de Afip
En 2017, Bersano ofreció un departamento a una exjefa de Afip, representada por el penalista Carlos Nayi. Confiada, decidió abonar la suma. Pero relató que Bersano nunca le advirtió sobre algún inconveniente en la obra, a pesar de que la construcción fue abandonada.
“Sabía de antemano que no podría cumplir”, advirtió la fiscal sobre la maniobra que habría utilizado el empresario. Rechazó así la versión de Bersano de que la damnificada sabía del “riesgo” que implica un fideicomiso.
La Justicia determinó que la insuficiencia patrimonial del fideicomiso se produjo en diciembre de 2016, es decir, antes del cierre del acuerdo de la denunciante con Bersano.
El fideicomiso Illia Privato
Por su parte, dos entonces socios de una empresa cordobesa denunciaron a Bersano. Señalaron que en 2015 firmaron dos contratos de incorporación a Buenos Aires Privato por dos departamentos, por la confianza que tenían en el empresario.
Así, aceptaron realizar nuevos negocios con él. Valiéndose del fideicomiso Boulevard Illia Privato y de su condición de fiduciario, el desarrollista los habría convencido de adquirir departamentos a sabiendas de que no los entregaría, de acuerdo con la acusación.
Los denunciantes suscribieron dos cesiones de derechos con Galeón (Juárez era la presidenta) y otras dos cesiones de derechos a título personal, por las que adquirirían cuatro departamentos en Illia 540 (se constató que el edificio de 12 pisos fue abandonado en 2017). Abonaron U$S 100 mil en la sede de Artemisa (de Bersano, con Juárez como gerenta) y en cuotas el resto.
Poco después, el desarrollista les ofreció otros dos departamentos, pero en Buenos Aires Privato. Firmaron dos cesiones de derechos con Viltecna. Para la fiscal, Juárez, como presidenta de esa SA, realizó un “aporte” a la maniobra.
Si bien Juárez en Galeón y en Viltecna figuraba como su presidenta, la fiscal advirtió que en la práctica era Bersano quien manejaba las sociedades como “socio silencioso”, ya que reconoció en su declaración que las “administraba”.
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Los denunciantes iban a recibir los dos departamentos como contraprestación por la renuncia a la participación que los adquirentes tenían en Alimentos Mediterráneos SA. Para la instructora, Bersano y Juárez sabían que no les entregarían los departamentos, lo que les ocasionó un perjuicio.
Para 2017, ya habían sido vendidos 102 departamentos, 180 cocheras y tres locales comerciales, “percibiendo Bersano la totalidad de los precios, a pesar de lo cual las únicas tareas fueron la demolición y el movimiento de suelo”. A pesar de la cantidad de perjudicados, según así lo declararon, la enorme mayoría no denunció los hechos, esgrimiendo diversas razones.
Los socios de la reputada empresa advirtieron luego que Buenos Aires Privato (Bersano renunció en 2018) arrastraba deudas impositivas millonarias y el terreno era ya un baldío. La Municipalidad corroboró que en 2019 la obra no contaba con permiso de edificación y no había arrancado.
Sobre el fideicomiso, pesaban embargos por deudas personales generadas por el empresario y una demanda. No se efectuaron rendiciones, no se encontraron asientos contables y el destino de los fondos percibidos en cada contrato de adhesión “solamente era justificable con una intencionalidad de sustraer y apropiarse de los fondos”.
Tras no encontrar una solución viable, los empresarios lo denunciaron. Finalmente, en otro proceso, la Justicia ordenó la liquidación judicial de ese fideicomiso.
Escuchas
Las intervenciones telefónicas a Bersano y a Juárez revelaron, para Rissi, las “irregularidades” que habrían pergeñado con Buenos Aires Privato. Juárez le expresó su máxima preocupación por todo lo que ella había firmado. “Muchas cosas hicimos mal”, le dijo, a lo que el empresario respondió: “Sí, Meli. Ya lo sé”, indicó Bersano.
En otros diálogos, Juárez le expresó a una conocida que ella se escondía en la oficina cuando surgían problemas. “Me siento delincuente”.
“Numerosos testimonios de la causa ubican a Juárez no sólo suscribiendo documentos, sino recibiendo los pagos a distintos emprendimientos”, resaltó Rissi. “Juárez prestó su colaboración para la maniobra de estafa de Bersano a sabiendas de que el desarrollo de Buenos Aires Privato se encontraba paralizado”, agregó.
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Rissi también imputó a Bersano y a Juárez por presunta estafa a otra denunciante. La damnificada ingresó a Illia como fiduciante y fideicomisaria, mientras que Galeón (representada por Juárez) ingresó como fiduciante inversor. Bersano fue designado como fiduciario y quedó a cargo de la administración de la obra.
Al finalizar la obra, ese fideicomiso le adjudicaría a la mujer 14 departamentos y un local comercial en 36 meses. “Bersano logró la posesión del inmueble, lo que le permitió simular la construcción del edificio (…), sabiendo que nunca se iba a construir puesto que no destinaría los fondos para ello, perjudicándolos”, le achacó Rissi.
Se confirmó que Illia no contaba con registros sobre ingresos y egresos y el destino de los fondos, y se suma a la falta de inscripción en IPJ, deudas, juicios y adjudicaciones de departamentos a terceros por compromisos de Bersano ajenos al emprendimiento.
La fiscal detectó que el desarrollista había realizado inversiones de Buenos Aires Privato en rubros distintos a la construcción, como el agrícola. “Se puede inferir la finalidad de lucro con la que actuó, en perjuicio del fideicomiso, abonando con cheques de este sus negocios agropecuarios”, indicó Rissi.
En un pendrive hallado en la casa de Juárez, se encontró sugestivamente un archivo titulado “Manifestación de bienes”, con un listado de complejos de cabañas a escriturar, campos, locales, cocheras, departamentos y casas, y participaciones en empresas por un total de U$S 13,9 millones. “Serían de titularidad de Bersano”, advirtió la fiscal.
No dejó de resultarle “llamativo” que esas propiedades no figuren en el informe patrimonial elaborado por el fisco. Sin embargo, no hubo pista concreta que condujera a un posible lavado de dinero o más derivaciones.
A juicio
El juez de Control Peralta rechazó las oposiciones del abogado de los imputados, Alberto Misino, en referencia a la prescripción de la acción penal y de nulidad de la elevación a juicio, y los envió a debate.
Pero el defensor apeló ante la Cámara de Acusación. Solicitó la revocación de la elevación y el sobreseimiento de Bersano (o la nulidad de lo actuado) basado en varios planteos, entre ellos, la presunta inexistencia de delito y la clausura prematura de la investigación.
Respecto de Juárez, también pidió el sobreseimiento por inexistencia de delito o prescripción. Consideró que Juárez sólo era una empleada y que no tuvo participación necesaria en las maniobras.