La Justicia Federal de Córdoba atraviesa horas de fuerte tensión tras el requerimiento de investigación formulado contra las máximas autoridades de la Cámara Federal provincial. Los fiscales solicitaron la imputación de la presidenta de la Cámara, Graciela Montesi, el vocal Abel Sánchez Torres y el secretario Mario Roque Olmedo.

En diálogo con La Voz En Vivo, el abogado defensor Carlos Nayi expresó su sorpresa ante la noticia y aseguró que se enteraron por los medios y no por canales oficiales. El letrado calificó la denuncia como «absolutamente infundada» y «falaz» en el marco de la defensa de sus representados.

Nayi aclaró que los delitos atribuidos por los fiscales son abuso de autoridad y lesiones graves. Estos cargos surgen a partir de una denuncia presentada por una secretaria del tribunal, aunque el defensor sostiene que no existen elementos que vinculen maltrato con la actividad funcional de los magistrados.

Antecedentes y la causa Bunge

El conflicto se vincula con la intervención de la Cámara Federal en causas de alto perfil, como el caso Bunge por evasión tributaria agravada. Según Nayi, los hechos investigados ocurrieron entre 2011 y 2013, pero la Cámara comenzó a intervenir recién en diciembre de 2020.

El defensor explicó que el juez de Villa María había dictado falta de mérito, decisión que fue revocada por la Cámara en junio de 2021. «El doctor Sánchez Torres, con la adhesión de la doctora Navarro, ordenó llevar adelante una investigación profunda», señaló Nayi durante la entrevista.

Para la defensa, el accionar de los jueces buscaba evitar que el proceso se volviera circular y corriera riesgo de retrogradación. Nayi enfatizó que en la causa Bunge se terminó dictando el sobreseimiento en septiembre de 2024 tras el pago de la deuda tributaria.

Cuestionamientos por la conformación de la sala

Sobre las críticas a la integración de la sala y la relación personal entre Montesi y Sánchez Torres, Nayi fue tajante al señalar que se trata de cuestiones privadas. Aseguró que mientras la conducta de los integrantes se ajuste al código de procedimiento y objetividad, sus acciones privadas están exentas de la autoridad de los magistrados.

«Esta situación se ha reiterado a lo largo de los años tanto en la justicia federal como en la provincial», argumentó el abogado. Asimismo, destacó que ante posibles errores en la integración de causas por vacantes, estos fueron corregidos de forma inmediata sin que existiera reproche legal.

El reciente fallo de la Corte Suprema

Un dato central aportado por Nayi es una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 17 de marzo de 2026. Según el abogado, el máximo tribunal rechazó un pedido de la denunciante para dejar sin efecto una permuta de cargos por considerarlo extemporáneo.

«La decisión de la permuta fue voluntaria, libre y alejada de cualquier mecanismo de presión», afirmó Nayi citando sus fuentes. El letrado lamentó que este documento oficial de la Corte no haya sido valorado íntegramente en el requerimiento fiscal actual.

Actualmente, la causa se encuentra bajo secreto de sumario mientras el juez Alejandro Sánchez Freytes decide si acepta la imputación solicitada. «Se trabajará incansablemente en búsqueda de la verdad real», concluyó Nayi, anticipando que propondrán medidas de prueba y testigos para desestimar la acusación.

La voz del Interior 6/4/2026