Tres condenados a prisión por facilitar el consumo de drogas en FIESTA ELECTRÓNICA, murió por éxtasis SAMIR VELAZQUEZ
Este viernes fueron condenados a cuatro años y medio de prisión tres hombres que en 2019 organizaron una fiesta electrónica clandestina en una casa quinta de Camino a 60 Cuadras sin contar con autorización de la Municipalidad de Córdoba. En ese evento de convocatoria masiva murió un joven de 20 años por haber consumido éxtasis.
Alejandro César Aguirre (38), Ricardo Marconi (58) y Gonzalo Omar Ortiz (37) fueron hallados responsables por haber creado las condiciones para el consumo de drogas, con tres agravantes. Esta fue la larga figura penal por las que se los responsabilizó: “Facilitación de lugar para que concurran personas con el objeto de usar estupefacientes, triplemente agravado, por ser en perjuicio de menores de 18 años de edad, por la intervención de tres o más personas de manera organizada y por haberse realizado en un sitio donde se realicen espectáculos o diversiones públicos”.
La condena en la Cámara 12ª del Crimen incluyó la absolución de un cuarto acusado, el enfermero Ariel Antonio Carlettini (51) quien estaba ajeno a la organización y habría sido convocado para asistir a los bailarines que pudieran descomponerse. Defendido por el asesor letrado Martín Cafure, tras el debate se descartó su responsabilidad en la realización del evento.
Debe aclararse que aún está pendiente el juzgamiento de los condenados por el homicidio de la víctima fatal de este evento, Samir Velázquez, de 20 años, quien murió como consecuencia del consumo de éxtasis durante el baile electrónico.
EL HECHO
Entre las 0.30 y las 4.30 del 6 de octubre de 2019 -cuando las restricciones sanitarias eran inimaginables- se desarrolló la fiesta electrónica en una casa quinta del kilómetro 8 (pasando el aeródromo Coronel Olmedo), con la organización de los hoy condenados Aguirre, Marconi y Ortiz. Los dos primeros eran integrantes del grupo denominado “Peca2″ y el tercero del grupo “Journey”, “dedicados habitualmente a la producción de fiestas electrónicas”, según la acusación.
“Sin contar con inscripción registral alguna para tal actividad, organizaron de manera conjunta y clandestina –al no contar con la debida autorización de la Dirección de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Córdoba-, un evento de música electrónica de concurrencia masiva”, sostuvo el fiscal instructor Carlos María Cornejo.
El fiscal indicó que los tres “crearon y predispusieron las condiciones óptimas y necesarias para facilitar al gran número de asistentes, entre los que se encontraban menores de edad, la utilización del lugar para usar libre, pública y ostensiblemente estupefacientes, principalmente éxtasis (MDMA), como así también popper, marihuana y ketamina”.
Como parte de la logística, que reafirma el delito de facilitación, “difundieron con antelación el evento mediante la red social Instragram, el que denominaron ‘Journey Aniversario, 12 Techno’, sin indicar el lugar específico de su realización”.
Luego, el fiscal aclara que “momentos previos a la hora señalada para el comienzo de la fiesta (cerca de las 0.30 horas), enviaron la ubicación exacta a través del grupo cerrado de Whatsapp” que había creado Aguirre. Además, fletaron traslados en colectivos desde la zona del Mercado Sud de la ciudad de Córdoba para asegurarse de su participación, garantizándose así, la exclusión absoluta de cualquier tipo de control estatal”.
De este modo, se considera que los tres organizadores eludieron “cualquier tipo de control de ingreso (ni de la Policía ni de empresas privadas de seguridad) en materia de detección de sustancias estupefacientes y en lo relativo a acreditar la mayoría de edad de los concurrentes”.
El fiscal instructor consideró que “Aguirre, Marconi y Ortiz contrataron de modo informal al enfermero Carlettini “para que desarrollara el servicio de asistencia sanitaria”. Sin embargo, este tramo de la acusación no pudo establecerse en el debate oral.
El fiscal Cornejo sostuvo en su acusación que “con todas estas irregularidades, los imputados aseguraron a los asistentes una zona para el uso libre de estupefacientes colocándolos en una situación de vulnerabilidad y desamparo que puso en riesgo la salud pública”.
La Voz del Interior 5-10-21
Éxtasis: a juicio los organizadores de una fiesta electrónica en Córdoba que terminó en muerte
Justicia provincial. Cuatro acusados deberán afrontar un doble proceso en contra de ellos: por el deceso de un joven de 20 años y por facilitar la venta y consumo de drogas en el lugar.
El “viaje” irremediable de la fiesta a la muerte: el pasado el 6 de octubre de 2019, durante una fiesta clandestina de música electrónica, en una quinta ubicada en el Camino 60 cuadras, al sur de la ciudad de Córdoba, a sus 20 años Samir Velázquez encontró la muerte demasiado temprano, luego de ingerir una pastilla de éxtasis.
Aún las fiestas clandestinas tenían otra connotación, muy diferente a la que adquirirían meses después cuando irrumpió el coronavirus, la cuarentena y todo el nuevo orden social.
Pero en aquel momento, entiende la Justicia, la clandestinidad de ese evento terminó por ser clave en el fatal desenlace.
El evento fue organizado por las productoras Peca2 y Journey, que funcionaban de manera ilegal al no contar con las correspondientes habilitaciones.
Peca2, sostiene aquellos que conocían de sobra la movida nocturna de ese entonces, se había especializado en organizar after ya cuando la madrugada comenzaba a alargarse hacia la mañana. Eventos de música cuya ubicación de iba modificando de manera permanente, por lo que los asistentes recién se enteraban por mensajes que se viralizaban por celulares sólo horas antes de comenzar.
Según se sostiene en la investigación penal, en aquella oportunidad y mientras el evento se llevaba adelante, Samir Velázquez sufrió una descompostura, se desvaneció y fue asistido en la quinta por el supuesto servicio médico contratado por los organizadores.
Al no reaccionar, Velázquez fue trasladado hasta el Hospital Florencio Díaz en donde momentos después se constató su deceso.
Su muerte generó una doble investigación: por un lado, el fiscal del fuero de Lucha Contra el Narcotráfico (menudeo), Carlos María Cornejo, comenzó a indagar sobre la venta y consumo de drogas ilegales en ese evento; mientras que el entonces fiscal Pedro Caballero (hoy jubilado) se ocupó en analizar las responsabilidades en torno a la muerte del joven.
Los organizadores Alejandro César Aguirre, Ricardo Marconi y Gonzalo Ortiz fueron detenidos e imputados como supuestos coautores del delito de facilitación de lugar para que concurran personas con el objeto de usar estupefacientes triplemente agravado por ser en perjuicio de menores de 18 años de edad; por la intervención de tres personas de manera organizada; y por haberse realizado en un sitio en donde se llevó a cabo un espectáculo público.
Esta causa ya fue elevada a juicio y se espera que en los próximos meses comiencen las audiencias en la Cámara 12ª del Crimen de la ciudad de Córdoba.
Pero ahora, el fiscal Tomás Casas, que tomó el expediente que dejó su par Caballero cuando se jubiló, acaba de elevar a juicio la otra causa: Aguirre, Marconi y Ortiz también deberán responder por el delito de homicidio culposo. O sea, se los responsabiliza por la muerte de Samir.
En ambas causas hay un cuarto imputado que también se deberá sentar en el banquillo de los acusados: a Ariel Antonio Carlettini, quien supuestamente debía brindar asistencia médica a los concurrentes, se le endilgan los mismos delitos pero en calidad de partícipe necesario.
Carlettini es un enfermero que, según la Justicia, esa noche hacía las veces de médico. De allí, que también se le agregó la imputación por usurpación de título.
“Fue una fiesta electrónica ilegal que se realizó en un conocido lugar, que todos sabían de su existencia. Los que organizaron la fiesta facilitaron la concurrencia de menores de 18 años y también el suministro de estupefacientes. Por eso estas personas están imputadas en dos causas ya elevadas a juicio”, resumió el abogado Carlos Nayi, quien representa a la familia de Samir.
“Fiestas electrónicas ilegales que terminan por contaminar a personas que van a divertirse y terminan por encontrar la muerte ha motivado esta dura respuesta judicial. Lo de Samir es irreparable pero ha permitido que la Justicia ha construido un mensaje que espero que sea ejemplificador para que este tipo de flagelos no se siga reproduciendo”, subrayó el letrado.
CAUSA SIMILAR
También motivó una doble causa, por homicidio culposo y narcomenudeo, la muerte de Tania Abrile, la artista plástica que falleció el 24 de julio de 2016 tras ingerir éxtasis en una fiesta electrónica habilitada que se desarrollaba en el Superdomo Orfeo, de la ciudad de Córdoba.
Los empresarios de Buenas Noches Producciones (BNP), Iván Aballay y Héctor Baistrocchi, fueron acusados por el delito de homicidio culposo y por facilitación de lugar para el consumo de estupefacientes, doblemente agravada, aunque la Cámara de Acusación los sobreseyó en sendos fallos. Estas últimas resoluciones fueron casadas y se aguarda que se expida el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
En esa causa también quedó involucrado Walter Barreto, imputado por homicidio simple y ejercicio ilegal de la medicina.
La Voz del Interior 17-9-21
Drogas: las claves de la causa por el “after” ilegal donde un joven murió por éxtasis
«La quinta». En esta casona alquilada, en el kilómetro 8 del camino a 60 cuadras, ocurrió el drama en octubre del 2019. (Ramiro Pereyra)
- Por qué mandaron a juicio a los empresarios de la fiesta clandestina a la que fue Samir Velázquez.
- Para el fiscal, el lugar estaba montado para vender y consumir drogas.
- Las penas de cárcel podrían llegar a 16 años.
El after se iba a hacer en una casona de barrio Los Boulevares. El evento había sido anunciado en una cuenta de Instagram. Era un aniversario de la empresa y había que festejar. Desde hacía tiempo, los afters se venían realizando, según la Justicia, de manera reiterada y sin autorización en distintos puntos de la ciudad de Córdoba. En la Juan B. Justo “arriba”, en Los Boulevares, a la vera de la autopista Córdoba Rosario, en Warcalde, en el predio “abandonado” cerca del Kempes; varios eran los sitios.
Las fiestas siempre eran iguales: por el grupo privado de WhatsApp se le enviaba a último momento a los “clientes” la ubicación del predio, se ofrecían colectivos desde el Centro para los que no tenían autos (la ida era gratis y se pagaba la vuelta), los eventos no tenían autorización, no había policías ni guardias, las entradas se pagaban en la puerta y no había ticket (sólo un sello estampado en la mano). Adentro, música, DJ, alcohol y agua a 100 pesos. Los baños pocas veces funcionaban.
Y eso sí, según declararían muchos jóvenes, había mucha droga, donde sobresalían las sintéticas, como el éxtasis, el LSD, Popper y ketamina.
Volviendo a aquella madrugada, algo hizo que hubiera que cambiar el plan. No está claro si fue que la Policía y los inspectores de Espectáculos Públicos habían empezado a dar vueltas, lo concreto es que la fiesta en los Boulevares se mudó de espacio.
El lugar anunciado por WhatsApp era “la Quinta”, como se conocía a la casona del camino a 60 Cuadras.
Allí, hacía tiempo que las fiestas se venían haciendo y eran masivas en afluencia y, según testigos, en drogas.
En la madrugada del 6 de octubre de 2019, las cosas terminaron mal: un asistente cayó descompuesto al piso.
En una falsa ambulancia, fue llevado al Hospital Florencio Díaz.
Samir Andrés Velázquez llegó muerto. Tenía 20 años.
“Éxtasis con alcohol”, dijeron sus amigos y un tío, cuando los médicos preguntaron qué había tomado. En su billetera quedaba otra pastilla.
Su padre comenzó a reclamar justicia. Los medios se hicieron eco.
Samir se convirtió en el cuarto joven muerto por consumir éxtasis en fiestas electrónicas en Córdoba.
Su muerte disparó dos investigaciones. Por un lado, una causa por homicidio culposo (negligencia).
Por otro lado, hubo una segunda causa que avanzó: fue en el fuero provincial contra el narcotráfico.
A 14 meses de la trágica muerte de Samir, los tres supuestos organizadores de la fiesta y un enfermero (que presuntamente hacía las veces de médico) fueron enviados a juicio.
Los acusan de favorecimiento de espacio para el consumo de estupefacientes, triplemente calificado. Así lo entendió el fiscal Carlos Cornejo, quien dispuso que sigan presos.
Para el fiscal, estas personas habrían montado un espacio privado y clandestino para que los jóvenes fueran a drogarse. Los acusados son: Alejandro César Aguirre (36) y Ricardo Marconi (56), ambos de la firma “Peca2”; el DJ Gonzalo Omar Ortiz (35), de la firma “Journey”; y el enfermero Ariel Antonio Carlettini (49).
Las penas van de 4 a 16 años de cárcel efectiva. El juicio se hará en la Cámara 12ª del Crimen de Córdoba.
No hubo un solo secuestro de droga. No se hallaron sustancias, ni vestigios, ni nada que se le parezca.
Sin embargo, el volumen de los testimonios de pibas y de pibes asistentes a ese evento donde murió Samir -y a otros similares de los mismos organizadores– fue de tal magnitud que, en conjunto con otras pruebas, terminaron teniendo tanto peso que se convirtieron en la base central de la acusación.
En el expediente consta un sinnúmero de testimonios que señalan cómo se desarrollaban esas fiestas clandestinas y sin autorización de la Municipalidad. En esos afters, además de venderse alcohol, había asistentes –según el fiscal– que vendían drogas a la vista y que eran consumidas por chicas y chicos. El consumo iba desde porros hasta pastillas de éxtasis, que se vendían hasta 500 pesos. Otras drogas muy buscadas era el Popper (se inhala de un pequeño frasco), la ketamina o el LSD.
En la causa, abundan testimonios de jóvenes, tales como: “era notorio el consumo de drogas en esas fiestas”; “se consumía todo tipo de drogas, yo tomé éxtasis, Popper y ‘keta’”; “esa noche tomé éxtasis y se lo compré a un chico a 350 pesos”; “esa noche había mucha gente vendiendo droga adentro”; “la pista era un descontrol”; “siempre veías personas que estaban repuestas, redrogadas”; “la policía no iba”; “algunos llevaban la droga de antes y otros las compraban ahí dentro”; “esas fiestas eran tierra de nadie”; “en esas fiestas siempre se vendieron estupefacientes y se sabía”; “siempre en esas fiestas de esa gente hay chicos vendiendo marihuana, ketamina, Popper y éxtasis”; “me llamó la atención cómo la gente se drogaba sin ningún reparo”.
Al declarar, los acusados siempre negaron los cargos de manera tajante.
El predio no contaba con un puesto médico ni de primeros auxilios ni profesionales de la salud. Cuando Samir se descompuso, el enfermero Carlettini lo subió a su vieja Ford Courier que tenía el logo de “ambulancia”, pero no contaba con elementos de primeros auxilios ni oxígeno, ni siquiera sirena. Antes de subirlo, sacó y tiró unos viejos tablones.
El joven llegaría muerto al hospital. Según testigos, poco después de que el joven fue sacado de la fiesta, uno de los sospechosos salió raudamente en su auto llevándose una mochila.
“Los imputados (les) aseguraron a los asistentes una zona para el uso libre de estupefacientes, colocándolos en una situación de vulnerabilidad y desamparo que puso en riesgo la salud pública”, señala el fiscal.
Desbarataron un “narco after” en Córdoba
Había 80 clientes. Se detuvo a tres hombres por venta de drogas.
Un “narco after” que funcionaba en barrio Maldonado, al este de la ciudad de Córdoba, fue desbaratado en la madrugada de ayer por la Fuerza Policial Antinarcotráfico. En el lugar había unos 80 jóvenes, varios de los cuales estaban consumiendo drogas. Las sustancias (marihuana y cocaína) eran vendidas, según la causa, en esa casa y en dos “quioscos” ubicados en la misma cuadra: en el pasaje Esnaola. Se detuvo a tres hombres de 50, 40 y 21 años. Todos son integrantes de una familia conocida como “los Colela”. Varios integrantes de esa familia se han visto involucrados en los últimos años con varias causas por narcotráfico. La investigación está en manos del fiscal Sebastián Romero. En el “narco after” se hallaron algunas dosis de drogas y alrededor de 40 mil pesos. Dos de los hombres quedaron presos por favorecimiento de espacio para consumir drogas; otro, por vender.
La Voz del Interior 21-12-20
Samir Velázquez había asistido al lugar y murió tras una intoxicación con éxtasis. El pedido abarca también al presunto enfermero.
El fiscal Carlos Cornejo, del fuero Antinarcomenudeo, elevó el pedido de prisión preventiva para los tres supuestos organizadores de la trágica fiesta electrónica clandestina a la que asistió Samir Andrés Velázquez, el joven de 20 años que murió tras una intoxicación con éxtasis, y para el presunto “enfermero”.
El pedido involucra a Alejandro César Aguirre (36), Gonzalo Omar Ortiz (35) y Ricardo Marconi (56), quienes están detenidos en la cárcel de Bouwer, como coautores de la supuesta facilitación del lugar para el consumo de estupefacientes.
A su vez, Pedro Caballero, el otro fiscal que interviene en el caso, los acusó de homicidio culposo.
También fue solicitada la preventiva para el cuarto detenido, el supuesto enfermero Ariel Antonio Carlettini, a quien Caballero lo imputa por supuesto homicidio simple con dolo eventual y ejercicio ilegal de la medicina.
Via Pais
Fiesta electrónica: agravan la imputación al enfermero Carlettini
Estaba imputado por homicidio simple con dolo eventual y ejercicio ilegal de la medicina, pero el fiscal Carlos Cornejo le sumó la facilitación del lugar para el uso de estupefacientes.
El fiscal del fuero de lucha contra el narcomenudeo Carlos Cornejo dispuso en las últimas horas agravar la imputación para
Ariel Antonio Carlettini, y le sumó la misma carátula que a los otros tres detenidos por la fiesta electrónica en la que murió
Samir Velázquez: facilitación del lugar para el uso de estupefacientes.
Sobre el enfermero Carlettini ya pesaba la imputación por homicidio simple con dolo eventual y ejercicio ilegal de la medicina dispuesta por el fiscal Pedro Caballero –a cargo de investigar la muerte de Samir-, ya que se presume que se presentaba como médico sin tener los conocimientos ni la habilitación para hacerlo.
“Se ha ampliado la imputación y se ha ordenado su detención”, señaló a radio Mitre Cornejo, quien tiene a su cargo la investigación por la venta de droga en la fiesta en la que murió el joven tras consumir éxtasis.
El evento no contaba con habilitación, y se desarrolló en una vivienda de Camino a 60 Cuadras.
“(La ampliación) es por facilitación del lugar para el uso de estupefacientes, a mi criterio formaba parte junto a los organizadores de estos eventos”, agregó el fiscal.
Además de Carlettini (49), están detenidos Ricardo Marconi (56), Alejando César Aguirre (36) y Gonzalo Omar Ortiz (35), quienes ya fueron trasladados a la cárcel de Bouwer.
La Voz del Interior 15-10-19
Córdoba. El abogado Carlos Nayi representará a la familia de Samir Andrés Velázquez (20), el joven que murió tras haber participado de una fiesta electrónica clandestina en las afueras de la ciudad de Córdoba. Hoy se conocieron los resultados de la autopsia que determinaron que falleció a causa de una insuficiencia cardiorrespiratoria y avanza la causa que tiene cuatro imputados y detenidos.
Así lo informó el fiscal Pedro Caballero, quien investiga el caso ocurrido el fin de semana pasado y por el que se encuentran detenidos e imputados cuatro hombres (entre ellos un empresario de Villa Carlos Paz). Alejandro Aguirre, Ricardo Marconi y Gonzalo Omar Ortíz se encuentran acusados de «homicidio simple con dolo eventual» como presuntos organizaciones del evento, mientras que el enfermero Ariel Carlettini, ha sido imputado por un supuesto «ejercicio ilegal de la medicina».
La autopsia reveló que el joven murió por una insuficiencia cardiorespiratoria
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Extasis: Investigan la muerte de un joven en Córdoba en una fiesta electrónica
Nayi asumió formalmente la representación de los padres de Samir Velázquez (que habría consumido éxtasis en el evento que se realizaba en una casa-quinta en el camino a 60 cuadras). «Darío Velázquez desde el dolor, el papá de Samir, el joven fallecido en una fiesta electrónica clandestina, producto de haber consumido éxtasis, se presenta ante la fiscalía pidiendo de ser admitido como querellante particular. No pide mano dura, sino mano justa al fiscal que entiende en la causa, para que este tipo de episodios no vuelva a ocurrir»; dijo el penalista a este medio.
«La fiesta estuvo dominada en todo momento por el descontrol por el abuso, y más allá de las cuatro personas detenidas (tres de ellas con imputación de homicidio y uno con la imputación de ejercicio ilegal de la medicina), pedimos que se analicen otras responsabilidades, aquellos que consintieron, los que apoyaron y los que colaboraron en la organización de este evento. No es una fiesta privada, sino que está claro a la luz de las primeras evidencias, que se cobró una entrada en un evento no autorizado y que obviamente circulaba droga que terminó con una vida; reconoció el letrado en diálogo con El Diario. Mañana se conocerá el informe toxicológico realizado sobre el cuerpo del joven, que permitirá conocer si falleció por el consumo de estupefacientes dentro del predio.
El Diario de Carlos Paz 9-10-19
Estudio jurídico nayI 