Potrero del Estado: el triangulo de las Bermudas de las motos secuestradas
- No cesa el robo de vehículos incautados en operativos efectuados por la Policía.
- Piden que se investigue a una banda delictiva que opera bajo las narices del Estado.
Una vez puede ser negligencia. Dos, casualidad. Pero 11 denuncias que describen el mismo modus operandi en sólo un puñado de meses ya hacen que las alertas sean otras. Motos que desaparecen de las narices del Estado. Rodados que secuestrados por la Policía y que la Justicia ordenó que fueran devueltos a sus propietarios por falta de pruebas sobre algún posible delito, pero que al momento de la devolución ya no aparecen en ningún lado.
Un ardid tramado bajo el ala oficial.
El último caso conocido tiene como víctima a un joven empleado de una playa de estacionamiento de la ciudad de Córdoba, quien el pasado 31 de julio fue frenado por policías en un control ubicado en la vía pública. Él viajaba en una moto Honda Titan 150, que tenía un espejo algo dañado. Como no llevaba la cédula, los policías decidieron secuestrar el rodado. Lo cargaron en un patrullero y le dieron un papel para que fuera a Tribunales a reclamarla.
En ese papel se leía: “Este trámite es gratuito. Para retirar motocicletas se debe contar con casco normalizado, chapa patente debidamente colocada, licencia de conducir moto y tarjeta verde. DNI del titular registral”.
El joven cumplió con todos los requisitos y demostró en una unidad judicial que era el propietario y que no había cometido ningún delito.
El ayudante fiscal que lo recibió no necesitó mucho más para convencerse. Se le impuso una multa de 6.600 pesos, firmó la restitución del rodado y le indicó que fuera a buscarlo al predio de Potrero del Estado, en la comuna de Bouwer.
Era el 24 de septiembre pasado, pero al joven le dieron turno recién para el 6 de este mes.
Se trata de un complejo estatal en el que hay motos y autos secuestrados por la Justicia. Cuenta con custodia policial las 24 horas, los siete días de la semana y cualquier ingreso o egreso de un vehículo debe contar con el aval judicial.
Sin embargo, cuando llegó el día del turno, al joven lo hicieron esperar seis horas a la puerta de ingreso al predio estatal: la moto, le dijeron después, había desaparecido.
El muchacho buscó al abogado Carlos Nayi y presentó una denuncia penal. La número 11 que este letrado firma de julio a esta parte por delitos similares: motos secuestradas por el Estado que desaparecen sin que nadie pueda dar un motivo coherente.
“Hurto”, “violación a los deberes de funcionario público”, “omisión de denuncia” y “abuso de autoridad” formaron parte de los posibles delitos que solicitó que fueran investigados.
Pese a que ya hay 11 casos denunciados con la misma mecánica, de manera insólita cada uno es investigado por separado en la fiscalía que por turno quedó a cargo. Aún la Justicia cordobesa no investiga la trama en común que une a cada uno de estos robos.
“El mismo patrón”
“La última vez que este humilde joven vio su moto fue cuando la subían a un patrullero: una vergüenza”, resumió el abogado Nayi.
En su análisis, el letrado no sólo advirtió sobre que la Policía tiene que custodiar ese predio de manera permanente, sino que también resaltó que esta situación se viene observando en medio de una importante mora en Tribunales para resolver los pedidos de restitución de los rodados secuestrados en la vía pública.
Y completó: “Se reitera el mismo patrón delictivo: secuestro de la moto por parte de la autoridad policial, se demuestra que no hay ninguna anomalía, pagan la multa y acompañan la documental para acreditar la titularidad, y, tras un largo peregrinar para obtener la orden judicial de restitución, potenciado por la época de cuarentena, obtienen la orden para ir a buscar el rodado. Tras cuatro o seis horas de espera, y de pagar un flete, se encuentran con la gran sorpresa. Todas estas conductas sugieren un entramado delictivo: ha llegado la hora de la Justicia para determinar todos los niveles de responsabilidad”, describió.
La Voz del Interior 25-11-20
Detienen a dos policías por el robo de motos secuestradas por la Justicia
Una mujer y un hombre fueron capturados por el presunto delito de encubrimiento. Es en el marco de una de las 11 causas similares desperdigadas en diferentes fiscalías.
Desde mediados de este año se vienen acumulando las denuncias penales por diferentes delitos que aparentan tener la misma lógica criminal: motos secuestradas por la Justicia que desaparecen del predio en el que quedan estacionadas.
Diferentes ciudadanos aseguran que han sido víctimas de una maniobra calcada: en la calle, son frenados cuando viajan en moto por la Policía, que termina por quitarles el rodado por alguna falta menor, pero, cuando van a buscar el vehículo en el predio de Potrero del Estado, se encuentran con que allí alguien se lo robó.
Un espejo roto o la falta de la documentación que acredite la propiedad de la moto suelen ser las causas principales. Cuando los policías secuestran el rodado en cualquier calle de la ciudad de Córdoba, la indicación es clara: la moto queda en custodia por orden judicial.
Ante esto, el propietario comienza un peregrinar por unidades judiciales o por el mismo edificio de Tribunales 2. Presenta papeles hasta que un funcionario despeja cualquier duda y ordena la restitución.
Con una hoja oficial y con un turno, el dueño tiene que dirigirse al predio de Potrero del Estado, en la comuna de Bouwer, donde quedan estacionados todos los vehículos secuestrados por la Justicia.
Y es allí donde ocurre lo insólito: pese a tener custodia policial las 24 horas de los 365 días del año, las motos han desaparecido.
El abogado Carlos Nayi ya patrocina a 11 damnificados de esta maniobra. Once casos calcados que desnudan no sólo un descontrol, sino una fuerte sombra de complicidades oficiales en torno a estas “desapariciones”.
Sin embargo, hasta ahora los casos no han sido investigados todos juntos por una sola fiscalía, sino que cada denuncia continúa desperdigada en la sede judicial que le tocó en su momento.
En las últimas horas del jueves, el fiscal de Distrito 1, Turno 6, José Bringas, ordenó imputar y detener a dos policías, a los que acusó del presunto delito de encubrimiento, en el marco de la investigación por una de las 11 denuncias que presentó en su momento el abogado Nayi.
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Según trascendió de fuentes judiciales y policiales, ya que no hubo ninguna comunicación oficial al respecto, fueron detenidos una cabo primera, que depende del Cuerpo Técnico de la Policía, y un cabo primero, del que no se especificó su actual lugar de trabajo.
En los allanamientos practicados por personal de la unidad judicial 23, se secuestraron seis teléfonos celulares, dos bicicletas, dos cuadros de bicicletas y documentación.
“Hay denuncias dispersas en diversas fiscalías. Esto excede la figura penal de encubrimiento, acá hay asociación ilícita, ya que no se trata de una maniobra individual”, apuntó el abogado Nayi.
El letrado agregó que urge la intervención del predio de Potrero del Estado y que se conforme un grupo dentro de la Policía especializado en transparentar la cadena de custodia.
“Hurto”, “violación a los deberes de funcionario público”, “omisión de denuncia” y “abuso de autoridad” formaron parte de los posibles delitos que Nayi solicitó que fueran investigados cuando comenzó a observar la escalada de denuncias similares.
Pero la Justicia cordobesa aún no investiga la trama en común que une a cada uno de estos robos.
No obstante, altas fuentes policiales aseguraron que en los próximos días puede que se produzcan avances en una investigación similar, pero que apunta a responsabilidades superiores dentro de la custodia de Potrero del Estado.
Se trata, hasta ahora, de una pesquisa que se estaría realizando bajo un total hermetismo.
En paralelo, en Tribunales 2 comenzó a hablarse mucho de este tema en los últimos días, tras la difusión pública de esta seguidilla de casos. “La Justicia no puede desentenderse de lo que está ocurriendo porque cada vehículo que desaparece está a disposición de un fiscal o de un juez y es responsabilidad de ellos velar por estos automotores”, añadió una fuente judicial que conoce bien de cerca los entretelones del principal edificio penal de la provincia.
La detención de estos policías cayó como un baldazo de agua fría en Jefatura. Sucede que ayer se conoció que tres comisarios quedaron presos por el encubrimiento en el “gatillo fácil” que se cobró la vida de Blas Correas en agosto (ver página 26), mientras que hace una semana otro policía había sido detenido junto con una banda que realizaba estafas con la compra y venta de automotores.
La Voz del Interior 28-11-20
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