Caso Solange Musse: fijaron la fecha del juicio al exdirector del COE y una trabajadora social, para septiembre
La Cámara Criminal y Correccional de la ciudad de Río Cuarto fijó para septiembre el inicio del juicio por jurados en la causa de Solange Musse, en la que están imputados Eduardo Javier Andrada, exresponsable del extinto Centro de Operaciones de Emergencia (COE), y la trabajadora social ex-COE Analía Elizabeth Morales.
Ambos sospechosos están acusados como coautores de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por su actuación en 2021, cuando el padre de Solange, Pablo Musse, no pudo despedirse de su hija (quien padecía cáncer terminal) al negársele el ingreso a Córdoba.
Según se desprende de la resolución firmada por el camarista Daniel Antonio Vaudagna, el inicio formal del juicio fue fijado para el 5 de septiembre a las 8.30.
El caso de Solange Musse
La familia de la mujer de 35 años -que falleció en 2021 sin poder ver por última vez unos minutos a su padre- busca determinar la posible “cadena de responsabilidades”, partiendo desde “la primera”.
Pablo Musse había decidido viajar para verla por última vez, debido al cáncer terminal de mama de estadio cuatro (metástasis en huesos, hígados y pulmones), por lo que llegó a la localidad de Huinca Renancó tras 40 horas de manejo sin descanso por Neuquén, Río Negro y La Pampa.
Presentó la documentación requerida para viajar: el pedido de circulación especial de alcance nacional junto con el de su cuñada, que los autorizaba a viajar desde Pottier, en Neuquén, hasta la ciudad de Córdoba, y también el certificado de regreso a su casa. Entre los requisitos que le solicitaban desde el COE, figuraba la realización de un hisopado negativo 48 horas antes del ingreso.
Debido a los dos testeos dudosos (y no positivos, como figura en el registro de guardia y como adujo la Provincia en su momento) para Covid-19, los funcionarios habrían abusado de su autoridad al hacerlos regresar, escoltados por la Policía.
En ese punto habrían incumplido lo que mencionan los protocolos de ingreso a la provincia en el contexto de la pandemia cuando se detecta un caso sospechoso de Covid-19. En esa circunstancia, como indica el protocolo, el conductor debía ser analizado en un hospital.
Ante la imposibilidad de poder despedirse de su hija, como sostuvo el abogado Carlos Nayi (en representación de los padres) en su denuncia, se habría violado el Protocolo 48 (sobre la circulación de personas en territorio cordobés), porque el texto menciona que los que no residan en Córdoba podrán ingresar y transitar dentro de la provincia en casos de “fuerza mayor”, como el fallecimiento de un familiar directo o la asistencia a familiares y a adultos mayores
Al volver a Neuquén, Musse se hizo un hisopado, que dio negativo, y con la autorización del juez Bustos Fierro pudo llegar hasta Alta Gracia para despedir los restos de su hija.
Posteriormente, Musse denunió penalmente a las autoridades del COE, el Ministerio de Salud de Córdoba y funcionarios policiales.
Si bien en un principio habían sido no sólo imputados Andrada y Morales, sino también el médico Sergio José Alí, (del ex-COE) y suboficia-l policial Darío Javier Mansilla, estos últimos dos fueron desincriminados.
La Voz del Interior –
Caso Musse: confirmaron que dos imputados irán a juicio y piden investigar a Alberto Fernández
La Cámara Criminal de Río Cuarto validó el fallo del juez de Control.
La Cámara Criminal Correccional y de Acusación de Segunda Nominación de Río Cuarto confirmó la elevación a juicio de los únicos dos imputados por las presuntas irregularidades en la causa de Pablo Musse, el hombre que no pudo despedirse en 2020 por última vez de su hija, Solange, y ratificó el fallo de primera instancia para que se investigue si el entonces presidente Alberto Fernández cometió algún delito.
El caso Musse
El fiscal de Huinca Renancó, Marcelo Saragusti, elevó a juicio a cuatro acusados por presunto abuso de autoridad en cumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de los deberes, que impidieron al padre de Solange ingresar a Córdoba para desperdirse por última vez de su hija enferma de cáncer terminal.
El padre de la joven había denunciado penalmente a las autoridades del ahora extinto Centro de Operaciones de Emergencia (COE), el Ministerio de Salud de Córdoba y funcionarios policiales.
Fueron enviados a juicio el médico Eduardo Javier Andrada (director del Hospital de Huinca Renancó y a cargo del COE en ese momento) y la trabajadora Analía Morales (del ex COE), como probables coautores de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público; el cirujano Sergio José Alí, (del ex COE) como posible partícipe necesario de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes; y suboficial Darío Javier Mansilla, como supuesto autor de omisión de los deberes del oficio.
El fiscal amplió la pesquisa contra los acusados e incorporó más elementos probatorios y testimonios y elevó la causa nuevamente a juicio.
Luego fueron desincriminados Alí y Mansilla. De esta forma solo Andrada y Morales fueron enviados a juicio. Se opusieron a la medida del juez de Control de Huinca Renancó, Claudio Mazuqui, y apelaron ante la Cámara de Río Cuarto.
El autor del primer voto del tribunal de alzada, Carlos González Castellanos, sostuvo que los apelantes solo “se limitan a realizar un análisis parcializado de los fundamentos expuestos” por el juez Mazuqui, “y consecuentemente de la prueba incorporada, pretendiendo poner en crisis la argumentación del inferior”.
“Lo cual –agregó el camarista- no se muestra viable toda vez que las conclusiones de aquél evidencian una derivación razonable, tanto de las constancias de autos, como del derecho aplicable”.
“Solo quiero resaltar que coincido con lo manifestado por el juez de Control en orden a que esta causa ha tenido una gravedad inusitada en un contexto en que la sociedad argentina sufrió en demasía”, dijo y citó las palabras de Mazuqui.
Particularmente resaltó las expresiones del juez sobre la importancia de que el tribunal que encabece el juicio investigue y decidida “si ha habido la comisión de delito alguno y responsabilidad penal que comprometa al máximo titular del Poder Ejecutivo Nacional (en referencia al entonces presidente Fernández), a la fecha de los hechos, o algún o varios funcionarios públicos y de esta manera poder cumplir y hacer valer esa sentida frase de Solange Musse: ‘Hasta el último suspiro tengo mis derechos’”.
Los pares del camarista, los vocales Emilio Francisco Andruet y Pablo Bianchi, votaron en consonancia, por lo que la Cámara rechazó la apelación de Andrada y Morales y confirmó la elevación a debate juicio de ambos.
La Voz del Interior 18-12-24
Están bajo sospecha dos médicos, una asistente social y un policía. La querella pedirá la recusación del juez de la causa.
El fiscal de Huinca Renancó, Marcelo Saragusti, elevó nuevamente a juicio a los cuatro acusados por presunto abuso de autoridad en cumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de los deberes, respectivamente, que impidieron al padre de Solange Musse ingresar a Córdoba para desperdirse por última vez de su hija enferma de cáncer terminal.
La novedad judicial se conoció por estas horas, 10 meses después de la primera elevación a juicio de dos médicos, una trabajadora social y un policía por su presunto rol irregular.
El padre de Solange, Pablo Musse, había denunciado penalmente a las autoridades del ahora extinto Centro de Operaciones de Emergencia (COE), el Ministerio de Salud de Córdoba y funcionarios policiales, por la que hay cuatro imputados.
Los acusados y enviados a juicio por el fiscal son el médico Eduardo Javier Andrada (director del Hospital de Huinca Renancó y a cargo del COE en ese momento) y la trabajadora Analía Morales (del ex COE), como probables coautores de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público; el cirujano Sergio José Alí, (del ex COE) como posible partícipe necesario de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes; y suboficial Darío Javier Mansilla, como supuesto autor de omisión de los deberes del oficio.
Caso Solange Musse: envían a juicio a un policía, una trabajadora social y dos médicos
El fiscal amplió la pesquisa contra los acusados e incorporó más elementos probatorios y testimonios y elevó la causa a juicio ante la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Río Cuarto.
El funcionario judicial indicó que ya con los resultados de los testeos realizados a Musse y su cuñada, Paola Oviedo, Andrada y Alí, sabiendo de “la situación de emergencia impostergable por la que Musse requirió ingresar” tanto “por la razón del contacto con su hija a fines de ejercer su derecho al último adiós como por el traslado de Oviedo de regreso a su domicilio dada su incapacidad”, consultaron a Morales y “todos en conjunto acordaron que debía impedirse el paso y continuar con su trayecto con destino a Alta Gracia a Musse y Oviedo”.
“Resolvieron que debían regresar a su domicilio de origen –Plottier, Neuquén- encapsulados y escoltados por una comisión policial. Así las cosas, instruyeron al sargento Mansilla, de Policía Caminera, quien cumplía la función de jefe de guardia sobre cómo debía proceder y cumplimentar lo resuelto”, indicó.
“Con tal decisión, asumida en conjunto por Alí, Andrada y Morales desatendieron la directriz que ordena que para estos supuestos impostergables se debe escoltar hacia el domicilio de la persona discapacitada y al de residencia de quien por su padecimiento límite, hacía impostergable su presencia”, afirmó.
El abogado de Musse, Carlos Nayi, adelantó a La Voz que el padre de Solange -como querellante- recusará con causa al juez de Control Claudio Mazuqui, ya que su esposa, Romina Daniele, trabaja como asistente social en el mismo hospital donde se desempeña como director el imputado Andrada y porque asesoró al COE durante la pandemia.
LA CRONOLOGÍA DEL CASO SOLANGE MUSSE
La familia de la mujer de 35 años -que falleció en 2021 sin poder ver por última vez unos minutos a su padre- busca determinar la posible “cadena de responsabilidades”, partiendo desde “la primera” tras la denuncia que quedó a cargo de la Justicia provincial, tras el fallo de la Corte Suprema.
Antes del nuevo fallo del máximo tribunal, la fiscal federal de Río Cuarto, Alicia Cena,había imputado en mayo del año pasado al sargento primero de la Policía Caminera Darío Masilla (con asiento en Huinca Renancó), a los médicos Eduardo Javier Andrada y Sergio Alí, del COE, y Analía Morales, trabajadora social del COE Río Cuarto por presunta violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad al impedir el ingreso del padre de Solange a Córdoba para que pudiera despedirse de ella. Todos fueron indagados en su momento.
Los cuatro fueron acusados de haber incumplido los deberes de funcionario público al impedirles, el 16 de agosto de 2020, el ingreso a la provincia a Pablo Musse y a su cuñada, Paola Lorena Oviedo (discapacitada), quienes no pudieron trasponer el puesto de control interprovincial ubicado en la ruta 35, en Huinca Renancó.
Musse había decidido viajar para verla por última vez, debido al cáncer terminal de mama de estadio cuatro (metástasis en huesos, hígados y pulmones), por lo que llegó a Huinca Renancó tras 40 horas de manejo sin descanso por Neuquén, Río Negro y La Pampa.
Presentó la documentación requerida para viajar: el pedido de circulación especial de alcance nacional junto con el de su cuñada, que los autorizaba a viajar desde Pottier, en Neuquén, hasta la ciudad de Córdoba, y también el certificado de regreso a su casa. Entre los requisitos que le solicitaban desde el COE, figuraba la realización de un hisopado negativo 48 horas antes del ingreso.
Debido a los dos testeos dudosos (y no positivos, como figura en el registro de guardia y como adujo la Provincia en su momento) para Covid-19, los funcionarios habrían abusado de su autoridad al hacerlos regresar, escoltados por la Policía.
En ese punto habrían incumplido lo que mencionan los protocolos de ingreso a la provincia en el contexto de la pandemia cuando se detecta un caso sospechoso de Covid-19. En esa circunstancia, como indica el protocolo, el conductor debía ser analizado en un hospital.
Ante la imposibilidad de poder despedirse de su hija, como sostuvo el abogado Carlos Nayi (en representación de los padres) en su denuncia, se habría violado el Protocolo 48 (sobre la circulación de personas en territorio cordobés), porque el texto menciona que los que no residan en Córdoba podrán ingresar y transitar dentro de la provincia en casos de “fuerza mayor”, como el fallecimiento de un familiar directo o la asistencia a familiares y a adultos mayores.
Al volver a Neuquén, Musse se hizo un hisopado, que dio negativo, y con la autorización del juez Bustos Fierro pudo llegar hasta Alta Gracia para despedir los restos de su hija.
La fiscal indicó que Andrada (director además del Hospital René Favaloro, de Huinca Renancó), Alí y Morales, del COE, que se encontraban en ese puesto para realizar el control sanitario. Ante un caso sospechoso, sus funciones consistían en la derivación de las personas al Hospital San Antonio de Padua, de Río cuarto (de acuerdo con el protocolo del COE de ingreso a la provincia).
La Voz el Interior 08-06-2023
Caso Solange Musse: la Corte ordenó que, por ahora, la causa vuelva al fuero federal y se investigue 17-12-20
Caso Solange Musse: la Corte ordenó que, por ahora, la causa vuelva al fuero federal y se investigue
El máximo tribunal señaló que una investigación no puede suspenderse por cuestiones de competencia (federal o provincial, en este caso). Así, el juez de Río Cuarto debe disponer de las medidas necesarias para que se avance con la denuncia del padre de la mujer fallecida.
La Corte Suprema de Justicia ordenó que la causa original en la que se investiga la denuncia penal de Pablo Gustavo Musse para que se investigue a las autoridades de la Provincia que no le permitieron ingresar a Córdoba para ver a su hija enferma de cáncer retorne al Juzgado Federal de Río Cuarto mientras se dirime si la competencia para entender en el expediente es federal u ordinaria.
La denuncia y la cuestión de competencia
La familia de la mujer de 35 años que falleció de cáncer meses atrás sin poder ver por última vez a su padre debido a que las autoridades provinciales le impidieron inicialmente el ingreso a Córdoba, busca determinar la posible «cadena de responsabilidades», partiendo desde «la primera».
El padre denunció los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, privación ilegal de la libertad calificada, en que habrían incurrido autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), el Ministerio de Salud y la Policía al no permitirle entrar a territorio cordobés para ver a su hija en vida.
El juez federal N°1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, quien en primera instancia intervino al conceder el amparo a Musse al autorizarlo a viajar desde Neuquén a Alta Gracia, para el velatorio de su hija, resolvió remitir la causa al juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa.
El magistrado, en consonancia con el dictamen de la fiscal federal interina Cena, resolvió girar la causa a la Fiscalía de Huinca Renancó.
La familia, a través del abogado Carlos Nayi apeló la medida, y el caso «subió» a la Cámara Federal de Córdoba, que confirmó el fallo del juez Ochoa de que la causa debe tramitarse en el fuero ordinario.
Sin embargo, el fiscal provincial Marcelo Saragusti rechazó intervenir. En noviembre, el juez de Competencia Múltiple de Huinca Renancó, Claudio Mazuqui, elevó a la Corte Suprema la causa para que resuelva si la competencia para investigar es federal o provincial.
El máximo tribunal ordenó devolver el expediente “al juzgado de origen” (Juzgado Federal de Río Cuarto) “requiriéndole que, con aquellas actuaciones que considere necesarias para decidir al respecto, forme el pertinente incidente de competencia (artículo 49 del Código Procesal Penal de la Nación– ley 23.984-)”.
Bajo el apartado “efectos”, el articulado señala: “Las cuestiones de competencia no suspenderán la instrucción, que será continuada: a) por el tribunal que primero conoció la causa (…)”.
Tras la resolución de la Corte, el juez provincial Mazuqui resolvió la remisión del expediente al Juzgado Federal de Río Cuarto.
De esta forma, el juez Ochoa deberá disponer los medios para que la causa se investigue mientras que resuelve la competencia final para entender en ella.
“Más allá de que la Justicia penal con competencia federal de Río Cuarto debe avocarse con urgencia a analizar los probables niveles de responsabilidad de las autoridades del COE, del Ministerio de Salud de Córdoba, personal del COE y funcionarios públicos de las diferentes fuerzas policiales de cuatro provincias, no debe descuidarse que el caso Solange Musse ha dejado al descubierto un falso dilema entre salud pública y salud individual, habilitando conductas que exhiben una particular manera de hacer sufrir”, dijo el abogado de la familia.
“Se han llevado adelante en nombre de la pandemia conductas perversas, crueles, degradantes, afectando garantías constitucionales que exceden el agravio individual. Es una situación de escándalo y descaro jurídico que impone la necesidad de que la Justicia investigue y determine responsabilidades. Preservar la salud pública es una prioridad pero las causas nobles no dispensan los actos innobles”, opinó Nayi.
La Voz del Interior 17-12-20
¿Por qué el caso Solange llega a la Corte Suprema?
Se espera que el máximo tribunal defina a quien le corresponde investigar la denuncia del padre, Pablo Musse, quien no pudo ingresar a Córdoba para ver a su hija agonizante. Lo obligaron a volver a Neuquén, con custodia policial de cuatro provincias.
Solange Musse murió de cáncer en Córdoba, el 21 de agosto, sin poder cumplir su último deseo, que era ver a su padre. Pablo Musse. En medio de la Pandemia de coronavirus, autoridades del Coe provincial y la Policía, impidieron el ingreso de Musse a la Provincia a tiempo.
“Hasta mi último suspiro tengo mis derechos”, imploraba y exigía Solange (35) en una última carta pública. Pero no hubo caso. Tras su muerte, sus padres pidieron que se investiguen responsabilidades por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y privación ilegal de la libertad calificada (porque los hicieron volver con escolta policial a Neuquén, manejando sin descanso). Aparte, denunciaron al Estado Argentino, por violación de garantías nacionales e internacionales, ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Primero recurrieron a la Justicia Federal, pero el Juzgado de Río Cuarto consideró que no le correspondía ocuparse del tema. La Cámara de Apelaciones confirmó la incompetencia federal. No obstante, el camarista Ignacio Vélez Funes, dejó sentada una opinión: “Cualquier persona en una circunstancia extrema como la vivida por el denunciante (Pablo Musse) y su cuñada (Paola Oviedo, que tiene una discapacidad motriz y viajaba con él), no puede ser indiferente”. Cuestionó “cómo no hubo otra solución más atendible para un caso donde un padre quería compartir los últimos minutos de vida de su hija Solange Musse gravemente enferma».
Solange no pudo despedirse de su papá porque le impidieron el ingreso.
Para el abogado patrocinante de Musse, Carlos Nayi, “la declaración de incompetencia de la Justicia Federal (…), soslaya y minimiza tanto la extensión como el alcance nacional o internacional de los derechos humanos en juego” y omite considerar que se puso en crisis un permiso de circulación interjurisdiccional (que tenían el padre y su cuñada, con discapacidad motriz) . Nayi también mencionó que a Mussi y su cuñada, “de manera ilegal, ilegítima, arbitraria, degradante y cruel”, se les negó la posibilidad de ejercer el «derecho al adiós» en flagrante violación Protocolo 48 elaborado por el Comité de Bioética y Derechos Humanos creado para el abordaje de la pandemia por el Covid-19 en Córdoba.
Argumentó que se habrían configurado “hechos delictivos en cuatro provincias al obligarlos a conducir escoltados por ocho patrulleros policiales más de cuarenta y tres horas sin parar, tales como abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad calificada, desde que ingresaron a la ciudad de Huinca Renancó y hasta que arribaron a suelo neuquino”.
Una brasa caliente
La causa Solange se convirtió en una brasa caliente para la Justicia. Desde la Justicia Federal fue derivada al juez de Huinca Renancó, Claudio Mazuqui. Este lunes, tras dejar planteadas las atribuciones recíprocas de incompetencia formuladas por el Juzgado Federal y de la Fiscalía de Huinca Renancó, Mazuqui resolvió remitir la causa a la Corte Suprema.
El juez expresó: “el análisis de la denuncia de Pablo Musse, debe efectuarse en este contexto de Covid 19, pandemia y de aislamiento (ASPO), y que estas actuaciones lleguen a la C.S.J.N. y una resolución acorde a derecho respecto a qué organismo deba investigar, comience a darle a la familia Musse, la tranquilidad de que desde no tan solo lo jurídico, sino de lo humano, el Poder Judicial está a la altura de resolver las distintas peticiones”.
El magistrado sostuvo que “impartir justicia en este caso quizás ayude a mitigar ese dolor que la familia Musse lleva consigo”.
“Dicen que los jueces hablamos a través de nuestras sentencias, también lo debemos hacer en nuestras vidas, poniendo a cada minuto lo mejor de nosotros, y es imposible separar lo jurídico de lo humano, porque en definitiva lo que nos precede es lo segundo a lo primero. Se trata en definitiva de humanizar la Justicia”, admitió Mazuqui.
Entre otros precedentes, el juez Mazuqui citó que la CSJN ya intervino en una situación semejante: el conflicto planteado por productores rurales de Córdoba a los que les impedían ingresar a San Luis.
Dinero y protocolos
El incidente en el puesto sanitario de Huinca Renancó se produjo el 16 de agosto. El COE le exigió a Musse y su cuñada un hisopado con resultado negativo, realizado 48 horas antes del ingreso a la Provincia, Musse explicó que había avisado a la municipalidad de Alta Gracia, donde estaba radicada su hija, que no tenía dinero para costear el test de manera particular. Allí le habrían asegurado que lo dejarían ingresar pero debería cumplir con un período de aislamiento.
Tras una confusa situación, en Huinca, los obligaron a volver a Neuquén, con patrulleros como custodia. En su ciudad de residencia, finalmente Musse se hizo un hisopado que confirmó que no tenía coronavirus. Cuando un juez cordobés le permitió el ingreso, ya era tarde, sólo pudo estar en Córdoba para despedir los restos de su hija. “Lo que han hecho con mi padre y mi tía es inhumano, humillante y muy doloroso”, dijo la propia Solange en su último mensaje a la comunidad.
La Voz del Interior 5-11-20
Caso Solange: remiten a la Corte la denuncia presentada por Pablo Musse contra el COE y otras autoridades
Resta que el alto tribunal defina si interviene el Juzgado Federal de Río Cuarto o la Fiscalía de Instrucción de Huinca Renancó.
Tras la denuncia penal presentada por Pablo Gustavo Musse para que se investigue a las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), el Ministerio de Salud de Córdoba como así también de funcionarios de diferentes fuerzas policiales, luego de que no le permitieran ingresar a la provincia para ver a su hija enferma de cáncer, el Juzgado de Competencia Múltiple de Huinca Renancó remitió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) las actuaciones iniciadas.
Musse se dirigía desde el sur del país hacia Alta Gracia para ver a su hija Solange, quien estaba cursando una etapa terminal de su enfermedad.
Tras la resolución, la CSJN deberá dirimir una “cuestión de competencia” suscitada entre el Juzgado Federal de Río Cuarto y la Fiscalía de Instrucción de Huinca Renanco, indicaron desde la Justicia.
En su resolución, el juez Claudio Mazuqui explicó que los órganos judiciales involucrados en esta “atribución recíproca de incompetencia” sólo tienen como superior común a la CSJN.
El magistrado sostuvo que el análisis de la denuncia de Pablo Musse “debe efectuarse en este contexto de Covid 19, pandemia y aislamiento”.
“A la familia Musse, ante tanto dolor por el fallecimiento de Solange, nos queda decir que la acompañamos como a tantas otras que el Covid 19 se ha llevado; por ello, impartir justicia en este caso quizás ayude a mitigar ese dolor que la familia Musse lleva consigo”, precisó.
La Voz del Interior 2-11-2020
Dos meses sin Solange Musse: la plaza de su infancia llevará su nombre y el reclamo por sus derechos
La joven que no pudo despedirse de su papá antes de morir habría cumplido 36 años mañana. Su familia llevará sus cenizas al mar y sigue reclamando contra los funcionarios: “La manera en que murió no la perdono”, afirma el padre.
Fue un abrazo de varios minutos en silencio. Un abrazo del que no querían separarse más, un abrazo partido, porque la familia ya no era la misma. «Pero había que dar vuelta la página porque es lo que Solange hubiera pedido. Es dolorosísimo pero hay que aceptarlo y así lo hicieron sus padres y su familia, que volvieron a su casa».
Adriana Igarzábal, familiar cercana, junto a la incondicional Isabel Fernández fueron el apoyo y la contención durante más de 180 días de Solange Musse y de Beatriz Oviedo, que alquilaron una casa en Alta Gracia, Córdoba. Madre e hija habían viajado desde Neuquén a mediados de febrero. Sol iba a reanudar un tratamiento contra un cáncer de mama en una lucha que llevaba más de una década.
El lunes 28 de septiembre, a media mañana, concluía una etapa delicada que terminó siendo un calvario para Beatriz Oviedo, que volvía a su casa de Plottier (Neuquén) pero sin su hija Solange, la joven de 35 años que murió el 21 de agosto y cuyo caso cobró trascendencia e indignación pública porque a su padre, Pablo Musse, no lo dejaron despedirla: le impidieron ingresar a Córdoba por un «resultado dudoso» en el control sanitario.
Solange siempre tuvo una relación de complicidad con su papá, «fueron muy compinches, viajaban, paseaban, ella lo acompañaba mucho en auto por la ruta», da cuenta Adriana. «Pero la situación humillante que debieron vivir Pablo y su cuñada Paola, que los mandaron de vuelta a Neuquén como si fueran terroristas, la desmoronó a Solange, que bajó los brazos y se entregó«. Sin embargo, tuvo la fortaleza y lucidez para escribir esa carta que dio vueltas por todo el país.
Poniendo el pecho. Pablo y su mujer Beatriz, junto a Matías, hermano de Solange, y Paola, tía de la joven fallecida. «Es difícil retomar la vida en esta casa sin Sol, se respira un aire viciado», afirma la familia desde Plottier.
«Hasta mi último suspiro tengo mis derechos«, es una de las frases más resonantes que Solange escribió tres días antes de su muerte. «Ansiaba ver a mi tía y a mi papá. Estoy muy triste por todo lo que les hicieron a los dos, los trataron muy mal, hicieron lo que quisieron como si fueran delincuentes. Espero que esto que le ha pasado a mi familia no le suceda a más nadie», aseguraba en el texto.
El viaje de regreso, de más de diez horas, de Alta Gracia a Plottier fue casi en silencio. Dolor, agotamiento y bronca cortaban el oxígeno dentro de la camioneta Duster negra familiar. «Fue asfixiante ese regreso, sin mi nena. Y entrar a casa después de más de siete meses… insoportable«, describe Beatriz Oviedo.
Paola Oviedo y Pablo Musse viajaron para ver a Solange pero no pudieron entrar a la provincia de Córdoba y fueron objeto de un trato deshumanizado «como si fuéramos narcotraficantes», grafica Musse.
Beatriz conversa con Clarín sentada en la cama del cuarto de Solange, que «está tal cual ella lo dejó. Cuando nos fuimos ninguno de la familia imaginó este desenlace. Solcito estaba bien, fuerte, controlando la enfermedad… (larga pausa) A Sol se le hizo cuesta arriba estar tanto tiempo lejos de su casa, lejos del resto de la familia, de su amado caniche Simón y de sus cosas, eso la empezó a tirar para abajo. Hasta que lo que pasó con su papá para ella fue irremontable, le bajaron las defensas«.
Como si intuyera lo que se vendría, en julio murió el perrito Simón con apenas dos años. «Estaba tan conectado con Solange que murió de tristeza, una tristeza que le provocó un sorpresivo infarto».
El reciente Día de la Madre, más los dos meses que se cumplieron (el 21 de octubre) desde la muerte de Solange, sumado al viaje que toda la familia hará este jueves a la noche a San Antonio Oeste, donde vivieron 20 años y esparcirán las cenizas de Sol en el mar, es un cóctel demasiado indigerible para levantar el ánimo. «Arrastro un dolor que me pesa y que debo asumir que me pesará para el resto de mi vida», dice Beatriz desde su refugio, que es el cuarto de su hija.
Allí se conecta con Solange. Allí está la urna con las cenizas que trajeron desde Alta Gracia. También su ropa, a la que huele y abraza. «Quiero pensarla, recordarla sonriente, pero me aparece su agonía y se me revuelve el estómago. Pienso en esos hijos de puta sin humanidad que no dejaron entrar a mi marido a la provincia de Córdoba y decidieron cómo iba a morir me hija y me lleno de ira, porque tengo en mis retinas su desazón cuando le dije ‘Papi no pudo entrar’. Su mirada me destruyó».
Solange, de amarillo, junto a su tía Adriana y su mamá Beatriz, en marzo pasado, en Córdoba.
En estas tres semanas desde que llegaron a Plottier los vecinos fueron a saludar y a apoyar a la familia. «Es un pueblo amable y nos sentimos contenidos, aunque yo desde que llegué no me moví de mi casa. Necesito estar adentro, arrastro un agotamiento de meses y con mi hermana Paola, que es discapacitada, preferimos intimidad», cuenta recostada en la cama de Solange, ojeando un cuaderno con sus cosas.
«Es una agenda donde volcaba sus sensaciones diarias, siempre haciendo foco en el cuidado y la preocupación de la familia, remarcando muchas veces el amor de su papá, su mamá, su tía, su hermano… Y en un momento ruega por poder estar más tiempo con nosotros, le pide tregua a su enfermedad». Beatriz no quiere seguir hablando con Clarín.
Pablo se acerca a su esposa, a quien abraza amorosamente. Pablo es el papá de Solange y quien vivió junto a su cuñada Paola esa pesadilla, ese sinsentido y posterior humillación de parte de las autoridades del puesto de Huinca Renancó, en el paso de La Pampa a Córdoba. «No haberla podido abrazar como ella soñó es algo que no me deja dormir, siento que le fallé a mi amada hija«, grafica Musse.
Pablo Musse, papá de Solange, recién pudo ingresar a Córdoba el 22 de agosto, al otro día de la muerte de su hija. Foto La Voz del Interior
Con la herida todavía en carne viva, a Pablo le produce rechazo la clase política en general, lo saca de quicio la sola mención. «Todos moriremos en la vida pero la manera en que murió mi hija no la perdono, porque fue por la decisión de las autoridades gubernamentales, que se cagaron en la agonía de Solange. Estoy harto de los políticos, son la lacra de este país, empezando por el presidente (Alberto) Fernández que tomó con indiferencia lo de mi hija, es más, ni conocía el caso, dijo«.
Cebado, Pablo critica también «la insensibilidad y destrato del gobernador de Córdoba, el señor Juan Schiaretti, que nunca tuvo un gesto, un llamado, un mensaje por Twitter por lo de mi hija. Sin embargo, hace unos días ese señor le envió sus condolencias al Estado de Kuwait por la muerte de un emir… ¡Qué falta de empatía, que desgracia la gente que nos gobierna! Tan alejados del pueblo».
«En este país no hay justicia, lo sabemos, pero nuestro abogado ya tomó cartas en el asunto y denunció a todos los responsables. Ojalá caigan los que tengan que caer, para que mi hija pueda descansar en paz«, retoma la palabra Beatriz, quien tomó fuerzas. Agrega Pablo: «Me causa gracia cuando uno escucha eso de que ‘Esta pandemia nos hará mejores personas… ¿¡Qué!? Mentira. Los funcionarios, que tienen miedo, son peores que antes. El miedo los hace tomar decisiones incomprensibles, inhumanas».
«No haberla podido abrazar como ella soñó es algo que no me deja dormir, siento que le fallé a mi amada hija», asevera Pablo Musse.
Carlos Nayi, abogado de la familia Musse, inició acciones legales contra funcionarios provinciales, miembros del Poder Ejecutivo y de la Policía de la provincia de Córdoba, por privación ilegítima de la libertad, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. «Es una situación de escándalo jurídico que configura un agravio federal que ha afectado las garantías constitucionales que trascienden lo individual dentro del orden social», afirma el letrado.
Hoy la causa se encuentra en la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Córdoba, que deberá expedirse de manera inmediata si el caso lo llevará la Justicia provincial -por estar involucradas La Pampa y Córdoba- o la Justicia federal.
El último deseo de Solange
Paola Oviedo tiene 39 años, es discapacitada motriz desde los dos y si bien es la tía de Solange «por nuestras edades ella siempre fue como mi hermanita menor. Fuimos muy cercanas, nos contábamos todo y mientras ella estaba en Córdoba todo este tiempo, no pasaba un día sin que charláramos. En todo el tiempo que estuvo en Alta Gracianunca perdió la fe ni la fortaleza».
Sin embargo, quince días antes del fallecimiento, Solange le confió un secreto. «Ella me dijo que si se moría, quería que sus cenizas las lleváramos a San Antonio Oeste, donde vivimos 20 años, y las esparzamos en el Golfo de San Matías… Yo me quedé en silencio, pero reaccioné y le dije ‘Dejá de hinchar, che, la estás peleando como una leona, no aflojes’. Y se despidió ese día diciéndome que me cuide, que piense en mi salud».
Paola recuerda el viaje con Pablo el 16 de agosto como «una pesadilla escoltados por ocho patrulleros. Relata que los patrulleros ni siquiera los dejaban parar en una estación de servicio para ir al baño y cuenta que su cuñado tuvo que ayudarla a hacer pis «atrincherados detrás de la puerta del auto para que no nos vieran los policías». Fue «la escena más humillante que atravesé en mi vida. Estuve muchos días metida para adentro, me sentí violada en mi intimidad», describe.
Paola Oviedo y su sobrina Solange. «Siempre tuvimos una relación confidente, muy amigas, casi como hermanas. Sol siempre fue una guerrera, una luchadora hasta el final».
El 23 de octubre Solange cumpliría 36 años y ese día toda la familia estará en San Antonio Oeste, en Río Negro, donde los Musse vivieron entre 1985 y 2005. «Llevaremos las cenizas de Sol allá, que es donde pidió descansar el resto de su vida», dice Pablo. «Las vamos a arrojar al mar, un mar que tanto disfrutó y donde fue feliz», completa Beatriz.
Unos cuantos vecinos de San Antonio Oeste vienen trabajando en las mejoras de la plaza del barrio Magisterio, que el día 23 de octubre será bautizada como «Solange Musse… Hasta mi último suspiro tengo mis derechos».
Ese mismo día, y por una petición de más de 120 vecinos del barrio Magisterio, donde vivió la familia,la plaza hasta aquí sin nombreserá bautizada como «Solange… Hasta mi último suspiro tengo mis derechos». La iniciativa surgió a través de la psicopedagoga Soledad Larreguy, quien no era una estrecha amiga de Solange, pero sí la conocía.
«Pensé en la plaza del barrio porque era el lugar de encuentro de las chicas y chicos de la zona y me parece un lugar simbólico porque Solange y su hermano Matías pasaban mucho tiempo allí», comparte Soledad, desde la localidad rionegrina, «Empecé a hablarlo con los vecinos más cercanos, quienes me dieron su apoyo, así que redacté una petición, fui a buscar firmas casa por casa hasta llegar a 120 y presenté el escrito en el Concejo Deliberante, que me contestó rápidamente y le dimos para adelante».
Boceto del retrato en relieve escultórico: La muralista Rosana Gómez está terminando esta pieza que será «el rostro» de la flamante plaza Soledad Musse.
Describe Soledad, de 34 años, que «el pueblo se vio muy conmovido y consternado con lo que pasó con Solange y y sentimos todos los vecinos del barrio que debíamos hacer algo en reconocimiento a su lucha inclaudicable, a la lucha por sus derechos«.
Desde hace semanas que el barrio viene trabajando para «poner la plaza en condiciones para el 23 de octubre. Nos hemos comprometido en pintar los juegos, arreglar algunas baldosas, llevar canteros con flores» y se está terminando un retrato en relieve con el rostro de Solange de la mano de la escultora Rosana Gómez. «Queremos que el pueblo de San Antonio, cuando vaya a esa plaza, se encuentre con una partecita de Solange», desea Soledad.
Y esta pintura al óleo con base en acrílico, también de la artista Rosana Gómez, será entregada por los ex compañeros del secundario a los padres de Solange.
Pablo piensa en este viernes, allí tiene su norte, cuando podrá darle «un abrazo simbólico a mi hija, con esos vecinos que fueron muy importantes en la vida de Solange». «En medio de tanta angustia, que San Antonio recuerde a mi hija es una pequeñísima alegría que nos acaricia un cachito«, completa Beatriz.
Caso Solange Musse: el juez de Río Cuarto se declaró incompetente y envió la causa a la Justicia provincial
Señaló que los presuntos delitos habrían sido cometidos por funcionarios del Gobierno de Córdoba.
Jueves 17 de septiembre de 2020 – 11:54 | Actualizado: 17/09/2020 – 19:04
El juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, se declaró incompetente para entender en la denuncia penal que presentó el padre de Solange Musse, la mujer de 35 años que murió sin poder despedirse de él, para que se investigue las responsabilidades de las autoridades al negarle el ingreso a la provincia en primera instancia.
De este modo, remitió el expediente de forma inmediata a la Justicia de la localidad de Huinca Renancó para que instruya la causa, ya que los supuestos delitos que se denuncian –abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, privación ilegal de la libertad calificada- habrían ocurrido en ese sector de la provincia.
Lo que dijeron la fiscal y el juez
En su dictamen, el juez compartió los argumentos de la fiscal de Río Cuarto, Alicia Cena, de que la Legislatura de Córdoba adhirió a la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional. También remarcó que el Ministerio de Salud de Córdoba, mediante el decreto 311/20 del 14 de marzo, dispuso la creación del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), órgano constituido con representación policial, gubernamental, de la salud y otros sectores en el ámbito provincial.
La fiscal indicó que son ellos los encargados de dictar la normativa para coordinar las acciones del actual sistema de comando de incidentes en el ámbito territorial, e indicó que la autoridad de aplicación del DNU en Córdoba es el Ministerio de Salud y el COE, autoridad que no le permitió el ingreso a Musse.
Musse y su hija. (El Doce)
“Claramente, el denunciante busca determinar la posible ‘cadena de responsabilidad’ respecto al no cumplimiento de las normas reguladas por el Protocolo 48 –dictadas por la provincia en el ámbito de su competencia, y en consecuencia, la investigación de los delitos denunciados que pudieron haber cometido los funcionarios del Centro de Operaciones de Emergencia” y/o personal policial de Córdoba actuante en el marco del aislamiento (…) en violación al mencionado documento”, corresponde a la Justicia ordinaria instruir la causa, dictaminó la fiscal.
Y señaló, por lo tanto, que la Justicia federal es incompetente para entender en la denuncia, por lo que pidió la remisión al fuero provincial. El juez analizó los argumentos y ordenó el envío de la causa a Huinca Renancó.
“Debo adelantar que comparto los términos del dictamen fiscal, en cuanto los hechos denunciados no constituyen un supuesto de los comprendidos en la competencia federal», indicó.
«Así, atendiendo a la naturaleza y características de los mismos, se trataría de presuntos delitos cometidos por funcionarios que responden a organismos dependientes del Gobierno de la provincia de Córdoba (COE. y Policía), en el marco de normativas dictadas en el ámbito de la competencia provincial; motivo por el cual, no se vislumbra la interferencia o afectación de interés federal que habilite la competencia de esta jurisdicción”, agregó Ochoa.
La denuncia
La familia busca determinar la posible «cadena de responsabilidades», partiendo desde «la primera». «Es que se le pide a la Justicia indagar si el COE (Centro de Operaciones de Emergencia de Córdoba) violó, como creemos, el protocolo”, añadió el abogado de los Musse, Carlos Nayi.
Los padres también habían presentaron una denuncia contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, contra la presunta violación de garantías nacionales e internacionales y habían solicitado que el Gobierno suspendiera las restricciones a la “libertad ambulatoria”.
El caso
Antes de que Solange falleciera el 21 de agosto último, tras batallar contra un cáncer terminal de mama en estadío cuatro (metástasis en huesos, hígados y pulmones), su padre intentó verla.
Presentó la documentación para viajar, entre ellos, el pedido de circulación especial tramitado en Nación junto con el de su cuñada, Paola Lorena Oviedo. Entre los requisitos que le solicitaban desde el COE, figuraba la realización de un hisopado negativo 48 horas antes del ingreso.
Musse avisó que no podía realizarse el hisopado en forma particular, ya que no podía costear los ocho mil pesos que cuesta el estudio. Sin embargo, desde el COE de Alta Gracia le indicaron que podía ingresar si realizaba el aislamiento dentro de la casa para no tener contacto directo con su hija (por la patología que presentaba).
Luego de transitar los controles por rutas de Neuquén, Río Negro y La Pampa llegaron a la localidad de Huinca Renancó, en Córdoba, donde los detuvo la Policía, tras 40 horas de manejo sin descanso.
El hombre había señalado que quería verla “para después no verla más”. No obstante, no pudo hacerlo desde marzo –antes del aislamiento obligatorio en el país por la pandemia del coronavirus-, cuando fue la última ocasión que compartió con ella.
Desde la Provincia, por su parte, indicaron que los resultados de los test son «positivos o negativos», y que, en el caso de Musse, los resultados fueron positivos. Al volver a Neuquén, Musse se hizo tuvo un hisopado, que dio negativo, y con la autorización de Bustos Fierro, pudo llegar hasta Alta Gracia para despedir los restos.
El caso tuvo un alto impacto social y mediático, y Musse planteó “la ilegalidad y arbitrariedad” en la que habrían incurrido las autoridades del Gobierno provincial al no permitirle el ingreso y circulación por la provincia para ver a la joven en vida. La recordó por batallar contra la enfermedad «hasta el último suspiro”.
Denuncia y sumario
A raíz de la controversia por la decisión de la Provincia de no dejar ingresar a Musse en la primera ocasión, el exjuez federal Guillermo Tiscornia presentó una denuncia al Estado nacional ante la Corte Interamericana (CIDH).
Solicitó una medida cautelar para que ordene al Estado la suspensión de los efectos derivados de la “arbitraria e ilegal normativa dictada por el Estado argentino en materia de prevención sanitaria y para que se adopten todas las medidas que le garantice a la sociedad argentina el derecho a ejercer su propia libertad ambulatoria”.
Desde la Provincia también abrieron un sumario para analizar los roles en el caso. El ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, reconoció que inició un sumario administrativo. “En el momento que me enteré, inicié un sumario administrativo para evaluar cómo ha sido el accionar de todo el personal, también el de frontera”, dijo el funcionario a FM Pulxo días atrás.
Asimismo, la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos emitió un comunicado en el que lamentó «profundamente que se hayan suscitado hechos de dominio público en los que se priorizó la protocolización rígida por encima del sufrimiento de las personas en el contexto del final de la vida, desconociendo las múltiples voces que en estos días han bregado por la garantía de los derechos de los ciudadanos».
Y el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial un DNU en el que se autorizó el acompañamiento durante la internación a pacientes en estado crítico con diagnóstico confirmado de Covid-19 o de cualquier enfermedad o padecimiento quedó contemplado.
La voz del Interior 17-9-20
Pablo Musse: El ministro de Justicia se comprometió a que no haya más casos como el de Solange
La causa, por la investigación penal contra la Provincia, pasó al juez de Río Cuarto. Córdoba y otras cuatro provincias deberán informar a la Corte Suprema por qué limitaron su circulación interna y accesos.
El papá de Solange Musse, la mujer de 35 años que murió de cáncer sin poder despedirse de su padre, mantuvo un encuentro con el ministro de Justicia de Córdoba, Julián López.
Según Pablo, el funcionario provincial se comprometió para que “no haya más casos como” el de su hija.
A la par que se conoció que el juez federal N°1, Ricardo Bustos Fierro, remitió la denuncia penal a su par de la ciudad de Río Cuarto, Carlos Ochoa, por ser el competente en cuestión territorial, los padres de Solange mantuvieron una reunión con el ministro López.
Del encuentro participó también el secretario de Derechos Humanos, Calixto Ángulo, y Carlos Nayi, abogado de los padres de la mujer. Sobre la reunión, Musse comentó a La Voz que fue “realmente positiva. Es la primera vez que un funcionario público nos recibe desde que pasó lo de Solange”.
“Se comprometió a que no haya más casos como el de Solange y dio una orden estricta a los funcionarios de Derechos Humanos para que en el supuesto caso (que ocurra algo similar en la frontera entre provincias) actúen inmediatamente”, añadió.
E insistió en la necesidad de que el gobernador, Juan Schiaretti, los reciba: “Necesitamos una respuesta del gobernador, no por un tema político, porque somos apolíticos”.
Asimismo, Musse señaló que el ministro les informó que sigue sustanciando el sumario interno para determinar responsabilidades en el accionar que le impidió ingresar a Córdoba para ver a su hija. Desde la Provincia también se les ofreció asistencia terapéutica.
Los padres de la mujer presentaron la denuncia penal días atrás para que se investigue «la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, privación ilegal de la libertad calificada”, explicó Carlos Nayi, abogado del padre de la mujer, Pablo Musse.
Los hechos presuntamente ilícitos habrían comenzado en la ciudad de Huinca Renancó, lugar en el que Musse padre fue controlado e impedido de seguir hacia la ciudad de Alta Gracia.
Ahora será el juez federal de Río Cuarto quien continuará con la investigación. Por otro lado, los padres serán recibidos este viernes por autoridades del Ministerio de Justicia de Córdoba, y buscan además una audiencia con el gobernador, Juan Schiaretti.
El caso
Antes de que Solange falleciera el 21 de agosto último, tras batallar contra un cáncer terminal de mama en estadío cuatro (metástasis en huesos, hígados y pulmones), su padre intentó verla.
Presentó la documentación para viajar, entre ellos, el pedido de circulación especial tramitado en Nación junto con el de su cuñada, Paola Lorena Oviedo. Entre los requisitos que le solicitaban desde el COE, figuraba la realización de un hisopado negativo 48 horas antes del ingreso.
Musse avisó que no podía realizarse el hisopado en forma particular, ya que no podía costear los ocho mil pesos que cuesta el estudio. Sin embargo, desde el COE de Alta Gracia le indicaron que podía ingresar si realizaba el aislamiento dentro de la casa para no tener contacto directo con su hija (por la patología que presentaba).
Luego de transitar los controles por rutas de Neuquén, Río Negro y La Pampa llegaron a la localidad de Huinca Renancó, en Córdoba, donde los detuvo la Policía, tras 40 horas de manejo sin descanso.
El hombre había señalado que quería verla “para después no verla más”. No obstante, no pudo hacerlo desde marzo –antes del aislamiento obligatorio en el país por la pandemia del coronavirus-, cuando fue la última ocasión que compartió con ella.
Desde la Provincia, por su parte, indicaron que los resultados de los test son «positivos o negativos», y que, en el caso de Musse, los resultados fueron positivos. Al volver a Neuquén, Musse se hizo tuvo un hisopado, que dio negativo, y con la autorización de Bustos Fierro, pudo llegar hasta Alta Gracia para despedir los restos.
El caso tuvo un alto impacto social y mediático, y Musse planteó “la ilegalidad y arbitrariedad” en la que habrían incurrido las autoridades del Gobierno provincial al no permitirle el ingreso y circulación por la provincia para ver a la joven en vida. La recordó por batallar contra la enfermedad «hasta el último suspiro”. “Sol era una persona maravillosa y luchadora», la describió, con lágrimas en los ojos.
En una carta abierta posteada en su perfil de Facebook, culpó al presidente, Alberto Fernández, y a la Provincia: «Usted y el Gobierno de Córdoba le quitaron la libertad y sus derechos a mi hija Solange, derechos básicos universales de cualquier persona en sus últimos momentos de vida”.
“Ella reclamó por sus derechos, pidió verme antes de su partida, pero no se lo permitieron. (…) Nos trataron como terroristas, escoltados por la Policía de cuatro provincias en un trayecto de 900 kilómetros», afirmó. Sin embargo, Fernández dijo en el programa A dos voces, por TN, que no leyó la carta. «No la conozco. Conozco muy por encima lo que pasó. Es un padre que perdió una hija, ¿qué le puedo decir? sólo puedo estar a su lado. Lo voy a leer”, contestó.
Denuncia y sumario
A raíz de la controversia por la decisión de la Provincia de no dejar ingresar a Musse en la primera ocasión, el exjuez federal Guillermo Tiscornia presentó una denuncia al Estado nacional ante la Corte Interamericana (CIDH).
Solicitó una medida cautelar para que ordene al Estado la suspensión de los efectos derivados de la “arbitraria e ilegal normativa dictada por el Estado argentino en materia de prevención sanitaria y para que se adopten todas las medidas que le garantice a la sociedad argentina el derecho a ejercer su propia libertad ambulatoria”.
Desde la Provincia también abrieron un sumario para analizar los roles en el caso. El ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, reconoció que inició un sumario administrativo. “En el momento que me enteré, inicié un sumario administrativo para evaluar cómo ha sido el accionar de todo el personal, también el de frontera”, dijo el funcionario a FM Pulxo días atrás.
Asimismo, la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos emitió un comunicado en el que lamentó «profundamente que se hayan suscitado hechos de dominio público en los que se priorizó la protocolización rígida por encima del sufrimiento de las personas en el contexto del final de la vida, desconociendo las múltiples voces que en estos días han bregado por la garantía de los derechos de los ciudadanos».
Y el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial un DNU en el que se autorizó el acompañamiento durante la internación a pacientes en estado crítico con diagnóstico confirmado de Covid-19 o de cualquier enfermedad o padecimiento quedó contemplado.
La Voz del Interior11-9-20
Caso Solange: la Corte Suprema pide informe a Córdoba por las restricciones
La provincia deberá dar explicaciones sobre las limitaciones en los accesos y la circulación por el territorio.
Apartir del caso de Solange Musse, la Corte Suprema decidió este jueves que Córdoba y otras cuatro provincias deberán informarle de manera urgente las razones de las restricciones que dispusieron en sus accesos o en la circulación interna, en la cuarentena por coronavirus.
La intervención del Máximo Tribunal se desprende del caso de la joven cordobesa que murió de cáncer en Alta Gracia, sin poder ver a su padre Pablo Musse, a quien las autoridades provinciales le denegaron el acceso en su viaje desde el sur del país.
A partir de este hecho, que conmovió al a sociedad cordobesa y del país, llegaron reclamos a la Corte. Los Gobiernos de San Luis, Formosa, Corrientes y Salta también tendrán tres días para dar sus argumentos a los jueces.
Todas las resoluciones salieron por unanimidad con la firma de los cinco jueces: el presidente Carlos Rosenkrantz, más la vice Elena Highton de Nolasco y los vocales Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. Salvo la cautelar, en la que no firmó Rosenkrantz.
Via Córdoba 12-9-20
Pablo Musse: El ministro de Justicia se comprometió a que no haya más casos como el de Solange
La causa, por la investigación penal contra la Provincia, pasó al juez de Río Cuarto. Córdoba y otras cuatro provincias deberán informar a la Corte Suprema por qué limitaron su circulación interna y accesos.
El papá de Solange Musse, la mujer de 35 años que murió de cáncer sin poder despedirse de su padre, mantuvo un encuentro con el ministro de Justicia de Córdoba, Julián López.
Según Pablo, el funcionario provincial se comprometió para que “no haya más casos como” el de su hija.
A la par que se conoció que el juez federal N°1, Ricardo Bustos Fierro, remitió la denuncia penal a su par de la ciudad de Río Cuarto, Carlos Ochoa, por ser el competente en cuestión territorial, los padres de Solange mantuvieron una reunión con el ministro López.
Del encuentro participó también el secretario de Derechos Humanos, Calixto Ángulo, y Carlos Nayi, abogado de los padres de la mujer. Sobre la reunión, Musse comentó a La Voz que fue “realmente positiva. Es la primera vez que un funcionario público nos recibe desde que pasó lo de Solange”.
“Se comprometió a que no haya más casos como el de Solange y dio una orden estricta a los funcionarios de Derechos Humanos para que en el supuesto caso (que ocurra algo similar en la frontera entre provincias) actúen inmediatamente”, añadió.
E insistió en la necesidad de que el gobernador, Juan Schiaretti, los reciba: “Necesitamos una respuesta del gobernador, no por un tema político, porque somos apolíticos”.
Asimismo, Musse señaló que el ministro les informó que sigue sustanciando el sumario interno para determinar responsabilidades en el accionar que le impidió ingresar a Córdoba para ver a su hija. Desde la Provincia también se les ofreció asistencia terapéutica.
Los padres de la mujer presentaron la denuncia penal días atrás para que se investigue «la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, privación ilegal de la libertad calificada”, explicó Carlos Nayi, abogado del padre de la mujer, Pablo Musse.
Los hechos presuntamente ilícitos habrían comenzado en la ciudad de Huinca Renancó, lugar en el que Musse padre fue controlado e impedido de seguir hacia la ciudad de Alta Gracia.
Ahora será el juez federal de Río Cuarto quien continuará con la investigación. Por otro lado, los padres serán recibidos este viernes por autoridades del Ministerio de Justicia de Córdoba, y buscan además una audiencia con el gobernador, Juan Schiaretti.
El caso
Antes de que Solange falleciera el 21 de agosto último, tras batallar contra un cáncer terminal de mama en estadío cuatro (metástasis en huesos, hígados y pulmones), su padre intentó verla.
Presentó la documentación para viajar, entre ellos, el pedido de circulación especial tramitado en Nación junto con el de su cuñada, Paola Lorena Oviedo. Entre los requisitos que le solicitaban desde el COE, figuraba la realización de un hisopado negativo 48 horas antes del ingreso.
Musse avisó que no podía realizarse el hisopado en forma particular, ya que no podía costear los ocho mil pesos que cuesta el estudio. Sin embargo, desde el COE de Alta Gracia le indicaron que podía ingresar si realizaba el aislamiento dentro de la casa para no tener contacto directo con su hija (por la patología que presentaba).
Luego de transitar los controles por rutas de Neuquén, Río Negro y La Pampa llegaron a la localidad de Huinca Renancó, en Córdoba, donde los detuvo la Policía, tras 40 horas de manejo sin descanso.
El hombre había señalado que quería verla “para después no verla más”. No obstante, no pudo hacerlo desde marzo –antes del aislamiento obligatorio en el país por la pandemia del coronavirus-, cuando fue la última ocasión que compartió con ella.
Desde la Provincia, por su parte, indicaron que los resultados de los test son «positivos o negativos», y que, en el caso de Musse, los resultados fueron positivos. Al volver a Neuquén, Musse se hizo tuvo un hisopado, que dio negativo, y con la autorización de Bustos Fierro, pudo llegar hasta Alta Gracia para despedir los restos.
La Voz del Interior 10-9-20
Caso Solange Musse: cuatro funcionarios imputados por impedir el ingreso del padre a Córdoba
Se trata de un policía de la Caminera, dos médicos y una trabajadora social. Están acusados de violación de los deberes de funcionario público y de abuso de autoridad.
La fiscal federal de Río Cuarto, Alicia Cena, imputó a un policía, a dos médicos del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y a una trabajadora social por presunta violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad al impedir el ingreso del padre de Solange Musse a Córdoba para que pudiera despedirse de su hija, quien murió de cáncer en Alta Gracia.
La denuncia contra las autoridades provinciales había sido presentada por el padre de la joven de 35 años en septiembre pasado ante la Justicia federal de Córdoba, fuero en el que el juez N° 1, Ricardo Bustos Fierro, había autorizado a Pablo Gustavo Musse para que viajara desde Neuquén –donde reside– hasta Alta Gracia para asistir al velatorio de su hija.
La denuncia apuntaba a los posibles delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y privación ilegal de la libertad calificada. Al mismo tiempo, la familia había realizado otra denuncia, a través de su abogado Carlos Nayi, contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), con sede en Washington.
En ese caso, fue por la presunta violación de garantías nacionales e internacionales, y solicitaron que el Gobierno suspendiera las restricciones a la “libertad ambulatoria”.
IMPUTACIÓN
Luego de que la causa pasó a la Justicia provincial y nuevamente regresó a la federal, la fiscal Cena, de Río Cuarto, imputó a un sargento primero de la Policía Caminera, con base en la localidad de Huinca Renancó, a dos médicos del COE (dependiente del Ministerio de Salud provincial) y a una trabajadora social en esa órbita. Todos fueron llamados a declaración indagatoria.
Los cuatro fueron acusados de haber incumplido los deberes de funcionario público al impedirles, el 16 de agosto de 2020, el ingreso a la provincia a Pablo Gustavo Musse y a su cuñada, Paola Lorena Oviedo, quienes no pudieron trasponer el puesto de control interprovincial ubicado en la ruta 35, en la localidad de Huinca Renancó, como La Voz publicó por entonces.
Musse había decidido viajar para verla por última vez, debido al cáncer terminal de mama de estadio cuatro (metástasis en huesos, hígados y pulmones), por lo que llegó a Huinca Renancó tras 40 horas de manejo sin descanso por Neuquén, Río Negro y La Pampa.
Presentó la documentación requerida para viajar: el pedido de circulación especial de alcance nacional junto con el de su cuñada, que los autorizaba a viajar desde Pottier, en Neuquén, hasta la ciudad de Córdoba, y también el certificado de regreso a su casa. Entre los requisitos que le solicitaban desde el COE, figuraba la realización de un hisopado negativo 48 horas antes del ingreso.
Debido a los dos testeos dudosos (y no positivos, como figura en el registro de guardia y como adujo la Provincia en su momento) para Covid-19, los funcionarios habrían abusado de su autoridad al hacerlos regresar, escoltados por la Policía.
En ese punto habrían incumplido lo que mencionan los protocolos de ingreso a la provincia en el contexto de la pandemia cuando se detecta un caso sospechoso de Covid-19. En esa circunstancia, como indica el protocolo, el conductor debía ser analizado en un hospital.
Ante la imposibilidad de poder despedirse de su hija, como sostuvo el abogado Nayi en su denuncia, se habría violado el Protocolo 48 (sobre la circulación de personas en territorio cordobés), porque el texto menciona que los que no residan en Córdoba podrán ingresar y transitar dentro de la provincia en casos de “fuerza mayor”, como el fallecimiento de un familiar directo o la asistencia a familiares y a adultos mayores.
Al volver a Neuquén, Musse se hizo un hisopado, que dio negativo, y con la autorización del juez Bustos Fierro pudo llegar hasta Alta Gracia para despedir los restos de su hija.
El caso tuvo un alto impacto social y mediático, y Musse planteó “la ilegalidad y la arbitrariedad” en la que habrían incurrido las autoridades del Gobierno provincial al no permitirle el ingreso y la circulación por la provincia para ver a la joven en vida.
La recordó por batallar contra la enfermedad “hasta el último suspiro”. “Sol era una persona maravillosa y luchadora”, la describió, con lágrimas en los ojos.
La Voz del Interior 13-5-21
Caso Solange: el padre presenta una denuncia penal para investigar el rol de la Provincia
Pablo Musse busca que la Justicia federal profundice y determine si hubo abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y privación ilegal de la libertad.
Tras el dolor e impacto de no haber podido despedirse de su hija, el padre de Solange Musse, la mujer de 35 años que murió de cáncer en Alta Gracia, decidió elevar su reclamo público al siguiente nivel y presentará una denuncia penal en la Justicia federal para que investigue el rol de las autoridades del Gobierno de Córdoba.
La denuncia será ingresada este jueves por la tarde en la Justicia federal de Córdoba, fuero en el que días atrás el juez N°1, Ricardo Bustos Fierro, había autorizado a Pablo Gustavo Musse (58) -tras elevar un recurso de amparo- a viajar desde Neuquén, donde reside, hasta Alta Gracia para asistir al velatorio.
“Se procederá a formular denuncia penal por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, privación ilegal de la libertad calificada etcétera”, dijo a La Voz Carlos Nayi, nuevo abogado del padre. Asimismo, pedirá la intervencion de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“La actividad arbitraria que representa una clara omisión antijurídica amerita dar paso a una investigación penal. En materia de prevención sanitaria se ha dictado normativa que ha lesionado a partir de una incorrecta interpretación entre otros derechos el de la libertad ambulatoria y el derecho al último adiós”, señaló.
“Se ha desconocido el precepto contenido en el protocolo 48 elaborado por el Comité de Bioética que, tiene vigencia operativa a partir del 15 de julio del año en curso, y que claramente sugiere tres alternativas a seguir en casos de excepción como el que se trata”, manifestó.
“En primer lugar pautas de flexibilización que habilita el derecho a que cada paciente deba ser visto como una persona, respetando el criterio de temporalidad, permitiendo la interacción entre el enfermo y su entorno íntimo a fin de evitar que la tragedia de la muerte próxima la enfrente a la crueldad de no regalarle el último abrazo a sus padres y decirles ‘¡los quiero, hasta siempre!’.”, señaló el letrado.
“No existen derechos absolutos en la República Argentina a excepción del Derecho a la Salud que está comprendido dentro del derecho a la vida (artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional). Debemos recordar la savia advertencia del búlgaro Tynetan Todovov (‘las causas nobles ni disculpan los actos innobles’)”.
En denuncia se solicitará “analizar una cadena de responsabilidades, partiendo de la primera y es que se le pide a la Justicia indagar si el COE violó, como creemos, el protocolo”, añadió.
Y señaló que se busca determinar si hubo responsabilidad de las autoridades del COE, el Ministerio de Salud provincial y de «la Policía de cada provincia al escoltarlos irracional y desproporcionadamente», y de todo otro actor que por acción u omisión tenga algún grado de responsabilidad en el hecho».
«El COE está por debajo de la Constitución y las leyes dictadas en su consecuencia», indicó.
El caso
Antes de que Solange falleciera el 21 último, tras batallar contra un cáncer terminal de mama en estadío cuatro (metástasis en huesos, hígados y pulmones), su padre intentó verla.
Presentó la documentación para viajar, entre ellos el pedido de circulación especial tramitado en Nación junto con el de su cuñada, Paola Lorena Oviedo. Entre los requisitos que le solicitaban desde el Centro de Operaciones de Emergencia de Córdoba (COE), figuraba la realización de un hisopado negativo 48 horas antes del ingreso.
Musse avisó que no podía realizarse el hisopado en forma particular, ya que no podía costear los ocho mil pesos que cuesta el estudio. Sin embargo, desde el COE de Alta Gracia le indicaron que podía ingresar si realizaba el aislamiento dentro de la casa para no tener contacto directo con su hija (por la patología que presentaba).
Luego de transitar los controles por rutas de Neuquén, Río Negro y La Pampa llegaron a la localidad de Huinca Renancó, en Córdoba, donde los detuvo la Policía, tras 40 horas de manejo sin descanso.
El hombre había señalado que quería verla “para después no verla más”. Sin embargo, no pudo hacerlo desde marzo –antes del aislamiento obligatorio en el país por la pandemia del coronavirus-, cuando fue la última ocasión que compartió con ella.
Desde la Provincia, por su parte, indicaron que los resultados de los test son «positivos o negativos», y que, en el caso de Musse, los resultados fueron positivos. Al volver a Neuquén, Musse se hizo tuvo un hisopado, que dio negativo, y con la autorización de Bustos Fierro, pudo llegar hasta Alta Gracia para despedir los restos.
El caso tuvo un alto impacto social y mediático, y Musse planteó “la ilegalidad y arbitrariedad” en la que habrían incurrido las autoridades del Gobierno provincial al no permitirle el ingreso y circulación por la provincia para ver a la joven en vida. La recordó por batallar contra la enfermedad «hasta el último suspiro”. “Sol era una persona maravillosa y luchadora», la describió, con lágrimas en los ojos.
En una carta abierta posteada en su perfil de Facebook, culpó al presidente, Alberto Fernández, y a la Provincia: «Usted y el Gobierno de Córdoba le quitaron la libertad y sus derechos a mi hija Solange, derechos básicos universales de cualquier persona en sus últimos momentos de vida”.
“Ella reclamó por sus derechos, pidió verme antes de su partida, pero no se lo permitieron. (…) Nos trataron como terroristas, escoltados por la Policía de cuatro provincias en un trayecto de 900 kilómetros», afirmó. No obstante, Fernández dijo en el programa A dos voces, por TN, que no leyó la carta. «No la conozco. Conozco muy por encima lo que pasó. Es un padre que perdió una hija, ¿qué le puedo decir? sólo puedo estar a su lado. Lo voy a leer”, contestó.
Denuncia, sumario y demanda
A raíz de la controversia por la decisión de la Provincia de no dejar ingresar a Musse en la primera ocasión, el exjuez federal Guillermo Tiscornia presentó una denuncia al Estado nacional ante la Corte Interamericana (CIDH).
Solicitó una medida cautelar para que ordene al Estado la suspensión de los efectos derivados de la “arbitraria e ilegal normativa dictada por el Estado argentino en materia de prevención sanitaria y para que se adopten todas las medidas que le garantice a la sociedad argentina el derecho a ejercer su propia libertad ambulatoria”.
Desde la Provincia también abrieron un sumario para analizar los roles en el caso. El ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, reconoció que inició un sumario administrativo. “En el momento que me enteré, inicié un sumario administrativo para evaluar cómo ha sido el accionar de todo el personal, también el de frontera”, dijo el funcionario a FM Pulxo días atrás.
Asimismo, la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos emitió un comunicado en el que lamentó «profundamente que se hayan suscitado hechos de dominio público en los que se priorizó la protocolización rígida por encima del sufrimiento de las personas en el contexto del final de la vida, desconociendo las múltiples voces que en estos días han bregado por la garantía de los derechos de los ciudadanos».
Y el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial un DNU en el que se autorizó el acompañamiento durante la internación a pacientes en estado crítico con diagnóstico confirmado de Covid-19 o de cualquier enfermedad o padecimiento quedó contemplado
LA VOZ DEL INTERIOR
Federico Noguera
Jueves 03 de septiembre de 2020 – 16:39 | Actualizado: 03/09/2020 – 16:50
Planteó que es el máximo tribunal el que debe resolver si la competencia para investigar la posible responsabilidad de las autoridades del Gobierno de Córdoba es provincial o federal.
El fiscal de la localidad de Huinca Renancó, Marcelo Saragusti, resolvió no intervenir en la denuncia penal que presentó el padre de Solange Musse, por presuntos delitos cometidos por autoridades del Gobierno de Córdoba, y pidió a la Corte Suprema de Justicia que dirima si la competencia para investigar es provincial o federal.
La novedad se conoció este miércoles luego de que Saragusti declinara investigar la causa por considerar que pertenece a la órbita federal, en contra de lo que falló el juez federal de Río Cuarto, Carlos Arturo Ochoa, y dictaminó la fiscal de esa ciudad, Alicia Cena, quienes sostuvieron que la competencia es provincial.
La Sala A de la Cámara Federal de Córdoba había confirmado días atrás el fallo de primera instancia del juez, con lo que el expediente llegó al despacho del fiscal Saragusti. El funcionario judicial planteó ahora que la competencia es federal.
La denuncia y la cuestión de competencia
La familia de la mujer de 35 años que falleció de cáncer sin poder ver por última vez a su padre Pablo Musse, debido a que las autoridades provinciales le impidieron inicialmente el ingreso a Córdoba, busca determinar la posible «cadena de responsabilidades», partiendo desde «la primera».
El padre denunció los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, privación ilegal de la libertad calificada, en que habrían incurrido autoridades de la Provincia al no permitirle a Musse padre entrar a territorio cordobés para ver a su hija en vida.
El juez federal N°1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, quien en primera instancia intervino al conceder el amparo a Musse al autorizarlo a viajar desde Neuquén a Alta Gracia, para el velatorio de su hija, resolvió remitir la causa al juez federal de Río Cuarto. El magistrado, en consonancia con el dictamen de la fiscal federal interina Cena, resolvió girar la causa a la Fiscalía de Huinca Renancó.
La familia, a través del abogado Carlos Nayi apeló la medida, y el caso «subió» a la Cámara Federal de Córdoba, que confirmó el fallo del juez Ochoa de que la causa debe tramitarse en el fuero ordinario.
Sin embargo, el fiscal provincial Saragusti rechazó intervenir. Al fundar su rechazo, señaló que de la denuncia surge «la intervención de fuerzas policiales de tres o cuatro provincias argentinas, lo cual evidencia la interjurisdiccionalidad» policial «para el supuesto hipotético de privación ilegítima de la libertad de Musse» y su cuñada, Paola Lorena Oviedo, quien viajaba con él cuando no pudieron ingresar a Córdoba.
“Esta cuestión de vital relevancia es omitida en la vista contestada por la señora fiscal federal Alicia Cena, ya que en su dictamen no menciona lo aludido por el denunciante respecto a la participación de las fuerzas policiales de las provincias de La Pampa y Río Negro –solo menciona a Córdoba-«, cuestionó Saragusti.
“Sin embargo, ello hace al núcleo de la cuestión a dilucidar, toda vez que los supuestos delictivos de privación ilegítima de la libertad, habrían ocurrido en al menos tres provincias, con lo cual el interés trasciende la provincia de Córdoba”, indicó.
Por otra parte, el fiscal afirmó que Musse y Oviedo debían contar con un permiso de circulación por distintas provincias para llegar a destino, exigido por las autoridades nacionales a través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
«Si bien fueron dictadas disposiciones provinciales al respecto, las mismas fueron de adhesión a las normas nacionales antes referidas y dirigidas a proteger la salud pública nacional. En dicha línea se encuentra el comunicado de la Procuración General de la Nación, que reafirma el compromiso de preservar la salud pública, teniendo especial consideración los fines que el artículo 120 de la Constitución Nacional le asigna al Ministerio Público Fiscal, expresando que ‘es oportuno recordar la naturaleza federal en la materia”, en relación a las normas dictadas en consecuencia y a partir del DNU 260/20, basado en el interés nacional que lo motivó (…)”.
“La declaración de incompetencia de la Justicia federal para entender en estos autos, soslaya y minimiza tanto la extensión como el alcance nacional o internacional de los derechos humanos en juego, pretendiendo someter a un extremo rigor formal el caso bajo examen, y concentrar y parcializar su análisis”, cuestionó.
“Queda claro, incluso, que la dirección asumida hasta el momento, por las distintas instancias que resuelven las cuestiones de competencia en razón de la materia, contrarían la voluntad que en la temática asumió oportunamente el procurador General de la Nación, en relación a la evitación de planteos y conflictos de competencia, a fines de la efectiva realización del derecho, en el amplio marco de la situación extraordinaria planteada”, indicó.
A su vez, Saragusti ponderó entre sus fundamentos para rechazar su intervención en la causa «la dimensión» del caso. Al respecto, aludió a que «resulta tan superadora de los límites» de la provincia de Córdoba, ya que «llegó a plantearse la responsabilidad del Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitándose una medida cautelar al Estado nacional por el derecho a ejercer la propia libertad ambulatoria, problemática que indudablemente se enmarca en la órbita de la Justicia federal”, remarcó.
Por lo tanto, resolvió que no es competente para entender la causa y señaló que la Corte Suprema deberá resolver qué fuero es el competente. El abogado de la familia destacó, por su lado, que el fiscal haya coincidido «en los mismos argumentos utilizados» que él «para entender que es competencia federal».
El caso
Antes de que Solange falleciera el 21 de agosto último, tras batallar contra un cáncer terminal de mama en estadío cuatro (metástasis en huesos, hígados y pulmones), su padre intentó verla.
Presentó la documentación para viajar, entre ellos, el pedido de circulación especial tramitado en Nación junto con el de su cuñada, Paola Lorena Oviedo. Entre los requisitos que le solicitaban desde el COE, figuraba la realización de un hisopado negativo 48 horas antes del ingreso.
Musse avisó que no podía realizarse el hisopado en forma particular, ya que no podía costear los ocho mil pesos que cuesta el estudio. Sin embargo, desde el COE de Alta Gracia le indicaron que podía ingresar si realizaba el aislamiento dentro de la casa para no tener contacto directo con su hija (por la patología que presentaba).
Luego de transitar los controles por rutas de Neuquén, Río Negro y La Pampa llegaron a la localidad de Huinca Renancó, en Córdoba, donde los detuvo la Policía, tras 40 horas de manejo sin descanso.
El hombre había señalado que quería verla “para después no verla más”. No obstante, no pudo hacerlo desde marzo –antes del aislamiento obligatorio en el país por la pandemia del coronavirus-, cuando fue la última ocasión que compartió con ella.
Desde la Provincia, por su parte, indicaron que los resultados de los test son «positivos o negativos», y que, en el caso de Musse, los resultados fueron positivos. Al volver a Neuquén, Musse se hizo tuvo un hisopado, que dio negativo, y con la autorización de Bustos Fierro, pudo llegar hasta Alta Gracia para despedir los restos.
El caso tuvo un alto impacto social y mediático, y Musse planteó “la ilegalidad y arbitrariedad” en la que habrían incurrido las autoridades del Gobierno provincial al no permitirle el ingreso y circulación por la provincia para ver a la joven en vida. La recordó por batallar contra la enfermedad «hasta el último suspiro”.
Desde la Provincia también abrieron un sumario para analizar los roles en el caso.
La Voz del Interior 28-10-20
Los papás de Solange cuestionaron a Alberto Fernández y a Schiaretti: “Les pedimos un poco de humanidad”
Les pidieron “un cambio” a raíz del caso. “Nuestro pedido, y el de muchos argentinos, es que no siga ocurriendo” situaciones similares.
Los padres de Solange Musse, la mujer de 35 años que murió de cáncer en Alta Gracia sin poder ver a su papá, se expresaron en duros términos contra el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el presidente, Alberto Fernández, a quienes cuestionaron y les solicitaron “humanidad y sentido común”.
El caso, que ha generado conmoción en el país, escaló en los últimos días y el padre, Pablo Musse, presentó una denuncia penal para que la Fiscalía Federal N°1, a cargo de Enrique Senestrari, investiga la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y privación ilegal de la libertad calificada, al no permitir su ingreso a la provincia para ver por última vez a su hija.
La familia busca saber la posible «cadena de responsabilidades» en el Gobierno de Córdoba, partiendo desde «la primera». «Es que se le pide a la Justicia indagar si el COE (Centro de Operaciones de Emergencia de Córdoba) violó, como creemos, el protocolo”, añadió a La Voz el abogado del padre, Carlos Nayi.
Y señaló que se busca conocer si, específicamente, hubo responsabilidad de las autoridades del COE, el Ministerio de Salud provincial y de «la Policía de cada provincia al escoltarlos irracional y desproporcionadamente», y de cualquier otro actor que, «por acción u omisión tenga algún grado de responsabilidad en el hecho».
Críticas
La nueva carta, a la que accedió La Voz, en este caso de ambos padres (la madre de Solange es Teresa Beatriz Oviedo), firmada de puño y letra por ambos fue dirigida a Fernández y Schiaretti. Días atrás, el padre ya había expresado cuestionamientos al Presidente, aunque en esta ocasión, también se dirigió el gobernador.
Les pidieron “un cambio” a raíz del caso. “Nuestro pedido, y el de muchos argentinos, es que no siga ocurriendo” situaciones similares.
“Les pedimos un poco de humanidad, sentido común, sensibilidad, a nuestros gobernantes patéticos, más empatía. Parece que no se dan cuenta, o no quieren ver, que muchos argentinos están sufriendo por no poder estar con sus seres queridos en un momento muy especial, muy sensible. El afecto de un ser querido, un beso, un abrazo antes de su muerte, es lo único que se pide”, manifestaron.
Y criticaron que existan procedimientos para asistir a comercios por sobre situaciones más importantes: “Cuesta entender que tengan protocolos para ir a los bares y no contemplen el acompañante a nuestros familiares”.
“Por nosotros y por todos los argentinos que han pasado por la misma situación, y para que no siga ocurriendo, les solicitamos que se pongan a gobernar para todos”, agregaron. Y en duros términos, señalaron: “Dios quiera que jamás les pase a ustedes lo que padecemos nosotros. En la ley de la vida no hay plata ni poder, todos terminaremos en el mismo lugar”.
Y cerraron la misiva recordando a su hija: “Hasta el último suspiro, tengo mis derechos”.
La carta completa
«Alta Gracia, 4 de septiembre de 2020
Al señor presidente de la Nación, Alberto Fernández, y al señor gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti.
Por la presente, nos dirigimos a las autoridades máximas del Gobierno nacional y provincial a fines de solicitarles un cambio radical a raíz del fallecimiento de nuestra hija, Solange Musse, que, por falta de humanidad y sentido común de las autoridades, llevó al desenlace ya conocido.
Nuestro pedido, y el de muchos argentinos, es que no siga ocurriendo lo antes mencionado. Este lunes pasado, usted, señor Presidente, sacó un DNU. Y, en el artículo 27, se autoriza el acompañante a pacientes con enfermedades terminales y Covid-19.
Lamentablemente, esto no está ocurriendo en todo el territorio nacional. Hasta hoy, muchos argentinos no pueden pasar de una provincia a otra; es más, de un municipio a otro. Cada cual hace sus reglas, algo incoherente, ya que no sabemos a quién solicitar los permisos de tránsito.
Les pedimos un poco de humanidad, sentido común, sensibilidad a nuestros gobernantes patéticos; más empatía. Parece que no se dan cuenta, o no quieren ver, que muchos argentinos están sufriendo por no poder estar con sus seres queridos en un momento muy especial, muy sensible. El afecto de un ser querido, un beso, un abrazo antes de su muerte, es lo único que se pide.
No es posible que, a seis meses de cuarentena, no hayan pensado en un protocolo. La muerte no espera, llega sin avisarnos. Que, por falta de sentido común, no podemos despedirnos; si ese es un derecho universal, que está por encima de la Constitución, de un DNU.
Cuesta entender que tengan protocolos para ir a los bares y no contemplen el acompañante a nuestros familiares. Por nosotros y por todos los argentinos que han pasado por la misma situación, y para que no siga ocurriendo, les solicitamos que se pongan a gobernar para todos.
Dios quiera que jamás les pase a ustedes lo que padecemos nosotros. En la ley de la vida no hay plata ni poder, todos terminaremos en el mismo lugar.
Hasta el último suspiro, tengo mis derechos».
El caso
Antes de que Solange falleciera el 21 de agosto último, tras batallar contra un cáncer terminal de mama en estadío cuatro (metástasis en huesos, hígados y pulmones), su padre intentó verla.
Presentó la documentación para viajar, entre ellos, el pedido de circulación especial tramitado en Nación junto con el de su cuñada, Paola Lorena Oviedo. Entre los requisitos que le solicitaban desde el COE, figuraba la realización de un hisopado negativo 48 horas antes del ingreso.
Musse avisó que no podía realizarse el hisopado en forma particular, ya que no podía costear los ocho mil pesos que cuesta el estudio. Sin embargo, desde el COE de Alta Gracia le indicaron que podía ingresar si realizaba el aislamiento dentro de la casa para no tener contacto directo con su hija (por la patología que presentaba).
Luego de transitar los controles por rutas de Neuquén, Río Negro y La Pampa llegaron a la localidad de Huinca Renancó, en Córdoba, donde los detuvo la Policía, tras 40 horas de manejo sin descanso.
El hombre había señalado que quería verla “para después no verla más”. No obstante, no pudo hacerlo desde marzo –antes del aislamiento obligatorio en el país por la pandemia del coronavirus-, cuando fue la última ocasión que compartió con ella.
Desde la Provincia, por su parte, indicaron que los resultados de los test son «positivos o negativos», y que, en el caso de Musse, los resultados fueron positivos. Al volver a Neuquén, Musse se hizo tuvo un hisopado, que dio negativo, y con la autorización de Bustos Fierro, pudo llegar hasta Alta Gracia para despedir los restos.
El caso tuvo un alto impacto social y mediático, y Musse planteó “la ilegalidad y arbitrariedad” en la que habrían incurrido las autoridades del Gobierno provincial al no permitirle el ingreso y circulación por la provincia para ver a la joven en vida. La recordó por batallar contra la enfermedad «hasta el último suspiro”.
Denuncia y sumario
A raíz de la controversia por la decisión de la Provincia de no dejar ingresar a Musse en la primera ocasión, el exjuez federal Guillermo Tiscornia presentó una denuncia al Estado nacional ante la Corte Interamericana (CIDH).
Solicitó una medida cautelar para que ordene al Estado la suspensión de los efectos derivados de la “arbitraria e ilegal normativa dictada por el Estado argentino en materia de prevención sanitaria y para que se adopten todas las medidas que le garantice a la sociedad argentina el derecho a ejercer su propia libertad ambulatoria”.
Desde la Provincia también abrieron un sumario para analizar los roles en el caso. El ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, reconoció que inició un sumario administrativo. “En el momento que me enteré, inicié un sumario administrativo para evaluar cómo ha sido el accionar de todo el personal, también el de frontera”, dijo el funcionario a FM Pulxo días atrás.
Asimismo, la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos emitió un comunicado en el que lamentó «profundamente que se hayan suscitado hechos de dominio público en los que se priorizó la protocolización rígida por encima del sufrimiento de las personas en el contexto del final de la vida, desconociendo las múltiples voces que en estos días han bregado por la garantía de los derechos de los ciudadanos».
Y el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial un DNU en el que se autorizó el acompañamiento durante la internación a pacientes en estado crítico con diagnóstico confirmado de Covid-19 o de cualquier enfermedad o padecimiento quedó contemplado.
La Voz del Interior
Sábado 05 de septiembre de 2020 – 09:42
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